Rafa Simó, varios técnicos de Urbanismo, la comercial y el vendedor de la parcela declaran mañana en el Juzgado
El exconcejal de Urbanismo y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, dos técnicos municipales y dos particulares (la comercial de la inmobiliaria y el vendedor de la parcela) habrán de declarar mañana en el Juzgado. Las diligencias previas intentan dilucidar si el ex concejal de CseM, Xavi del Señor, pudo cometer cohecho en la compra de su vivienda, que se encontraba afectada por una modificación del Plan General que el ex edil introdujo en el planeamiento urbanístico.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón, ha llamado a declarar al exconcejal de Urbanismo de Castelló, Rafa Simó, en la actualidad, presidente de la Autoridad Portuaria, a dos técnicos del departamento de Urbanismo y a dos particulares. El tema que se investiga es si el ex concejal de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, pudo cometer un delito de cohecho por la compra de una vivienda en una zona sobre la que él mismo había modificado la calificación urbanística en el Plan General de Castelló. La querella está promovida por los concejales del Grupo Municipal Popular de la legislatura 2011-2014.
El caso sobre el que se han establecido diligencias previas no es totalmente nuevo. Se inició en febrero de 2018, cuando el Grupo Municipal Popular puso en conocimiento de la Fiscalía los datos relativos a la modificación del plan General de Castelló (que todavía sigue pendiente de aprobación), la participación de Xavi del Señor en el cambio de calificación de unas parcelas de la Marjalería, y en el hecho de que el edil comprara precisamente una de las parcelas en la zona afectada por la modificación urbanística.
Las modificaciones introducidas por Xavi del Señor, establecían como ‘No Urbanizable’ una serie de terrenos en las que, hasta el inicio de la redacción del Plan, permitían la edificación.
A tenor de que el cambio de calificación no parecía apuntar a un ‘enriquecimiento económico personal’, la Fiscalía entendió que no cabía actuar ‘de oficio’, aunque dejaba abierta la posibilidad de que se ‘los informadores’ pudieran seguir adelante con la presentación de una querella.
Y esta es, finalmente, la vía por la que optaron los concejales: Carlos Feliu, Begoña Carrasco, Vicente Guillamón, María España, Vicent Sales y el resto del Grupo Municipal Popular en 2019.
La base de esta querella, no es tanto que el entonces concejal de Castelló en Moviment pudiera enriquecerse económicamente en una operación urbanística que incrementara el valor de los terrenos, sino porque, con la modificación del Plan General que él mismo impulsó, podía garantizarse que todas las parcelas situadas en el entorno de la suya, donde se encuentra su vivienda familiar, no pudieran urbanizarse ni albergar nuevas edificaciones residenciales. Lo que, de alguna manera, pudiera suponer un beneficio personal al ex concejal, al asegurarse la ausencia de vecinos.
En relación con esta querella, el Juzgado de Instrucción en una providencia emitida el pasado 30 de junio, volvía a requerir al Ayuntamiento de Castelló, documentación sobre la parcela afectada y las modificaciones del Plan General. Desestimaba inicialmente el sobreseimiento de la causa, solicitado por el querellado (Xavi del Señor); y accedía a las diligencias solicitadas por la parte querellante (GMP), para tomar declaración a diferentes testigos.
En esta línea, mañana, 12 de noviembre, deberán declarar en calidad de testigos:
El ex concejal de Urbanismo, Rafa Simó, actual presidente de la Autoridad Portuaria, como concejal encargado de impulsar la tramitación del Plan General Estructural y el Plan de Ordenación Pormenorizada (09:30 horas)
Los dos técnicos municipales, FC y CL, que intervinieron en la tramitación de las dos fases del Plan General (10:30 y 11:30 horas)
MO, empleada de la inmobiliaria que intermedió en la operación de compraventa del inmueble (12:30 horas)
Y MC, vendedor del inmueble. (13:00 horas).
El proceso que dio origen a esta querella se produjo en el denominado ‘pleno de la corrupción’, celebrado en febrero de 2018, en respuesta a la petición formulada por Castelló en Moviment y respaldada por los otros grupos políticos, que tenía como objetivo, poner en evidencia ‘las corrupciones’ políticas del Partido Popular.
El resultado de la sesión no salió como esperaban los grupos del Pacto del Grao, ya que el PP, a través de su portavoz adjunto, Juan José Pérez Macián, aprovechó para poner en evidencia otras ‘corrupciones’, sobre las que ya habita actuado judicialmente: La querella del ‘Caso de los Sobres’, que acusaba a Compromís, y la denuncia sobre la vivienda de Xavi del Señor, cuya documentación se había puesto en manos de la Fiscalía.
