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El Consell ha presentado alegaciones en el marco del procedimiento incoado por el Ministerio de Hacienda para la determinación y repercusión de responsabilidades como consecuencia de la multa de 18,93 millones impuesta por el Consejo de la Unión Europea tras la investigación en la que las autoridades europeas constataron que los anteriores gobiernos valencianos incurrieron en una manipulación de los datos de déficit al no contabilizar gastos de Sanidad por importe de 1.891 millones, correspondientes al periodo 2008-2011. En el escrito, firmado por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se solicita archivar y dejar sin efecto el procedimiento abierto por el que la Administración central pretende repercutir el importe de la multa a la Generalitat, al argumentar que la responsabilidad es del Estado, toda vez que tiene la competencia de supervisión y remisión de las cifras de déficit a la Unión Europea.
En ese sentido, las alegaciones de la Generalitat subrayan que los hechos que han motivado la sanción de la UE, es decir, la práctica de los anteriores gobiernos del PP de asumir gasto sin cobertura presupuestaria y no contabilizarlo, eran "notorios, públicos y sobradamente conocidos por el Ministerio de Hacienda, por la IGAE y por el INE", ya que la Sindicatura de Comptes, en sus informes anuales de fiscalización de las cuentas de la Generalitat, que se remiten al Tribunal de Cuentas, venía denunciando desde finales de los noventa esta realidad. Esas fiscalizaciones no solo se remitían a los organismos estatales, sino que se publicaban en un diario oficial -concretamente, en el Boletín Oficial de las Corts Valenciana-, y además gozaban de una amplísima repercusión pública. Como muestra de ello, el escrito de alegaciones de acompaña de referencias de numerosos medios de comunicación en los que se reflejan las denuncias del Síndic sobre la ocultación de facturas por parte de los anteriores ejecutivos del PP.
Es más, el escrito se acompaña de la denuncia que un viceinterventor realizó en el informe correspondiente a 2003 -y que formaba parte de un anexo de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes-, en el que se advertía de la posibilidad de "imputación de responsabilidades" por la "persistencia" de Sanidad en la asunción de gastos sin cobertura presupuestaria.
La del Estado, una versión "inverosímil"
Por estos motivos, en las alegaciones se considera "inverosímil" la versión de las autoridades estatales de que tuvieron conocimiento de la incorrecta contabilización de gasto sanitario en mayo de 2012, con motivo de la adhesión del Consell al Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores -que obligaba a sacar a la luz las facturas no contabilizadas hasta entonces-, "ya que tales 'irregularidades' eran públicamente conocidas por la Administración del Estado". La propia Comisión Europea, en el marco de su investigación, destacó que "gran parte" de la información ya había sido revelada en sus informes por la Sindicatura de Comptes. El Estado argumenta que en esos años no tenía "suficientes poderes" para la comprobación de los datos aportados por las comunidades autónomas. Sin embargo, en este caso la información había sido ya difundida por un organismo fiscalizador y publicada en un diario oficial.
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha expresado su rotundo rechazo a que el actual Consell tenga que cargar con una multa por unos hechos de los que son responsables los anteriores gestores autonómicos, así como el Estado, por "incumplir sus obligaciones" e "incurrir en responsabilidad por 'culpa in vigilando'". "Nosotros no debemos pagar la multa porque lo que ha pasado es responsabilidad de un Gobierno anterior", ha aseverado el titular de Hacienda, para añadir: "Pero, además, resullta que el anterior Ejecutivo hacía cosas que la Sindicatura de Comptes y otros organismos denunciaban".
"Por tanto -asevera- eran hechos conocidos por el gran supervisor, que era el Gobierno de España. Si el Gobierno no supervisaba, ahí tiene como mínimo una corresponsabilidad o, diría más, la responsabilidad de que al final nos hayan puesto una multa".
En el escrito se pide, en primer lugar, el archivo del procedimiento por considerar que la responsabilidad última de lo ocurrido es estatal y, subsidiariamente, para el caso de que se rechacen las alegaciones, se mantiene que en todo caso hubo una "responsabilidad concurrente" entre el Estado y la Generalitat (por la actuación de los anteriores gestores). Asimismo, se solicita la suspensión de la ejecución del procedimiento, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine sobre el recurso presentado por el Gobierno de España contra la imposición de la multa. El Consell denuncia que la sanción incrementará las cifras de déficit en 2015 y "perjudicará aún más los servicios públicos esenciales de los valencianos", dada la "asfixia financiera" de la Generalitat.
