La Policía Nacional detiene a una administradora y a 48 falsos empleados que obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal.
Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.206.081 euros y detenido en Castellón a 48 falsos empleados que obtuvieron de forma irregular subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal y a una empresaria responsable de una mercantil. Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de la contratación de los supuestos trabajadores para que obtuviesen las prestaciones o ayudas. Una primera fase de la investigación, culminada el pasado mes de mayo, permitió la detención de otras 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles. La investigación se inició tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas. Fruto de las gestiones policiales y obtención de declaraciones de trabajadores, se descubrió que se trataba de un entramado empresarial en el que sus administradores tenían urdido todo un plan que se convirtió en su auténtico 'modus vivendi'.
En la primera fase de esta investigación, que culminó el pasado mes de mayo, se detuvo a 36 personas, entre ellas los administradores de las mercantiles ficticias, así como a un gestor autorizado del denominado Sistema Red (sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social). En la segunda fase desarrollada ahora se ha procedido a la detención de una empresaria y de los falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar a dichas prestaciones. Algunos de ellos han llegado a cobrar más de 26.000 euros en ayudas.
Tampoco pagaban las cuotas a la Seguridad Social
Del análisis de la documentación intervenida y de los datos obtenidos en diferentes registros públicos, la Policía pudo determinar que la práctica totalidad de estas empresas se habían creado para defraudar a la Seguridad Social y el SPEE (Servicio Público Estatal de Empleo) mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios. Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, ninguna de las mercantiles satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta, superando en un caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal. La policía solicitó al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que supuestamente habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas, que en algunos de los casos también correspondían a ciudadanos extranjeros que también pretendían regularizar su situación en España.
El fraude destapado asciende a 1.206.081 de euros, de los que 665.151 representan impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social. El resto, 540.929 euros, se corresponden a los subsidios percibidos ilícitamente del SPEE por parte de los supuestos trabajadores.
