Vallejo: “La PAH no ha roto cerraduras, solo ha dado cobijo y exige opciones de negociación”
Esperanza Molina/ Castellón Información
¿Es legal la ocupación de un edificio de viviendas vacías para dar cobijo a familias necesitadas de un lugar donde vivir?
Esa es la gran pregunta que formula la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el grupo municipal Castelló en Moviment, después del incidente producido en un edificio de la avenida Gran Vía.
La historia tuvo un comienzo ‘incierto’. El procedimiento, que ya se ha llevado a cabo en otros lugares de España, y anteriormente en la zona residencial de la UJI en Castellón, pasa por la actuación de una o varias personas que ‘okupan’ las viviendas de un edificio deshabitado, tras comprobar que pertenece a un banco o a una inmobiliaria que ha cerrado sus puertas.
Son las viviendas de la SAREB, las viviendas de los bancos. Entran, rompen las cerraduras y ocupan la vivienda. Pero posteriormente se cambian las cerraduras y las viviendas son cedidas, con la mediación de la PAH a familias que han denunciado la necesidad de disponer de una residencia, porque carecen de él. Muchos son afectados por el impago de las hipotecas.
Este sistema se utilizó en el edificio de Gran Vía 49. No se sabe cuándo se produjo la ocupación, pero si desde cuando se cedieron las viviendas a cinco familias que habían mostrado su necesidad, fue el pasado 28 de diciembre.
A partir de ahí la historia se complica. Fuerzas de Seguridad asaltaron ayer estas viviendas para proceder al desalojo de las familias que habían entrado a vivir en ellas.
El conflicto no es fácil. Es cierto que las viviendas no son suyas, que no tienen derecho a ellas porque no han pagado por su titularidad. Pero por otra parte, manifiesta Castelló en Moviment, son familias que necesitan un lugar donde vivir, en una realidad que resulta injustificable. Pisos vacíos que pertenecen a los bancos, “que fueron rescatados con el dinero de todos los españoles”, y que, pese a lo que ha afirmado repetidamente el equipo de gobierno, no colaboran ni han mostrado interés por ofertar estas viviendas vacías para formalizar sistemas de ocupación legal con ‘alquileres sociales’.
La PAH, no justifica la ocupación ilegal a cualquier precio, ni la usurpación de derechos cuando los pisos tienen ya titularidad privada. Es más, indicaba el concejal de Castelló en Moviment, Ignacio Vallejo, la PAH lo que hace es tutelar estas viviendas y buscar vías de diálogo; garantizar el respeto del inmueble y fomentar el apoyo y la convivencia con los vecinos.
La formación asamblearia de Castelló en Moviment ha indicado en un comunicado, ofrece al equipo de gobierno su colaboración para recuperar las viviendas de la SAREB y destinarlas a las familias que acrediten la necesidad de una vivienda.
La agrupación electoral empieza el año político con el rescate ciudadano en el primer punto de su agenda. Después de seis meses en el Ayuntamiento y sin apreciar avances en el “prometido” pacto de vivienda social han decidido incrementar la presión sobre la banca para que ceda nuevas viviendas. A colación de la ocupación de la obra social de la PAH, han puesto la SAREB en su punto de mira.
Según las cifras de las que dispone Castelló en Movimiento en la ciudad de Castelló hay alrededor de 200 pisos en manos de la SAREB. Entre la avenida de Valencia y la Gran Vía hay alrededor de 20 viviendas diseminadas por la zona, en el barrio marítimo del Grau se localizan 29 más. “Cómo vemos no son habas contadas” señala el regidor Vallejo, y continúa “en cambio el parque público sigue sin dar respuesta a la demanda social que hay. Hay que redoblar esfuerzos.”
El regidor de la formación ciudadana Iñaki Vallejo recuerda que “en 2012, la Comisión Europea impuso como condición del rescate crear un banco malo para acabar de sanear el sistema. En ese momento nace la SAREB, que reúne todos los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria de los 8 bancos rescatados”. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas sin vender, viviendas medio acabados o deudas de promotores morosos. Todas provienen del rescate de la banca con dinero público. El regidor asambleario ha recordado que “el estado se gastó 61.000 millones de dinero público, según el Banco de España, en inyecciones a la banca. En cambio, la ciudadanía seguimos sin disponer de un parque de vivienda social. Mientras la administración sigue sin aportar soluciones, entendemos perfectamente a las familias que ocupan.”
“Se producen decenas de desahucios al día, y la SAREB y la banca posee miles de viviendas vacíos, y pertenecen a la ciudadanía. Ahora toca recuperarlas” ha señalado Iñaki Vallejo.
Por otro lado, el concejal de la formación asamblearia Castelló en Moviment y activista de la PAH, Iñaki Vallejo, recuerda que al pasado plenario del mes de diciembre se aprobó, con los votos favorables de PSOE, Compromis y Castelló en Moviment, una moción declarando el municipio de Castelló ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia. «Es por eso que reclamamos la urgente aplicación de este acuerdo aprobado en plenario. Las familias no pueden esperar en la calle mientras desde la política se buscan soluciones que nunca llegan a tiempo», ha insistido Vallejo.
