El PP aprueba una moción de Compromís, ‘tumbada’ en el Senado por los populares, para proteger la capacidad inversora de los ayuntamientos
El pleno ordinario de la Diputación Provincial ha respaldado la Ley de la Concordia impulsada por el Gobierno Autonómico. Ha reivindicado la presencia de más Cuerpos de Seguridad, se ha opuesto al cierre de cuarteles y ha reivindicado la dignificación de los mismos. El PP de Diputación ha votado a favor de una moción de Compromís (vetada por los populares en el Senado), para proteger la capacidad inversora de los ayuntamientos.
La Diputación Provincial ha celebrado su pleno ordinario del mes de abril con un orden del día larguísimo en cuanto a puntos en el orden extraordinario, que se ha saldado en menos de dos horas… todo ello, porque en las múltiples mociones presentadas se ha evitado el debate y se ha optado por explicar solo, en una sola intervención, el posicionamiento de cada grupo.
Y no es que las mociones fueran de ‘chicha y nabo’, porque las había muy contundentes.
¿Ley de la Concordia o Ley de Memoria Democrática?
La primera de ellas llegaba con la propuesta del PSOE para rechazar la Ley de la Concordia, promovida por el Gobierno Valenciano, para sustituir la Ley de Memoria Democrática promovida por los gobiernos de izquierdas. Fue votada a favor por PSOE y Compromís, y rechazada con la mayoría de PP y VOX.
Sin entrar con profundidad en el contenido, en líneas generales (cómo se ha abordado en el pleno), las diferencias, según el PP y VOX, es que la nueva Ley trata a todas las víctimas por igual, sean del franquismo o del gobierno de Izquierdas de la República. El argumento, no ha sido respaldado por PSOE ni por Compromís, para quienes la nueva norma no hace sino blanquear el franquismo.
Y las explicaciones de voto no han contribuido a acercar las dos visiones del tema. El diputado provincial de VOX, Luciano Ferrer, ha sacado a relucir los intentos actuales del PSOE para ‘blanquear a ETA’, porque ahora necesita sus votos.
Se ha referido también al final de la segunda República Española, que la izquierda recuerda como el gran modelo perdido de democracia que derrotó el golpe de estado de los militares de Franco. Y ha explicado que lo que 'nunca se dijo como se debía', es que las últimas elecciones de la República fueron ‘un pucherazo’ que dio lugar a la persecución y asesinatos de quienes no pensaban como los grupos de la izquierda.
Con esta nueva Ley, insistía VOX, lo único que se quiere es igualar los derechos de todas víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil Española.
David Guardiola, de Compromís, protestó los criterios de VOX y PP, para señalar que no se puede hablar de víctimas buenas y malas. La nueva Ley, a juicio de Compromís, lo que hace es minimizar y hacer desaparecer a las víctimas de la Dictadura, y equiparar la República y la Dictadura.
La Ley de la Concordia, manifestó, ignora a los represaliados, falta a la verdad, y elimina todo lo que reguló la Ley de la Memoria Democrática. Con ella, Franco pasará a ser un personaje histórico, y no un genocida.
Por parte del PSOE, Samuel Falomir, ha denominado la Ley de la Concordia como un enorme retroceso que quiere reescribir la historia.
Falomir enumeró muchos de los derechos adquiridos durante la segunda República, los avances sociales que se consiguieron y que la Dictadura eliminó de un plumazo además de perseguir a cuantos no pensaban como ellos.
Andrés Martínez, vicepresidente de Diputación, tomó la palabra como defensor de esta Ley de la Concordia. Y para ello, comenzó por recordar el asesinato de del catedrático Manuel Broseta, en Valencia.
