Marisol Linares. Exdiputada del PP.
Estoy de acuerdo, por una vez, con el Presidente Puig en sus recientes declaraciones cuando visitó sus amados Països Catalans y se refería a “los arrebatos” que se producen con la controvertida Ley Celaá, y manifestó que “hacer partidismo con la educación es el peor camino” y que “con la educación no se juega”.
Declaraciones con trellat , sino fuera porque una vez más, asistimos a unas declaraciones que no se corresponden con la realidad de los hechos.
Los ciudadanos, cada vez más, a pesar de lo que piensan muchos políticos, tenemos capacidad para discernir y recordar las actuaciones y las contradicciones que, cada vez, están más presentes en la vida política de este país. La mentira se ha instalado entre la clase política sin ningún tipo de rubor o de ética.
Aquí en nuestra Comunitat, la educación, en manos de Compromís, ha sido el caballo de batalla entre el mundo educativo, la política y los tribunales. Tribunales a los que han tenido que acudir las asociaciones educativas y los padres por vulnerar los derechos fundamentales de los alumnos, sirva de ejemplo el decreto de plurilingüismo del 2017.
Desde finales de 2016 se han publicado, al menos, 42 sentencias contra las políticas educativas del Botànic por parte del TSJCV, habiéndose recurrido en la mayoría de las sentencias ante el Tribunal Supremo por el Gobierno de la Generalitat, sin que en su mayoría hayan prosperado con éxito.
Por eso, una cosa es predicar y otra, la realidad del día a día, ya que la educación se ha convertido por parte del Botànic en una política partidista que contradice las palabras recientes del señor Puig, que no ha sabido o no ha querido poner coto a las decisiones de un conseller cuyo objetivo es aplicar una educación sin tener en cuenta los derechos ni del alumnado ni de los padres.
“Con la educación no se juega”, debería ser la consigna de este Consell para que el Presidente no quedara en evidencia ante los varapalos judiciales que dejan en entredicho sus declaraciones.
Por lo tanto, “los arrebatos” por parte de los padres y asociaciones educativas están más que justificados ante las tropelías y los despropósitos que contiene la Ley Celaá.
Por eso una vez más, el recurso que el PP interpondrá ante el Tribunal Constitucional alberga la esperanza de que resuelva con prontitud y adopte medidas cautelares que paralicen la puesta en marcha de la ley hasta la resolución por parte de este órgano judicial.
Deseo que el próximo 2021 sea mejor que el año que estamos acabando, y traiga luz y alegría a un país que sufre no solo una pandemia nacional, sino lo que es peor, sufre la pandemia de la mentira.
Feliz Navidad para todos.
