Moliner acordó con Alberto Fabra no pagar una parte de la deuda porque "el contrato era leonino"
La Diputación Provincial recurrirá ante el Supremo el pago de los más de 531.000 euros que quedaron pendientes en 2011 al incumplirse el convenio del Master de Golf. El convenio original fue firmado por Carlos Fabra y el gobierno de Camps en 2008 y según el PP de ahora, tenía "unas condiciones leoninas". Moliner firmó la addenda pero se negó a asumir la parte que no pusieran las aportaciones privadas. La Sociedad de Proyectos Temáticos pagó la totalidad de la deuda y Generalitat reclamó judicialmente la parte de Diputación en 2017.
Esperanza Molina /Castellón Información
Los portavoces de PSOE y Compromís, Santiago Pérez y han afirmado hoy en rueda de prensa, que la Diputación recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que obliga a la entidad provincial a abonar una deuda de 531.000 euros más intereses y más costas judiciales. Esta deuda se generó en 2011 y procede de un convenio firmado por Carlos Fabra y Camps en 2008 para la financiación del Master de Golf Costa Azahar. Diputación no pagó en 2011 y Generalitat presentó un recurso en 2017 que se ha saldado ahora con una sentencia condenatoria para Diputación.
La Deuda de Diputación y el contrato ‘leonino' de Carlos Fabra y Francisco Camps
El pasado 26 de enero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dictaba sentencia en contra de la Diputación Provincial por una deuda con la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana de 531.000 euros. Una deuda que se correspondía con la firma de un convenio para financiar el Master de Golf Costa Azahar, suscrito en 2008 por el entonces conseller de Cultura, bajo el gobierno de Francisco Camps y el presidente de Diputación de aquel momento, Carlos Fabra.
Aquel convenio, calificado de ‘leonino’ por el actual Grupo Popular en la Diputación, tenía como objetivo no solo subvencionar la celebración del Master de Golf de Castellón Costa Azahar como un gran evento para la provincia, sino también, cofinanciarlo en su totalidad si se retiraban los patrocinadores privados.
De esta forma, se acordaba una aportación anual por parte de Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación y Deportes de 1.700.000 euros más IVA; y de 300.000 euros más IVA por parte de la Diputación Provincial. El resto del coste de este Master de Golf habría de ser financiado por empresas privadas con una aportación mínima de 3.000.000 millones de euros (IVA Incluido). Los promotores del torneo eran las empresas Match Golf SL y Birdie Diseño y Clase SL.
El convenio se firmaba en 2008 para una validez de 4 años, hasta el 2011. Ahora bien, entre las cláusulas del citado acuerdo, se contemplaban también una serie de puntos fundamentales. En el caso de que se produjera una retirada de los patrocinadores privados, la aportación que les hubiera de corresponder debería ser soportada de forma proporcional por Diputación y Generlalitat. Y además, para mantener la validez del convenio en 2009, 2010 y 2011, se firmaría una adenda anual, que actualizaba las aportaciones de ambos organismos oficiales, Diputación y Generalitat con la actualización actual del IPC.
El sistema de pago establecía el abono de la mitad del compromiso económico en el primer cuatrimestre del año, antes de la celebración del torneo, y la restante, después de celebrado el master y antes de final de año.
De esta forma, en 2008 la Generalitat aportó 1.700.000 euros más IVA y la Diputación 300.000 más IVA. La primera addenda se firmó el 14 de octubre de 2009. Con la aplicación del incremento de IPC (1,4%), la Generalitat abonó , 1723.800 euros más IVA, y la Diputación, 304.200 euros más IVA.
El 30 de diciembre de 2010 se firmó la segunda addenda que establecía un incremento del 0,8% sobre la anualidad anterior en correspondencia con el incremento el IPC. A la Diputación le tocaba aportar 306.633,60 euros más IVA, y a la Generalitat, 1.737.590,40 euros más IVA.
