La Participación Institucional va destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana
Castellón Información
El pleno del Consell ha aprobado proyecto de Ley de la Generalitat de Participación y Colaboración Institucional de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comunitat Valenciana.
El objetivo es la regulación del marco jurídico de la participación y la colaboración institucional de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
El Consell pretende dinamizar la actividad de los agentes económicos y sociales, a través de los incentivos a una acción social proactiva, comprometida y con resultados tangibles y transparentes para la sociedad.
El proyecto de Ley otorga un marco claro a las relaciones jurídicas de participación y colaboración institucional, regulando su contenido.
La Participación Institucional va destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana. Se define como la representación e intervención de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en los órganos de la administración de la Generalitat, con competencias en materia laboral, social, económica e industrial, que afecten a los intereses económicos y sociales de los trabajadores y los empresarios.
Asimismo, el proyecto de Ley establece el régimen de compensación económica y de ayudas por la participación institucional, acudiendo al criterio de mayor representatividad, de forma que se garantice la actividad y funcionamiento básico de dichas instituciones en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar su sostenimiento.
Por otra parte, la Colaboración Institucional va dirigida a todas las asociaciones sindicales y empresariales de la Comunitat en condiciones objetivas y de igualdad. Por Colaboración Institucional se entiende el desarrollo por parte de organizaciones sindicales y empresariales de su acción social y económica tendente al cumplimento de fines de interés público siempre que sea objeto de fomento institucional por parte de la Administración.
En este ámbito el texto regula el sistema de ayudas públicas a los agentes económicos y sociales para facilitarles el desarrollo de las funciones de colaboración institucional, y establece unos criterios unificados y objetivos para la concesión de las ayudas.
