La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales, todo ello en el marco de la que se ha denominado operación QUÍONE.
La operación, iniciada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se centró en la posible instrumentalización de una de las sociedades investigadas dedicada a acumular cuotas defraudadas de IVA. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, la cual abrió las oportunas diligencias de investigación.
Durante la operación se han realizado 19 entradas y registros, un requerimiento judicial de información, se han detenido a 11 personas y ocho personas han sido investigadas.
En las entradas y registros se intervino un gran volumen de documentación, numerosos dispositivos informáticos, en torno a 150.000 euros en efectivo y cuatro vehículos a motor.
Por otro lado, en cuanto a criptoactivos, se han incautado siete millones de euros y solicitado el bloqueo de 19 millones de euros más. Además, se han bloqueado una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles y de cuentas bancarias vinculadas a las personas físicas y jurídicas investigadas.
Fraude de 184 millones en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023
A estas primeras indagaciones, se sumó el informe de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por el que se cuantifica el fraude perpetrado por esta organización criminal a 184 millones de euros, el cual se habría cometido en los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
Estructura y funcionamiento de la organización criminal
La organización criminal utilizaba un amplio conglomerado empresarial que habría funcionado de manera coordinada y orquestada con la finalidad de perfeccionar el fraude. Para ello, usaban empresas meramente instrumentales con las que, además de procurarse el éxito de la operativa delictiva, dificultaban su detección.
Estas empresas trasladaban facturación y combustible adquirido, simulando tener una actividad legal. Por otro lado, y dentro de la misma arquitectura empresarial, se encontraban las sociedades destinadas a acumular cuotas de fraude, es decir, cuya finalidad era no abonar las cuotas de IVA al Erario, eludiendo así el pago de este impuesto.
Todas las empresas utilizadas funcionaban de manera coordinada por parte de los dirigentes de la organización criminal, con una clara unidad de acción. Además, al frente de las sociedades figuraban, formalmente, personas que estaban supeditadas a las órdenes de los verdaderos dirigentes y beneficiarios últimos de esta conducta delictiva.
Actuaciones y resultados
El 4 de febrero de 2025, ordenadas por el Juzgado Instructor, se practicaron diferentes diligencias en las provincias de Madrid, Guadalajara, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Alicante y Ciudad Real, desarrolladas por miembros de la UCO apoyados por otras Unidades de Guardia Civil (Agrupación de Reserva y Seguridad, Unidad Técnica de Policía Judicial, Servicio Cinológico, así como Unidades de las Comandancias de la Guardia Civil territorialmente afectadas).
Asimismo, han participado por parte de la AEAT personal de la ONIF, de la Unidad de Auditoría Informática, dependencias de Inspección de Madrid y Zaragoza, así como EUROPOL –que desplazó a España una oficina móvil con un experto nacional y medios técnicos para el apoyo en el clonado de dispositivos informáticos.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