Sin embargo, en 2010 se habían retirado los patrocinios privados al evento, que debían garantizar una financiación de 3.000 euros más IVA. Según la cláusula del Convenio original y sus addendas, esta cantidad debía ser sufragada también, de forma proporcional por Generalitat y Diputación. La addenda de 2011 no se llegaría a firmar durante la anualidad a la que correspondía.
Pero para entender el fondo del asunto, cabe ponerse en situación:
Cabe recordar que, en 2011 se realizaron las elecciones autonómicas y municipales. En Castellón ganaba Alberto Fabra con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Castelló. En las Autonómicas, renovaba Francisco Camps, también con mayoría absoluta. Y en la Diputación provincial, se mantenía el PP, pero con un relevo en la presidencia. Javier Moliner asumía el mando en el puesto que dejaba vacante Carlos Fabra.
Pero fue también, en 2011 cuando estalló ‘el caso de los trajes’ y comenzó el juicio contra el entonces presidente de al Generalitat, Francisco Camps. Con este juicio, Camps dimitía y el castellonense, Alberto Fabra, accedía al puesto de presidente de la Generalitat.
Es cierto que el 'Comunidad Valenciana Master-Castellón Costa Azahar' fue en un éxito en sus primeras celebraciones, ya que concentró a los mejores jugadores del mundo y tuvo una repercusión mundial en los medios de comunicación. Pero con la crisis económica de finales de la década del 2000, muchas de estas macro actividades promocionales pasaron de ser una oportunidad para convertirse en ‘una carga’.
Era un momento muy complicado. La crisis económica generó enormes deudas y miles de parados, desahucios, impagos, gente en la calle, pobreza social. Ni Javier Moliner era Carlos Fabra, ni Alberto Fabra era Francisco Camps, y la Generalitat estaba endeudada hasta las orejas.
La addenda para el Master de Golf de 2011 no se había firmado. El Master de Golf se había convertido en un problema mayúsculo. Con la enorme crisis económica que sumía al país y a la provincia de Castellón, Diputación y Generalitat se veían atados con un convenio de patrocinio multimillonario imposible de defender.
Según fuentes del Grupo Popular en Diputación, Moliner plantó cara a la Generalitat y, por consiguiente, a Alberto Fabra. Con la que estaba cayendo no era de recibo destinar 531.000 euros más a un campeonato de élite de golf. La Generalitat, por su parte y según las mismas fuentes, buscaba como hacer frente a su deuda y a sus compromisos.
La Generalitat buscó salidas legales para algunos de sus compromisos (algunos cerrados por Camps antes de dimitir), y para ello determinó derivar el Master de Golf a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Generalitat Valenciana (SPTCV), el 4 de agosto de 2011.
Esta sociedad, creada en 1996 como mercantil instrumental de apoyo de la actuación pública, había surgido como paraguas para promocionar grandes proyectos como Terra Mítica o La Ciudad de la Luz en Alicante, aunque después se abrió a otras temáticas. Se traba de una sociedad pública ligada a la Generalitat, "con el fin de promover e impulsar la construcción y puesta en funcionamiento de aquellos proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios que, en el ámbito de la Comunidad Valenciana sean impulsados por la Generalitat". Pero por entidad jurídica, la deuda traspasada a esta sociedad no contabilizaba como deuda de la Generalitat Valenciana.
En las conversaciones mantenidas entre Javier Moliner y Alberto Fabra, se acordó, que Diputación firmaría la addenda del 2011 (en 2012) como un documento necesario para poder validar el traspaso del Master de Golf a la Sociedad de Proyecto Temáticos de la Comunitat Valenciana. Ahora bien, anunciaba que Diputación no pagaría un euro más del acuerdo base para sufragar la parte de los patrocinadores privados. A tal fin y, según indicó Moliner entonces, la adenda del Convenio en lo que se refiere a la aportación que ya no aportaban los patrocinadores privados, seria agua mojada, porque no se consignaría como gasto contable, no sería tramitado ni pasaría a aprobación en ninguno de los órganos ejecutivos de la Diputación. COnla aplicación del incremento del IPC, Diputación abonó en 2012 la carga que le correspondía de 2011, 315.832 euros más IVA, mientras Generalitat aportaba 1.789.718,11 euros más IVA.
