Luis Rodríguez. Catedrático en Derecho Cum Laude.
Me ha congratulado la reciente postura de distintas fiscalías así como la de la Judicatura, por lo que he podido observar y comentado en algunas ocasiones, se comienza a “desgarrar el velo” hasta hace poco, una especie de telón de acero, tras el cual se han ido ocultando infamias económicas del mercado de la obra pública.
Cada vez más, a los contribuyentes les llama poderosamente la atención el fenómeno consistente en que casi todo lo que construye la Administración Pública, experimenta un incremento de precio insospechado a la finalización de las obras.
Han contribuido a sensibilizar a la misma de manera decisiva, la denuncia de los medios de comunicación, así como últimamente el sistema judicial, especialmente tenaz con algunos comportamientos corruptos generadores de alarma social en esta época de tribulaciones económicas por las que atraviesa España.
Desgraciadamente, es un fenómeno amplísimo como consecuencia de una ascendente crisis de valores, donde personas que desempeñan funciones públicas o privadas, violan sus propios deberes, bien por amistad o por dinero, obteniendo ventajas ilícitas para sí mismos o bien para terceros, ocasionando con su comportamiento, un grave deterioro tanto a la colectividad como al funcionamiento de las instituciones.
Cuando se ha observado durante tanto tiempo, la pasividad de los políticos para exigir responsabilidades a sus antecesores en la detentación del poder, se echa de menos en el Estado, una institución que vele con absoluto rigor por la legalidad, el derecho de los ciudadanos y el interés público tutelado por la Ley………..tenemos la sensación de remontarnos a los tiempos del Imperio Romano, cuando después de haber estudiado Textos de Ulpiano y Tito Livio, además de la existencia en Éfeso de una Ley especial que castigaba los sobrecostes, así como el Decreto de Diocleciano, nos invade la duda de no haber sido capaces durante tantos siglos de haber extirpado ese mal.
Debe tenerse en cuenta, que la Contratación Pública tiene una gran importancia, cualitativa y cuantitativamente, tanto en la vida económica española como a nivel competitivas las adjudicaciones de contratos públicos por las autoridades europeas y sus proveedores.
Se nos plantean aspectos tales como:
¿Necesitamos normas más rigurosas o mejores salvaguardias para prevenir el favoritismo, la corrupción o los conflictos de intereses?
¿Cómo puede garantizarse una competencia eficaz en los mercados de contratación pública?
Por ejemplo, ¿cómo podría prevenirse la aparición de proveedores en posición dominante.
¿La manipulación de licitaciones o el reparto del mercado entre los licitadores?
Es sabido que unas condiciones de competencia deficientes, conllevan un mayor esfuerzo económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios, y por tanto, para los ciudadanos.
Sin embargo, y a pesar de buenos propósitos, las obras del sector público, se ven afectadas también en la actualidad por un mal que parece inevitable: los presupuestos se ven superados muy ampliamente por el precio final, hasta el punto, que podría continuar el peligro de aumentar: suspensiones y paralizaciones de obras.
Lo anterior tiene un nombre en su génesis: Las bajas temerarias o 'rabiosas' y una frase posterior: "Ya nos resarciremos después".
¿Qué sucede?
- ¿Los ingenieros desconocen como elaborar presupuestos?
- ¿Existen demasiados intereses económico-políticos?
- ¿Surge a menudo una mala praxis en los intervinientes?
- ¿Es que la corrupción se ha vuelto endémica?
Vayan por delante mis parabienes : A los Órganos Judiciales; al Medio y al Protagonista por su decisión y valentía de exposición a la opinión pública.