Porque si hay algo que Martínez reprochó a los dos partidos de izquierda, es que hubieran reescrito la historia para establecer una sola línea de víctimas, las represaliadas por el Franquismo, sin atender a cuantos sufrieron en aquella Guerra Civil a manos de unos y otros. Para la izquierda, manifestó Martínez, solo están los que murieron a manos de la Dictadura. Hablan de democracia, dijo, pero apoyan los regímenes totalitarios de Venezuela y Cuba…
Con esta Ley dijo Martínez, se reconoce a todas las víctimas, las de la derecha y las de la izquierda, no se paralizan las exhumaciones pero reconoce a todas las víctimas que fueron objeto de la violencia política y social.
Moción de condena a la persecución del valenciano
Tampoco salió adelante la moción presentada por el PSOE, “contra el veto al valenciano en las escuelas”, por los votos en contra de PP y VOX. No era un tema en el que se pudiera llegar a acuerdos, y menos tras los últimos decretos del Gobierno Valenciano, para que las familias puedan elegir la línea en valenciano o en castellano en los colegios de sus hijos.
Luciano Ferrer, de VOX, habló del derecho de los padres a poder elegir la lengua oficial educativa para sus hijos.
María Fajardo, de Compromís, calificó ese derecho como una ley de la extrema derecha que prohíbe estudiar en valenciano, que atenta contra las garantías de un estado bilinguüe y que amenazará a niños de hoy, ciudadanos del futuro, cuando no puedan justificar el valenciano en su acceso a los puestos públicos.
Rut Sanz, del PSOE. Afirmó que esta ley pone en peligro la supervivencia del Valenciano. Y Alejandro Clausell, del PP desmintió que se tratara de un veto al valenciano. Más allá de eso, tiró por cara a Compromís, que sus decretos del valenciano hubieran generado tantas condenas en los tribunales.
Clausell afirmó que los padres podrán escoger la línea educativa, el valenciano seguirá en el modelo educativo, y en función de las horas dedicadas los alumnos obtendrán un certificado mayor o menor de sus conocimientos en valenciano, por lo que no tienen que resultar perjudicados en el futuro.
“Medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda”
Se abordó la propuesta del PSOE para “activar medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda". Y como las dos mociones anteriores, también fue rechazada con los votos de PP y VOX.
Luciano Ferrer de VOX, lo tenía muy claro, el intervencionismo político de izquierdas sobre la vivienda es la que ha generado un incremento en los precios de la vivienda nueva y el alquiler. Por esta razón, también, afirmó que era necesaria la modificación del Código Penal para proteger a los propietarios de las viviendas. Y pidió que retornaran las deducciones por vivienda y alquiler.
María Fajardo, de Compromís recordó la dificultad de los jóvenes para emanciparse y denunció la subida del precio de la vivienda nueva y de alquiler.
María Jiménez, del PSOE afirmó que el acceso a una vivienda digna es un derecho y no un elemento de especulación, y que la solución no está en la construcción de más inmuebles, sino en la intervención de los precios del alquiler.
Y Sergio Toledo, por el PP, se refirió a los anuncios realizados por el presidente, Carlos Mazón, y su intención de invertir 7.000 millones de euros en la construcción de vivienda pública. Y es que, dijo a PSOE y Compromís, que durante sus gobiernos se ha hablado mucho pero se ha hecho muy poco. Grandes presupuestos ‘de boquilla’, dijo, en ciudades como Valencia, que hoy es la quinta ciudad de España con el precio de alquiler más alto.
Pero no se trata solo de Valencia, dijo, en Alcora el precio del alquiler ha subido un 16%; en Castellón, un 13,71%; en Burriana, un 8% y en la Vall D´Uixó un 6,35%, datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística.
Retirada la propuesta para el “apoyo a los pueblos afectados por mega proyectos energéticos en las comarcas de Castellón”
El punto siguiente se refería a una moción presentada por Compromís para el “apoyo a los pueblos afectados por mega proyectos energéticos en las comarcas de Castellón”. El Partido Popular había presentado una enmienda a la totalidad, con un texto diferente al de Compromís.
