La naturaleza se muestra progresivamente adversa para con el hombre. Hace escasas semanas veíamos los destrozos causados en América por el ciclón Milton. No se trata de comparar desgracias. Lamentablemente la última DANA va a causar un coste de vidas humanas que rebasará con mucho los cien muertos del ciclón. La principal diferencia entre aquellos huracanes y estas DANA es que, según los recientes estudios meteorológicos, la región sureste de los Estados Unidos sufrirá veinte tifones anuales en tanto que, en España, particularmente en la costa mediterránea, las DANA suelen tener una frecuencia anual. Y ya son demasiadas.
Ninguna ha alcanzado la violencia de la actual, aunque se recuerdan como catastróficas la riada de 1957 que causó más de 80 muertes y asoló la ciudad de Valencia. La riada de la región del Vallés de 1962 fue todavía más dramática y costó cientos de vidas. En 1982, la pantanada de Tous es también recordada con horror.
Aún recuerdo las calles de Valencia, mi ciudad natal, en que el agua llegó a alcanzar la altura de 8 metros. Recuerdo también la visita de Franco, sus buenas palabras de apoyo que se pusieron en práctica con celeridad desviando el cauce del rio Turia por el sur de la ciudad lo que evitó en el futuro nuevas riadas como se daban periódicamente antes del plan Sur.
Feijóo se ha apresurado a visitar los lugares dañados reclamando una rápida intervención del gobierno. Sánchez acudió a Valencia pisándole los talones y prometió a Mazón total apoyo del gobierno. No tardó, sin embargo, en producirse el eterno dilema de si la principal responsabilidad tanto en la prevención como en la recuperación debe recaer en la presidencia del país o de la comunidad, en un esfuerzo por sacudirse la principal responsabilidad de una alerta no suficientemente temprana y de una solución de la crisis no todo lo rápida que sería deseable.
Sin duda, toda España está pendiente de la tragedia que se está desarrollando ante nuestros ojos en varias autonomías del país, principalmente en la valenciana. Tanto el Rey, como el Presidente y el líder de la oposición han pronunciado palabras de apoyo y consuelo. Sin embargo, pese a ellas y a las visitas que están teniendo lugar al escenario del drama y las que seguirán llegando, en muchos momentos de los cinco días que ya dura la DANA da la impresión de que el fenómeno es superior a las posibilidades del país. La gente moría desamparada, la electricidad, el agua, el gas estaban cortados para medio millón de ciudadanos. Las provisiones alimentarias, los medicamentos se habían agotado, apareció el robo y el pillaje. Es como si el Estado hubiera desaparecido de la provincia de Valencia.
Los medios informativos estaban volcados en el suceso minuto a minuto, mostrando casos heroicos de parte de las fuerzas del orden, de bomberos, de voluntarios y de la vecindad. Lo mejor y lo peor de la sociedad afloró en medio de un escenario apocalíptico.
Pronto se comprobó que los esfuerzos desplegados por la Comunidad Valenciana no iban a ser suficientes y al cuarto día, el presidente Mazón solicito la participación del ejército, la declaración del estado de alerta y la responsabilización por parte del gobierno central de coordinar el esfuerzo de recuperación. Se ha decidido poner tal tarea en manos del Ministro del Interior. Desde hoy día 1, deberemos ver como progresa la operación.
Hay una mancha ocurrida en el parlamento nacional que será difícil borrar. Mientras en Valencia iba creciendo el número de víctimas, el Congreso se negó a suspender la sesión de control del martes día 29 sin antes aprobar la nueva directiva de televisión española que coloca dicho ente todavía más en manos del ejecutivo.
En este momento del drama de lo que se trata es de buscarle soluciones, salvar vidas, recuperar a los desaparecidos y reconstruir una existencia digna para las localidades que la han perdido. Luego llegará el momento de las responsabilidades. La Agencia Estatal de Meteorología debería haber emitido la alerta con mayor anticipación y poner en práctica medidas de evacuación concretas. Habrá que comprobar si es cierto que la AEMET francesa fue mucho más alarmante que la española, empeñada en tranquilizar a la sociedad. El Gobierno central y el local deben tener claro quién debe responsabilizarse de qué. Es evidente que tanto la seguridad ciudadana como las carreteras y redes ferroviarias son competencia exclusiva del Estado.
Echarle toda la culpa al cambio climático parece también una cómoda forma de sacudirse responsabilidades. En España hay registros de riadas desde el siglo XV mucho antes de que se inventara la máquina de vapor, de que llegara la industrialización y los automóviles.
Hay que evitar a toda costa que, como está ocurriendo en la isla de la Palma, que tres años después de la erupción del volcán, la población sigue viviendo en containers, en Valencia unos por otros, la casa se quede sin barrer.
