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La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas establecerá el 'concierto social' con los centros y servicios gestionados por entidades del tercer sector que sustituirá al actual modelo de subvención, lo que permitirá "terminar con la discrecionalidad de las ayudas, garantizar la calidad de la atención a las personas, mejorar la seguridad financiera de las entidades y la condiciones laborales de los profesionales que trabajan en ellas".
Así, lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante la presentación del acto 'Avancem cap al concert social. Desenvolupament de la acció concertada als serveis socials', donde ha explicado el nuevo decreto del concierto social ante más de 150 representantes de las principales entidades del tercer sector de la Comunitat Valenciana.
"Es de justicia arreglar la situación que han padecido las entidades sin ánimo de lucro durante estos últimos años en defensa del interés colectivo", de muchos colectivos a los que no se les daba la adecuada atención desde la Administración ha afirmado, y ha incidido que a través de este decreto se pretende reconocer "el trabajo silencioso, muchas veces silenciado" que se ha hecho desde el tercer sector.
La vicepresidenta ha destacado que el objetivo de este decreto es regular la situación en la que las entidades sin ánimo de lucro, como "defensoras del interés colectivo", prestan sus servicios a la ciudadanía, garantizando sus derechos "desde lo público y desde lo colectivo".
Oltra ha señalado que la realidad actual heredada del anterior ejecutivo "no es ética ni regular" y ha abocado al tercer sector "a una situación irregular, con una falta de control e inestabilidad que durante años ha repercutido negativamente en las propias entidades y en los profesionales que trabajen en ellas".
Como primer paso para la reestructuración del sector se ha llevado a cabo una Modificación de la Ley de Servicios Sociales para garantizar el marco legal y en estos momentos se está desarrollando la norma mediante Decreto para convocar el concierto social, que tendrá efectos desde 2018 hasta 2022.
Entre los objetivos del concierto social, la vicepresidenta ha destacado "regular la actividad desarrollada por las entidades de iniciativa social, garantizar la transparencia, publicidad y eficiencia, asegurar la calidad en el servicio a las personas y otorgar estabilidad financiera a las entidades y laboral a los profesionales que trabajan en ellas".
El nuevo decreto beneficiará a 442 centros gestionados por entidades del tercer sector y a 9.581 personas usuarias de algunas de las plazas o servicios ofrecidos por entidades y destinadas a infancia y adolescencia, inclusión social, personas con diversidad funcional, personas mayores, protección de las mujeres, personas migrantes y familias.
Respecto a los requisitos y obligaciones de las entidades, se contempla la necesidad de estar debidamente acreditada, disponer de solvencia técnica y financiera, tener experiencia en la atención del colectivo, gratuidad total del servicio y disponer de un certificado de calidad.
En este aspecto la vicepresidenta ha señalado que se van a utilizar diversos sistemas de calidad según el sector, y paralelamente "la Conselleria va a desarrollar su propio decreto de acreditación con un sistema de inspección y calidad a todo lo que dependa de lo público".
Frente a la situación de "desmantelamiento de los servicios públicos del gobierno del PP", la vicepresidenta ha señalado que "el Govern del Botànic, una vez más, sitúa en el centro a las personas usuarias de los servicios sociales con una apuesta por lo público", y ha recordado la construcción de 5 centros con la Diputación de Valencia y la ampliación de plazas municipales para personas mayores, así como la recuperación pública de servicios que estaban privatizados, como el sistema de valoración de la dependencia, la red de Agentes de Igualdad y las Oficinas de Atención a Personas Migrantes PANGEA, entre otros.
