El Gobierno Central estudia la posibilidad de recurrir el Decreto de Turismo en el Tribunal Constitucional
El Decreto de Turismo, en el que la Generalitat pretende asumir todas las competencias y decidir qué se promociona y quien paga, se enfrenta no solo a los recursos presentados por las diputaciones, sino también al Gobierno Central y a la posibilidad de que se presente recurso ante el Tribunal Constitucional. El PSOE ha calificado esta actitud de boicot y amenaza con ‘nuevos decretos de coordinación’ a las diputaciones. La Comunitat Valenciana es el único gobierno autonómico que se ha atrevido a llegar tan lejos con las diputaciones.
Esperanza Molina/Castellón Información
El Decreto de Turismo de la Generalitat amenaza con convertirse en una verdadera pesadilla para el conjunto de la Comunitat Valenciana.
Defendido por el Gobierno bipartito PSOE- Compromís, con el apoyo de Podemos, ha sido considerado como una medida tan excesiva, que ninguna de las otras comunidades con gobiernos similares, se han sumado a ellas.
El problema principal, indicaba el vicepresidente de la Diputación, Vicent Sales, es ‘la forma’ por la que ha optado la Generalitat para intentar disponer del dinero de las diputaciones.
Y la forma se centra, en que la Generalitat reclama ser quien asuma las competencias que le corresponden pero a costa de la financiación de las otras instituciones. Para ello, se ha montado una Comisión en la que la Generalitat tiene el 50% del poder de decisión, mientras que el 50% restante se encuentra repartido entre diputaciones, ayuntamientos y otras entidades.
De esta manera, la Generalitat pretende controlar qué campañas se realizan, qué subvenciones se reparten y a quienes, en el marco global de la región, pero también decidir lo que tienen que pagar las otras instituciones que forman parte de esta comisión.
Y esto significa también, que instituciones como ayuntamientos o diputaciones que no son de los colores del Gobierno de la Generalitat Valenciana, se verán obligados a financiar decisiones que no controlan, porque no disponen de mayoría en esta Comisión.
En la práctica, Valencia podría priorizar subvenciones para deportes o actividades más propias de esta provincia, en detrimento de las otras dos, y encima con el dinero de las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante.
En su momento, tanto la Diputación de Castellón como la de Alicante, se ofrecieron a dialogar y solicitaron que los acuerdos se tomaran por unanimidad. Esto llevaría aparejado un consenso, una negociación, pero también una colaboración en la que cada organismo, que es independiente en su funcionamiento, pudiera aceptar o no los programas propuestos.
La negativa de la Generalitat conllevó la retirada de esa Comisión, de las Diputaciones de Alicante y Castellón, además de los ayuntamientos no afines. En suma, si la Generalitat sigue adelante con ese decreto a través de una Comisión diezmada, estaría invadiendo las competencias de otras administraciones.
Este ha sido precisamente el argumento que han utilizado las Diputaciones de Castellón y Alicante para presentar sus recursos ante el Tribunal Superior de Justicia. Recursos, que han sido admitidos a trámite. Pero además, el Gobierno Central se ha sumado a la denuncia y en los próximos días hará efectivo su recurso en el TSJ.
La cosa no se queda ahí, porque en el Gobierno estudia también la posibilidad de denunciar el decreto de la Generalitat Valenciana ante el Tribunal Constitucional, por entender que vulnera los derechos y la independencia de las instituciones como ayuntamientos o diputaciones.
Vicente Sales, vicepresidente de la Diputación de Castellón comentaba en este sentido, que el decreto de la Generalitat rompe todos los moldes de cuanto se había pretendido hasta ahora. “El sistema administrativo español no es piramidal, cada administración tiene sus competencias, y ni el Estado puede intervenir en las competencias de las autonomías, ni los gobiernos autonómicos en las de las diputaciones, ni estas, en las de los ayuntamientos”.
