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El grupo municipal de Compromís per Vila-real ha presentado una moción al próximo pleno ordinario para exigir al Gobierno del Estado la modificación de la Constitución para que el Estatuto de Autonomía valenciano, aprobado tanto por las Corts, como por el propio Gobierno central, tenga cabida dentro del ordenamiento.
La petición llega tras la última anulación, el pasado mes de noviembre, de la Ley valenciana de custodia compartida, por parte del Tribunal Constitucional. "No podemos consentir que sigan tumbando, uno a uno, los estatutos de nuestro territorio, caracterizados por ser avanzados a su tiempo", explica el portavoz del grupo municipal, Pasqual Batalla, quien recuerda que "uno de los principales objetivos de la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del Estatut d'Autonomia, en la que se reconoce a los valencianos la condición de Nacionalidad Histórica, es restablecer la competencia sobre el derecho privado para los valencianos e igualarnos al resto de pueblos del Estado no castellanos, como ocurre en el caso de los navarros, catalanes, vascos, baleares o aragoneses, y acabar con tan injusta discriminación".
Por ello, Batalla incide en que "como consecuencia de esta nueva competencia restablecida, les Corts aprobaron leyes como la 10/2007, de 20 de marzo, del Régimen económico matrimonial valenciano; la 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones familiares, más conocida como Ley valenciana de custodia compartida, o la 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de hecho de la Comunitat Valenciana". "Todas ellas han sido objeto de Recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, algo que consideramos totalmente injusto y un paso atrás", señala.
Por ello, asegura el edil, "queremos mostrar nuestro total rechazo a todas estas sentencias que invalidan nuestras leyes que, en muchos aspectos, nos han hecho pioneros" y recuerda que "hace unos meses, Vila-real, a propuesta de Compromís, se adhería al manifiesto impulsado por la Asociación de juristas valencianos que defendía el Derecho Civil valenciano, algo que no fue suficiente para que el Gobierno de España retirara las denuncias de inconstitucionalidad a algunas leyes propias".
"Hemos tenido el privilegio de contar con leyes como la de separación de bienes en el matrimonio por defecto, o la de parejas de hecho, que reconocían derechos muy importantes, sin embargo, no contentos con tumbarlas, en los últimos días nos han dado un último mazazo, como la eliminación de la Ley valenciana de custodia compartida, una norma muy avanzada que tenía por objeto regular las relaciones familiares de los progenitores que no conviven con sus hijos menores, y la de éstos con otros familiares y personas allegadas, además de establecer la regla general de custodia compartida por ambos padres, aun con la oposición de uno de ellos, dando prioridad al pacto de convivencia familiar, algo que sentaba jurisprudencia", señala Batalla, que asegura que "la inconstitucionalidad de las normas valencianas de derecho civil previstas en el Estatuto generan graves consecuencias jurídicas y un aumento de la litigiosidad en ámbitos muy serios".
Para el portavoz nacionalista, "el derecho valenciano posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de los valencianos y permite concluir la discriminación que padecemos como pueblo desde hace más de tres siglos, tras la abolición de los fueros en 1707, que requiere de forma impostergable la retirada por parte del Gobierno del recurso de inconstitucionalidad". "El País Valencià merece el mismo trato que otras comunidades con casos similares, si no se quiere incurrir en arbitrariedad y trato discriminatorio", indica, y destaca que esta decisión se hará llegar también a la Asociación de Juristas Valencianos, a los partidos políticos de les Corts y a los representantes en el Congreso de los Diputados y del Senado, sin olvidar al Ministerio de Interior y al de Justicia.
