El presidente Martí solicita también que se establezca una moratoria de dos años en el Plan Económico Financiero para reconstruir la provincia
El presidente de la Diputación, José Martí, ha solicitado al Gobierno que modifica las normativas de las Administraciones Públicas para que la institución pueda hacer uso de los 43 millones de euros que tiene en el banco, para destinarlos a acciones sanitarias y económicas frente al coronavirus. Martí solicita también que se conceda un plazo de moratoria de dos años en el cumplimiento de los Planes Económicos Financieros , que permita a la Corporación provincial tener liquidez y poder arropar a los ayuntamientos de la provincia.
EM/ Castellón Información
La Diputación de Castellón ha suscrito recientemente una póliza de crédito de 5 millones de euros, destinada a disponer de liquidez para la gestión de la entidad y para poder auxiliar a los ayuntamientos de la provincia que también están asfixiados con la situación del coronavirus.
Pero la cosa es algo más complicada, sobre todo si se tiene en cuenta, que Diputación guarda en el banco 43 millones de euros procedentes de remanentes, de los que no puede hacer uso. Que no tiene deuda bancaria porque fue abonada ya en la anterior legislatura, y que está sujeto a un Plan Financiero, porque pese a tener superávit incumple la regla del gasto de la Ley Montoro.
Y aquí no se acaba la película. Con pandemia del Covid-19, el decreto de Alarma, la confinación, el cierre de negocios, la sociedad de la provincia atraviesa uno de los momentos más críticos que sean conocido nunca.
Incremento del paro, multiplicación de los Ertes, negocios cerrados, autónomos que no pueden trabajar han generado un fantasma de crisis que ha llevado a muchos ayuntamientos e incluso a la propia Diputación a aplazar el cobro de recibos. En consecuencia, una situación desastrosa se mire por donde se mire.
Y es precisamente esa situación la que ha llevado al presidente de la Diputación, José Martí, a solicitar al Gobierno de España que se cambien las normativas fiscales que afectan a las instituciones públicas.
José Martí ha anunciado en rueda de prensa, que reivindicará ante las federaciones valenciana y española de municipios, y ante el Gobierno, que “se suspendan temporalmente” los efectos de los planes económicos financieros (PEF) que afectan a algunas entidades locales ya que, en el caso de que finalmente se permita usar los remanentes a los ayuntamientos y las diputaciones, las instituciones que estén afectadas por los PEF no podrían utilizar este dinero para combatir los efectos negativos provocados por la pandemia de la Covid-19.
Martí no ha ocultado las dificultades económicas que atraviesa la Diputación. En este sentido, ha subrayado la importancia de que el Gobierno esté estudiando la posibilidad de dar permiso a los ayuntamientos para hacer uso de sus remanentes frente a la pandemia, “una reivindicación urgente y necesaria que desde aquí también secundamos”. “El problema de la Diputación de Castellón es que ni aún así podríamos usar los 43 millones de remanentes que tenemos en los bancos porque estamos obligados a cumplir el Plan Económico Financiero”, una situación que afecta también a unos 28 ayuntamientos de la provincia.
Por ello, el presidente de la Diputación ha explicado que “mañana, en la Junta de Portavoces, propondremos a todos los grupos políticos realizar una reivindicación conjunta: pedir una moratoria de dos años en el cumplimiento de estos planes porque, sin duda, los grandes beneficiados serían los ciudadanos ya que podríamos poner en marcha un gran fondo para la reconstrucción de la provincia”.
En esta línea, José Martí ha subrayado que, de forma paralela a esta demanda, el equipo de gobierno, con el apoyo de los técnicos de la casa, está trabajando intensamente en la reestructuración del presupuesto de 2020 para reforzar tres áreas concretas: apoyar a los ayuntamientos, proteger a las personas más vulnerables mediante el refuerzo de las medidas relacionadas con el bienestar social de la población, y ayudar a los sectores productivos para reactivar la economía provincial.
En su comparecencia, el presidente de la Diputación ha puesto en valor el acuerdo plenario del martes, donde todos los grupos políticos avalaron la declaración institucional para hacer frente desde la unidad a la pandemia del coronavirus, una de las primeras que se ha firmado a nivel estatal. Se trata de un acuerdo que se plasmará en la puesta en marcha de una mesa de diálogo y trabajo “en el que escucharemos a todos, porque es el momento de hacer Gran Política y de tomar las grandes decisiones que nos reclama la ciudadanía”.
Emergencia sanitaria
José Martí ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas por la institución provincial desde el minuto cero. “Seguro que hemos podido cometer algún error, pero nadie podrá poner nunca en cuestión la absoluta dedicación de este equipo de gobierno, y de los trabajadores de la casa, por paliar los efectos de esta emergencia sanitaria”, ha recalcado el presidente, quien también ha querido tener un reconocimiento a las familias de las personas fallecidas, a los enfermos y a todo el personal sanitario, de emergencias y de servicios esenciales que sigue trabajando en primera línea.
Entre las medidas adoptadas, destacar los más de 200.000 euros destinados a adquirir material de protección sanitaria para repartir entre los 135 ayuntamientos y las 8 mancomunidades de la provincia. Hasta la fecha, la institución provincial ha repartido 44.000 mascarillas, 156.000 guantes, 1.700 buzos, 2.000 litros de gel desinfectante, 1.700 batas, 900 gafas y 3.000 litros de lejía para proteger a los trabajadores municipales de los servicios esenciales. Y junto a esta medida, se está coordinando la compra de cerca de 380.000 mascarillas que serán sufragadas por los 131 ayuntamientos y 4 mancomunidades que se han adherido a esta iniciativa. Otras actuaciones destacadas por José Martí han sido las labores de desinfección de municipios por parte del Consorcio de Bomberos, así como en el reparto de medicamentos y de alimentos a la población más vulnerable.
Fondos para los ayuntamientos
En este balance, el presidente de la Diputación ha puesto en valor la agilidad de la corporación provincial a la hora de aportar recursos económicos a los ayuntamientos, con el reparto de 5,4 millones de euros del Fondo de Cooperación Local, el nuevo adelanto de tesorería a los municipios por valor de 5 millones o el impulso de los trámites del Plan de Obras y Servicios, que tiene un presupuesto de 12,4 millones de euros.
También se ha trabajado, como ha recordado José Martí, en nuevas medidas fiscales, ampliando el periodo de pago de los recibos y permitiendo a los ayuntamientos que muevan el cobro de impuestos entre periodos si consideran que puede beneficiar a los ciudadanos.
Refuerzo de la acción social
Para finalizar, el presidente ha explicado que, en cuanto a acción social, se han publicado las bases de ayudas a entidades sociales y AMPAs de la provincia, con un montante de más de 1,5 millones de euros, y se ha ampliado y reforzado el servicio de teleayuda que se da a más de 3.300 personas en la provincia. Además, se está trabajando para activar con Cruz Roja el Plan Responde, con más de 120.000 euros de consignación, y que tendrá como objetivo atender a los colectivos más vulnerables en municipios de menos de 6.000 habitantes.
