Los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano, conocemos de cerca las problemáticas existentes, sabemos los asuntos que generan intranquilidad, que preocupan a nuestros vecinos. En ocasiones, hay asuntos que escapan de nuestras competencias, no tenemos herramientas legales para hacerles frente, aunque intentamos darles solución en la medida de nuestras posibilidades.
En Almassora, este pasado fin de semana, se ha vuelto a poner de manifiesto un grave problema que nos preocupa enormemente como es el de la okupación. La Policía Local ha logrado, con gran esfuerzo, frenar tres okupaciones en una urbanización de la playa, después de que diferentes grupos de personas entraran en dichos inmuebles de manera ilegal. Mi reconocimiento, como alcaldesa, a la enorme labor realizada por nuestros agentes para garantizar la seguridad ciudadana en esta zona, velando por la tranquilidad de los residentes.
Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con el bienestar de nuestros vecinos y con su sosiego, porque sabemos de su preocupación. No podemos mirar a otro lado, porque la okupación genera verdaderos conflictos de convivencia ciudadana, a los que resulta complicado hacer frente, mientras exista la actual legislación.
Corresponde al Gobierno central tomar cartas en el terreno legal sobre este asunto y poner freno a esta situación, porque nuestra policía, nuestros vecinos y este ayuntamiento se sienten desprotegidos y desamparados. Necesitamos urgentemente herramientas jurídicas para plantar cara a este problema de manera eficaz.
Desde el Partido Popular exigimos al Ejecutivo central la modificación de los artículos 245 y 269 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal para endurecer las penas en caso de ocupación de la vivienda o inmueble, especialmente en el caso de mafias. Recuperar el delito de usurpación de bienes inmuebles con penas de entre 3 y 5 años.
Solicitamos al Gobierno la inclusión de nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o poseedoras legítimas de una vivienda o inmueble con el objetivo de recuperar la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de la misma sin su consentimiento. Proceder al desalojo de la vivienda ocupada en situación de flagrante delito o, en caso de que no lo sea, en 24 horas por parte de la Policía.
Instamos al Gobierno a que impulse una modificación de la Ley 49/1960 sobre propiedad horizontal para que se habilite a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda en aras de una mejor convivencia y evitando actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
Reclamamos al Gobierno Central la redacción de un nuevo epígrafe en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local para evitar la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal definido en la Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Así como solicitar que esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. A tales efectos, los Ayuntamientos darán de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.
Mientras el Gobierno de Sánchez parece estar más ocupado en otros asuntos que poco tienen que ver con mejorar el bienestar de los ciudadanos y garantizar la protección de derechos que resultan fundamentales, desde el Ayuntamiento creamos hace unos meses la Unidad Viogen, Mediación e Información Antiokupación. Se trata de una herramienta de asesoramiento que se suma a las labores policiales, dentro de su límite competencial, que se realizan en esta materia.
En concreto, esta unidad da servicio en la planta baja del Ayuntamiento todos los jueves, de 13.00 a 14.00 horas, y está abierta a cualquier vecino de Almassora que tenga alguna duda, cuestión o preocupación relacionada con este asunto.
El Ayuntamiento estará siempre al lado de los almassorins, protegiéndolos, garantizándoles su seguridad y su tranquilidad, pero necesitamos de manera urgente un cambio en la legislación que proteja a las verdaderas víctimas de la okupación.
