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La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades pretende convocar oposiciones para cubrir 2.830 plazas en los próximos tres años, en virtud del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que se firmó este miércoles entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los representantes nacionales de los sindicatos mayoritarios UGT, CCOO y CSI·F y que será de aplicación también para la administración autonómica.
La consellera Gabriela Bravo ha asegurado que, esta estimación, "lleva al límite lo que nos permite hacer el Gobierno central gracias a este acuerdo". No obstante, para la titular de Justicia y Administraciones Públicas, "hay que seguir trabajando para conseguir ofertas de empleo público mayores y poder dotar del personal suficiente a la Función Pública valenciana".
La consellera ha recordado que el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat revela que el gobierno autonómico necesita contratar, durante los próximos tres años, a 4.500 personas para evitar que las instituciones valencianas sufran un grave deterioro por falta de efectivos. Esa es la única manera de evitar el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla, 1.141 sobre un total de 17.073 puestos de trabajo, y amenazada por el envejecimiento.
La Dirección General de Función Pública de la conselleria que dirige Gabriela Bravo estima que, dado que el Acuerdo estatal establece que los Presupuestos Generales del Estado reflejarán una tasa de reposición (el número de funcionarios que pueden ser contratados para suplir las jubilaciones) del 100% para los sectores prioritarios (que son Sanidad, Educación, Justicia, Servicios Sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, políticas de empleo y emergencias), se podrán convocar en el año 2017 un total de 230 plazas que cumplen los requisitos. La normativa estatal, además, incluye como nuevos sectores prioritarios los de atención a la ciudadanía en los servicios públicos, transporte, seguridad y emergencias. En los ejercicios de 2018 y 2019, según las previsiones de jubilaciones disponibles, se prevé que se puedan incluir otras 300 plazas en oferta en cada uno de los ejercicios. Entre los tres años se podrán llegar a los 830 nuevos puestos de trabajo.
A estos empleos públicos se le sumarán otros 1.500 (1.300 de las cuales irán destinados a Servicios Sociales) cuyos procesos selectivos se podrán convocar merced al punto segundo del Acuerdo que dispone las medidas en materia de reducción de empleo temporal. Este apartado establece las pautas para reducir la temporalidad en las administraciones públicas y permitirá que se convoquen oposiciones para cubrir plazas que estén vacantes y ocupadas por interinos desde hace al menos tres años. En este sentido, la Conselleria de Justicia y Administración Pública estima que, bajo estas condiciones, se podrán ofertar alrededor de medio millar de plazas cada año durante 2017, 2018 y 2019.
Por último, el acuerdo también permite la convocatoria de oposiciones para cubrir otro medio millar de plazas durante los años 2017 y 2018 (250 por anualidad, aproximadamente) con la condición de que estos puestos de trabajo no hayan sido ocupados nunca de forma definitiva con fecha anterior al 1 de enero de 2005.