Quedaba una deuda pendiente que ascendía a 3.540.000 de euros que debía liquidarse antes del 30 de noviembre de 2012 a repartir proporcionalmente entre Diputación y la sociedad de Proyectos Temáticos. Moliner había acordado con Alberto Fabra que no abonaría esta parte. La Sociedad de Proyectos Temáticos abonó a a las entidades promotoras las cuantías reconocidas en la addenda de 3.009.000 euros (su parte) más lo 531.000 euros (la parte de Diputación)
De esta forma, la Sociedad de Proyectos Temáticos financió la parte de la Generalitat y también la de Diputación. Si hubo un acuerdo oral, no quedaba reflejado en los documentos, ya que la SPTCV reclamaba mediante factura a la Diputación 'su parte' de la addenda en varias ocasiones, el 27 de noviembre de 2012, el 3 de marzo de 2013 y el 29 de mayo del mismo año.
Este tira y afloja se prorrogó durante la legislatura. Diputación rechazó el pago de la factura en base a que no se había comprometido ese gasto en los presupuestos, no había obligación alguna porque no se había tramitado ni en junta de gobierno ni aprobado el abono en el pleno de la entidad.
La Sociedad de Proyectos Temáticos acabó por disolverse como mercantil externa, pero fue asumida por la Generalitat, quien también heredaba de nuevo la deuda del Master de Golf y, en el aspecto contable el acuerdo verbal de Moliner y Fabra o no constaba o no se tuvo en cuenta.
En 2015, con la Trama Gürtel en todo su apogeo, el PP perdía la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. Un pacto entre Compromís y PSOE con apoyo de Podem facilitaba el cambio de gobierno y la llegada del Pacto del Botánico.
En 2017, con una Diputación de Castellón Gobernada por el PP y una Generalitat endeudada gobernada, por PSOE-Compromís, y con un enfrentamiento abierto entre ambas instituciones la abogacía de la Generalitat, en representación de la SPTCV llevaba a los tribunales la reclamación de la deuda de la Diputación por el Master de Golf de Castellón.
Condena a Diputación porque un convenio es un convenio y de obligado cumplimiento
La sentencia fue emitida a finales de enero de este año; repasa los puntos del Convenio original, firmado por Carlos Fabra y el gobierno de Francisco Camps, y entiende que la Diputación debería haber abonado la cantidad de 531.000 euros correspondiente a la deuda que tenía en 2011, ratificada por la addenda firmada por Moliner en 2012.
El TSJ entiende que había un convenio firmado, que no fue liquidado con anterioridad y que existía una addenda que se había cumplido durante los ejercicios anteriores. Aunque el documento no contara con presupuesto contable , ni fue respaldado por la presidencia de Diputación ni votado en el pleno de la entidad, no carecía de validez.
Por lo tanto, según el TSJ, Diputación había de haber abonado a la Generalitat Valenciana la parte que tenía comprometida en el Master de Golf Costa Azahar, que había abonado el órgano autonómico. Y en base a estos argumentos, estimaba el recurso presentado por la Generalitat en nombre y representación de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana SAU contra la desestimación por 'silencio administrativo' de la Diputación.
Es decir, la Diputación deberá pagar la deuda contraída de 531.000 euros a los que deberá sumar los intereses que se hayan generado durante estos años y también las costas judiciales hasta un límite de 1.500 euros.
