Federico Félix. Presidente de la Fundación Pro AVE
A pesar de su relevancia para el crecimiento y competitividad de la economía española, el proyecto del Corredor Mediterráneo ha sufrido desprecios y retrasos en su ejecución en las últimas dos décadas. Periodo en el que los beneficios generados en la economía nacional por la ejecución de este proyecto en tiempo y forma habría ya amortizado la inversión. Pero el impulso no se ha producido hasta que el Movimiento #QuieroCorredor consiguió aglutinar a empresarios y sociedad civil del conjunto de España, para que nuestros responsables públicos tomaran conciencia de la importancia y el impacto en la competitividad de nuestro País.
La actual coyuntura, hace de él un proyecto de la máxima relevancia, tanto para la reconstrucción de la economía nacional, hundida a causa de la pandemia del Covid-19, como para avalar las trasferencias sin devolución del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea, destinadas a tal cometido, y de las que España será uno de los principales países beneficiarios.
Una situación como la creada por el Covid-19, que ha comportado la paralización de una parte fundamental de nuestra economía durante este año, y que amenaza con generar la mayor debacle económica de nuestro país en muchos años, requiere de una fuerte intervención pública dirigida a reactivar la economía mediante inversiones de gran efecto multiplicador en el sector privado y generadoras de nuevas oportunidades de crecimiento y cambio económico. Pocas actuaciones públicas tienen el potencial para generar este gran impacto (tanto cuantitativa como cualitativamente) como el Corredor Mediterráneo, como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto en artículos e intervenciones públicas a lo largo de la última década.
La cantidad y características de la inversión a llevar a cabo en el Corredor, desde Algeciras a la frontera francesa, con dos plataformas de ancho internacional para el transporte de mercancías y pasajeros de tecnología punta, no sólo representa una importante demanda de productos susceptibles de ser generados en el propio país, sino que suponen un importante espaldarazo a actividades intensivas en conocimiento capaces de impulsar el crecimiento y cambio estructural que tanto necesita España en estos momento. Desde el punto de vista de la reconstrucción de la economía nacional pocas actuaciones públicas podrían tener la relevancia de esta.
Pero tan importante como esto son las expectativas de futuro que este proyecto generaría en el Arco Mediterráneo Español, zona que no sólo representa alrededor del 40% de la población nacional, sino que es responsable de la mitad de las exportaciones del país. El proyecto no sólo implicaría nuevas inversiones privadas, sino que además impulsaría el sector portuario del Mediterráneo español, gracias al acortamiento de las distancias, tiempo y coste de transporte que el Corredor comportaría para el tráfico de mercancías entre Europa y Asía, lo que daría un gran espaldarazo a la actividad logística y atraería nuevas inversiones de alto valor añadido gracias al atractivo generado por esta mejora en el atractivo del territorio.
Una ventaja fundamental del Corredor Mediterráneo como proyecto con plena legitimidad para recibir fondos comunitarios es su incidencia en la competitividad del espacio donde se implanta (al reducir el coste de transporte en unos seis céntimos de euro por kilo transportado de promedio y mejorar el acceso a los mercados), su consideración como infraestructura incluida en la red básica de infraestructuras comunitarias, y por tanto susceptible de beneficiarse adicionalmente de subvenciones de la propia Comisión, y, ante todo, su contribución a una economía más sostenible, al permitir desviar el tráfico de mercancías con Europa desde el camión y el barco, altamente contaminantes, al ferrocarril, más ecológico y susceptible de uso de energías renovables.
El país perdería una oportunidad histórica de reforzar su recuperación económica a corto plazo, consolidar un proceso de cambio de modelo económico a medio plazo que asegure el desarrollo futuro y la creación de empleo de calidad, así como dar un decidido impulso a una estrategia de desarrollo sostenible, sí nuestros representantes públicos no apoyan seriamente, de una vez por todas, la ejecución sin demora del Corredor Mediterráneo. La inclusión definitiva y seria del proyecto al completo en los presupuestos generales del estado del próximo ejercicio y de los sucesivos constituye una necesidad imperiosa si queremos aprovechar esta gran oportunidad. Esperamos de la inteligencia y compromiso social de nuestros políticos, de todos los partidos, y de la capacidad de convicción de los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que esto se haga realidad.
