Federico Félix. Presidente de la Fundación Pro AVE.
En un mundo globalizado y en cambio constante, las oportunidades de los territorios de mantener su nivel de desarrollo y de bienestar dependen de la capacidad de sus representantes públicos de tener claro cuáles son las políticas fundamentales y convertirlas en cuestión de Estado merecedoras de un amplio apoyo parlamentario. Es el caso de la política educativa, la política de I+D+i, las infraestructuras estratégicas o el fomento de actividades de futuro en las que el país pueda posicionarse ventajosamente. Todas ellas son políticas de largo plazo, en las que un amplio consenso resulta fundamental. Desgraciadamente, los representantes públicos en España están más interesados en desgastar al contrario que en servir a la sociedad.
Y hasta hace bien poco, este era el caso del Corredor Mediterráneo, una infraestructura fundamental para el presente y futuro económico y social del país y a la que nuestros gobernantes le habían dado la espalda. El proyecto se consideró estratégico por el mundo empresarial valenciano desde los años noventa del pasado siglo. El gobierno de Rodríguez Zapatero y el de Rajoy lo asumieron formalmente, pero su ejecución apenas se ha materializado en diez años, si bien entre los años 2016 y 2018 se lograron avances en la planificación, seguramente fruto de la presión social y empresarial.
La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa generó grandes esperanzas al ser nombrado ministro de Fomento el “mediterráneo” José Luis Ábalos y, aunque se ha manifestado verbalmente el compromiso con la infraestructura y el ritmo licitador ha aumentado, los retrasos y las perspectivas no son nada esperanzadoras. Si a ello le unimos la situación política del país, la incertidumbre presupuestaria, la parálisis del sector público y que entramos en un largo periodo electoral, no nos permite ser optimistas sobre la rápida ejecución de un proyecto fundamental para el futuro de España.
La trascendencia y carácter vital de esta infraestructura para la economía y sociedad española deriva, entre otras razones, del hecho de que constituye un medio de transporte crítico para más del 50% de la actividad exportadora de España, orientada fundamentalmente al mercado europeo. Una actividad cuya posición competitiva se ve mermada de forma acelerada al carecer de conexión ferroviaria en ancho europeo a dicho mercado. Las razones son:
- Los costes del transporte que en muchos casos suponen una auténtica fortuna que repercute directamente en los productores agrícolas, con la consiguiente merma de su ya quebrantada economía. Para los partidos que dicen preocuparse por las personas, que según parece son todos, esto debiera ocuparles de manera especial en su quehacer político, aunque no es el caso, como resulta evidente.
- Unas dificultades de acceso al lugar de destino mayor en el tráfico por carretera que por ferrocarril. Desde las inclemencias del tiempo hasta las huelgas y cortes de carreteras, generadores de importantes retrasos y no pocos costes, como los que están originando en los últimos días los huelguistas franceses que protestan contra la subida del impuesto sobre los carburantes del gobierno francés. El ferrocarril aporta importantes ventajas en rapidez, seguridad, servicio al cliente y reducción de pérdidas en el transporte. Una considerable ventaja competitiva.
- La creciente preocupación ambiental en Europa, especialmente entre las generaciones más jóvenes, tiende a generar un efecto reputación negativo para nuestros productos, al ser el transporte por carretera a larga distancia altamente contaminante, con el consiguiente efecto rechazo y pérdida de competitividad. Al mismo tiempo, el compromiso europeo en la lucha contra el cambio climático promete encarecer aún más el transporte por carretera en relación con el tren.
Esta merma de competitividad que se da en el conjunto del Arco Mediterráneo y en todas las actividades exportadoras del mismo, tanto agrícolas como industriales, pone en evidencia que el peligro que acecha a la principal área exportadora de país es muy serio y de gran impacto nacional. Porque el efecto no se reducirá a la pérdida de capacidad exportadora, producción y empleo del Arco Mediterráneo, sino que se transmitirá, a través de la demanda interna, al conjunto de la economía nacional. El problema es aún más grave si se tiene en cuenta el histórico déficit de balanza comercial de España y el alto endeudamiento externo del país. Sin olvidar que, sólo con el ahorro en costes de transporte que se hubiera conseguido si la conexión en ancho europeo al resto de Europa hubiera estado a principios de la actual década, se habría financiado ya una parte muy importante de la inversión del Corredor.
La amenaza que acaba de exponerse es demasiado relevante para que nuestros políticos, de todos los partidos, no le dediquen la debida atención, como de hecho viene ocurriendo hasta ahora. La sociedad civil no vamos ni a tolerar ni a permitir que los juegos político-electorales, que a nadie interesan, retrasen, perjudiquen o pongan en peligro una infraestructura vital para nuestro bienestar y el progreso social y económico del país. Céntrense en resolver los problemas serios del país, y en particular la inmediata ejecución del Corredor, que a tantos españoles puede afectar. El país lo agradecería y los ciudadanos cambiarían la pobre imagen que hoy tienen de las instituciones públicas y de los políticos.
