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El Colegio Oficial de Dentistas de Castellón (CODECS) busca una mayor implicación de los pacientes para detectar casos de intrusismo en la provincia y reducir sus consecuencias sanitarias y educativas. El número de denuncias presentadas por los ciudadanos es muy reducido –una tendencia que se mantiene desde hace años- por lo que resulta complicado actuar para frenar este tipo de delitos. La reforma en el Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de julio, supone un endurecimiento de las sanciones ante esta mala práctica “perseguible de oficio”, pero apenas ha tenido un efecto disuasorio.
Los profesionales que más incurren en intrusismo en el ámbito de la Odontología son los protésicos dentales, que “están detrás del 90% de los casos”, según remarca el presidente del CODECS, Victorino Aparici. Los precios reducidos o las ofertas engañosas suelen ser la piedra angular de la estrategia comercial para captar la atención de los clientes. Y, en estos casos, ante cualquier problema derivado de la intervención realizada, el paciente “comete el error de no denunciar lo ocurrido” porque “muchas veces el que va a buscar lo económico sabe a lo que se arriesga y considera, de forma errónea, que no puede hacer nada”.
La preocupación que genera esta actividad ilegal también se puso de manifiesto en la X Jornada de Información Odontológica organizada por el Consejo General de Dentistas, donde se reclamó a las autoridades “mayor eficacia” a la hora de intervenir para frenar esta actividad ilegal. “Es un riesgo para la salud porque quien va a tratar al enfermo no está cualificado para realizar esos tratamientos”, advierten desde el colegio profesional de Castellón.
La nueva Junta Directiva del CODECS ha marcado como una de sus principales líneas de actuación promover una mayor actividad para frenar el intrusismo. Y los primeros resultados ya se han podido constatar este verano alertando sobre un presunto fraude en un grado de Odontología que se estaba ofertando en Castellón por parte de un centro privado de Formación Profesional, supuestamente asociado con una universidad privada portuguesa, y que iba a empezar a impartirse en septiembre.
“Tenemos que conseguir que la ciudadanía sea consciente de que su colaboración es fundamental para poder intervenir y hacer un frente común -profesionales y pacientes- para erradicar, en la medida de lo posible, estas infracciones”, sentencia Aparici.
La pena por intrusismo en el ámbito de la Odontología se ha doblado con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Desde el pasado mes de julio la multa puede alcanzar los 24 meses cuando alguien se atribuye públicamente la condición de profesional o realiza tales actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anuncia la prestación de servicios propios de esa profesión.
No obstante, desde el colegio profesional consideran que las penas son “ridículas” y lamentan que la lentitud en el sistema de justicia así como la disparidad de criterios en las diferentes Comunidades Autónomas supongan un inconveniente añadido, ya que “ralentizan el proceso” sancionador.