El equipo de gobierno de Diputación acusa a los gobiernos provinciales del PP de eludir su responsabilidad
Conocida la sentencia del TSJ, Santi Pérez e Ignasi García, portavoces de PSOE y Compromís que conforman el equipo de gobierno de la corporación provincial, han acusado a los anteriores gobiernos del Partido Popular de “eludir su responsabilidad y motivar la apertura de un procedimiento judicial por parte de la Generalitat para reclamar su dinero.
Tal como manifestaban en rueda de prensa, la sentencia ha supuesto un duro mazazo para el gobierno provincial, en un momento crítico en el que hasta el último euro de la caja es necesario para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid.
Diputación recurrirá la sentencia y negociará con la Generalitat
Ambos diputados afirmaron que Diputación presentará un recurso de casación a la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana y llevarán el caso ante el Supremo, aunque no son optimistas con los resultados. En este momento, alegaban, "se trata de ganar tiempo". Un tiempo fundamental para poder renegociar con la Generalitat la deuda de la Diputación.
El equipo de gobierno de la Diputación de Castellón entiende que las relaciones entre la Generalitat y la Diputación son óptimas para poder proceder a esta renegociación que aminore la deuda de la entidad provincial, o que pueda ser compensada con otras aportaciones por parte de la Generalitat Valenciana.
Es cierto, reconocieron, que también la Generalitat dejó a deber en aquella época una serie de proyectos y compromisos que tenía asumidos con la Diputación... aunque en este caso, la entidad provincial no reclamó a los tribunales, y por lo tanto no hay sentencia alguna que los ampare. Pero escogerán la vía de la negociación.
Santi Pérez: "Moliner oculto información a esta casa, porque nunca informó de esa adenda de 2012"
En cuando a la valoración política de este conflicto, para Santi Pérez, “una de las cuestiones más graves es que el señor Javier Moliner ocultó información a esta casa, porque nunca informó por los cauces correspondientes de esa adenda de 2012”. Para el diputado provincial, “estamos ante una nefasta herencia del PP, pero no estamos hablando del fabrismo sino de esa etapa de supuesta regeneración del PP que tanto vendieron el señor Moliner y algunos de sus diputados que hoy siguen en esta casa o en puestos de responsabilidad”.
Según Pérez, “Moliner se vanaglorió de haber acabado con el torneo de golf y defendió su rectitud, ejemplaridad y transparencia pero, ¿saben dónde dejó el PP esta ejemplaridad? En un cajón, pero literal, porque la adenda firmada el 17 de octubre de 2012 la guardó sin pasarla por ningún órgano colegiado y sin intención de pagarlo”.
Y la sentencia del TSJ del 26 de enero de 2021, recordaba Santi Pérez, es clara al destacar que, aunque la gestión sea de 2012, es la actual Diputación la que debe pagar ahora este dinero pues se trata del “cumplimiento de un convenio” porque en él se ha pactado, de forma clara e inequívoca, que han de transferir unas determinadas cantidades”.
Ignasi Garcia: "El fruto de una gestión nefasta del Partido Popular al frente de las instituciones públicas"
Por su parte, Ignasi Garcia, portavoz de Compromís en el equipo de gobierno, ha calificado los hechos como «el fruto de una gestión nefasta del Partido Popular al frente de las instituciones públicas» y de "el uso interesado que hizo la derecha para favorecer empresas privadas, a las cuales usaron para enaltecer las figuras de sus líderes".
"Un 'modus operandi', indicaba Garcia, del cual se quiso desmarcar Moliner, a quien acusaba "de haber impedido el ejercicio de la democracia por querer ocultar la documentación al resto de grupos con representación en la Diputación de Castelló e impedir la fiscalización» a través de los mecanismos de control público, como el plenario".
"Vendieron la falacia de la regeneración y ahora pagamos las consecuencias de su dejadez de funciones", ha dicho el portavoz valencianista. "Este equipo de gobierno defenderemos los intereses de la ciudadanía de la provincia y negociaremos con la Generalitat como compensar las deudas entre ambas instituciones con el objetivo de poder destinar estos recursos a ser escudo social contra la pandemia.