El problema real de la Generalitat, dijo, reside en la situación de endeudamiento en la que se encuentra la Comunitat Valenciana. “Es el mismo problema contra el que se enfrentó ya Alberto Fabra cuando era presidente de la Generalitat”, indicaba Sales. La Generalitat tiene que hacer frente a competencias fundamentales como la Sanidad, la Educación y Los Servicios sociales. “La educación tiene un coste diario de 11 millones de euros. La Comunitat Valenciana tiene un endeudamiento que viene desde hace años, y las transferencias del Estado no tienen en cuenta las necesidades básicas para poder cubrir estos gastos. Al final, añade Sales, Mónica Oltra ha dicho públicamente lo mismo que dijo antes Alberto Fabra: que me digan desde Madrid qué colegios o qué hospitales cierro para poder mantener el sistema porque los ingresos no llegan a cubrir los gastos”.
El saneamiento de las administraciones permitió que ayuntamientos y diputaciones sanearan su economía, pero incluso, en este ámbito, el reparto de la financiación es irregular. Las transferencias del Estado a diputaciones y ayuntamientos se cuantifican en función del número de habitantes. De esta forma, la provincia de la Comunitat Valenciana con un mayor volumen de población es Valencia; “por lo tanto, es la que más aportaciones recibe, pero ¡ojo!, manifestaba Sales, porque la diputación de Valencia no atiende a las necesidades del área metropolitana de la capital de la provincia, que pertenecen a su ayuntamiento, y donde se concentra la mayor parte de la población de la provincia, con lo que la Diputación de Valencia, como le pasa a Barcelona, es una de las más ricas de España”.
En el caso de Castellón la realidad sería justamente la contraria, Tiene una población de 600.000 habitante, pero muy repartida y además. Con una orografía que genera necesidades muy especiales y servicios a los que atender.
La presentación de los recursos ante el TSJ no supone la paralización cautelar del decreto. Si se podría solicitar si se presentara un recurso ante el Constitucional. “Pero creemos que no se van a atrever a tanto, porque nosotros abandonamos la Comisión al considerar que era injusta y que se quería jugar con el dinero de la provincia de Castellón, sin nuestro voto, pero con nuestro aparente consentimiento si formábamos parte de ella.”.
En el fondo la Generalitat está haciendo lo mismo, intentar centralizarlo. Ya lo hizo con la Xarxa Llibres… adoptó un acuerdo y lo publicitó sin contar con nosotros y disponiendo de los fondeos de ayuntamiento y diputación… ¡Pero claro! ¿Quién es el guapo que dice que no con esa propuesta?
El Gobierno Valenciano amenaza con ‘nuevos decretos’
Por parte del Gobierno Valenciano, la postura es totalmente la contraria, y se acusa al PP de Castellón de no colaborar con el órgano autonómico.
Para el PSOE y según ha indicado la vicesecretaria de Relaciones Institucionales, Estíbaliz Pérez, “la derecha “quiere evitar a toda costa que nadie desmantele el chiringuito que tiene montando en las diputaciones de Alicante y Castellón”.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la vicesecretaria de Relaciones Institucionales del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Estíbaliz Pérez, se ha mostrado hoy al lado de las iniciativas del Consell de Ximo Puig respaldando la legalidad y necesidad de los decretos de coordinación de turismo y deportes “frente al acoso del PP y en el ejercicio de una política más próxima a la ciudadanía y de mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos”.
Pérez se ha referido a la corrupción del PP con Fabra y Ripoll (expresidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante), y ha señalado: “los socialistas “defendemos el papel vertebrador del territorio que tienen los decretos de coordinación de turismo y deportes al ser unas iniciativas que tratan de coordinar, entre el Consell y las diputaciones, las políticas que superan el ámbito provincial y que por el estatuto de autonomía le corresponden a la Generalitat Valenciana”.
El PSOE justifica los decretos en la necesidad de “evitar duplicidades para garantizar la eficacia en la gestión del dinero de los contribuyentes”, y ha amenazado con más ‘decretos de coordinación’ como los recurridos ante el Tribunal superior de Justicia: “la estrategia de boicot del PP no va a comprometer el futuro de los valencianos y, en las decisiones que se han empezado a tomar en las relaciones institucionales entre el Consell y las diputaciones, se van a suceder más decretos de coordinación que es lo que corresponde, porque el PSPV defiende la vertebración de la Comunidad Valenciana frente a una derecha de actores que lo único que hace es desgarrar y romper”.
