Castellón Información
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en País Valenciano ha organizado un encuentro informativo previo ala rueda de prensa de presentación pública a la ciudadanía, al que han asistido representantes del PSPV PSOE, Pepa Andrés, Podem, Ángeles Ballester y EU-PV, Ricardo Sixto.
Francisco Martín Roldán, representante de CCOO en la CIVEA de la AGE y Magín García Carmena, coordinador del sector de la AGE de CCOO PV han presentado el documento sindical "Cartografía de los recortes en la Administración General del Estado. CCOO ante la realidad actual en la AGE, los servicios públicos y el empleo público: Derechos de la ciudadanía".
El documento concreta las consecuencias de las políticas de austeridad en los servicios públicos prestados por la Administración General del Estado en nuestro territorio. Los datos consignados han sido extraídos del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, de las Resoluciones del Tribunal de Cuentas así como otros documentos de la propia Administración.
La destrucción de más de 23.000 empleos en esta administración, de los que 1.122 se han perdido en País Valenciano; las necesidades de personal; una gestión de personal que potencia la discrecionalidad frente al mérito y la capacidad; la opción por privatizar servicios públicos o la evolución y destino de la Oferta de Empleo Público, son algunos de los elementos que se estudian en este documento. La distribución territorial de la destrucción de empleo destruido en la AGE del País Valenciano atribuye 358 a Alicante, 145 a Castellón y 619 a Valencia.
Con este informe CCOO quiere llamar la atención sobre el fuerte impacto negativo que los recortes presupuestarios han tenido sobre la calidad de los servicios a los que la ciudadanía tiene derecho o sobre las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos de esta Administración. También quiere ponerse de manifiesto lo que, en su opinión, es la decidida apuesta del Gobierno del Estado -uno de los objetivos de las políticas de austeridad- por un nuevo modelo de Administración del Estado, muy reducida en el volumen de su personal -los imprescindibles para funciones de planificación y control- sustentada en el "hágaselo usted mismo" y las privatizaciones, convirtiendo en negocio los servicios públicos.
El sindicato ha reclamado a los partidos políticos que la defensa del empleo público sea un objetivo político de primer nivel y ha destacado la apuesta por el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en particular en la Administración General del Estado, a través de su correspondiente Ley de Función Pública. También es necesario la recuperación de los derechos robados que aún faltan por restituir: 5% de recorte salarial, el 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal (IT) o los fondos de acción social, además de mejoras en las condiciones de trabajo como el derecho a un salario justo, a la carrera profesional o el acceso a la jubilación parcial, y la defensa del empleo público.