Según el reglamento debía votarse primero la moción del PP, y en caso de aprobarse, la de Compromís no vería la luz…
En esta tesitura, Compromís determinó retirar su moción y no dar lugar tampoco a la del PP, aunque mostraron su protesta porque, dijeron, había habido un acuerdo oral para que el gobierno no presentara enmiendas a la totalidad, que se había incumplido.
También se abordó en el pleno la moción del PSOE para reclamar el refuerzo de los bomberos forestales, con contratos anuales. Fue rechazada por VOX y PP.
El PP de Diputación vota contra el PP del Senado por el 'techo de gasto'
Aunque no de los puntos que más llamó la atención fue el siguiente, propuesto por Compromís “en defensa de la capacidad inversora de los ayuntamientos”.
Sobre este particular cabe hacer una explicación previa y remitirse al año 2012, con el gobierno de Rajoy y la Ley Montoro.
Era la época en la que se sufrieron los efectos del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Hasta entonces, los ayuntamientos y otras entidades locales recibían ingresos procedentes del ladrillo por lo que se permitían realizar fuertes inversiones y suscribir numerosos préstamos…
Pero llegó un momento en que la burbuja inmobiliaria reventó. Los ingresos cayeron en picado y los ayuntamientos se vieron estrangulados por sus deudas, hasta el punto de que no podían ni pagar a sus proveedores.
La Ley Montoro estableció un sistema de techo de gasto para todas las entidades locales, que funcionaba de la siguiente manera: Ayuntamientos, diputaciones e instituciones similares estaban obligados a gastar dentro del año en ejercicio todos sus presupuestos… de haber remanente (sobrante de presupuesto no ejecutado), ese dinero debería destinarse únicamente a inversiones definidas como ‘financieramente sostenibles’ y medidas en el tiempo; o como le pasó a la mayoría de esas instituciones, destinarlo íntegramente a pagar la deuda contraída con los bancos.
Es decir, si sobraba dinero de un año, no podía incorporarse al presupuesto del año siguiente.
Esta Ley sacó a muchas instituciones de la zona roja donde estaban, intervenidas a su vez por el Estado al que tenían que rendir cuentas anualmente.
Sin embargo, la ley tenía como contrapartida, que los ayuntamientos o instituciones que no tenían deuda, porque la habían sufragado, tampoco podían disponer del dinero sobrante, que se acumulaba en los bancos…
Con la epidemia de la Covid, una de las medidas que, finalmente se adoptaron, fue la de suspender esa regla del gasto, para permitir que las instituciones pudieran hacer frente a los mil y un gastos que produjo la pandemia en sus economías.
Ahora bien, todas esas instituciones, con el Gobierno a la cabeza, eran conscientes de que la regla del gasto volvería a establecerse. Y Según todas las previsiones, el punto de inflexión sería este 2024.
El problema está en cómo se aplicará esa regla del gasto para no volver a estrangular a los ayuntamientos. Si habría que establecer unos tantos por ciento de remanentes, y de qué manera llevarlo a cabo.
Por dos veces el Gobierno Central ha intentado aprobar una ley para establecer un techo de gasto ajustado a porcentajes de resultados anuales… Pero en las dos ocasiones, la última hoy mismo, el Senado, donde tiene mayoría el PP, ha tumbado esta medida.
Por esta razón, ha llamado tanto la atención que Compromís pidiera a la Diputación que se posicionara a favor de garantizar la capacidad inversora de los ayuntamientos, con los tantos por ciento y condiciones que solicitaba el Gobierno… y que vetaba el PP en el Senado, y que el PP de la Diputación ha respaldado sin ningún rubor, cuando sus compañeros de Madrid no lo respaldaban.
El único que se ha negado ha sido el diputado provincial de Vox, que ha defendido la necesidad del control del gasto…
¿Las explicaciones sobre ese punto?, insuficientes para poder comprender por qué el PP aprueba en la Diputación lo que el PP tumba en el Senado. Era lógico el apoyo de PSOE y Compromís… ¿pero el del PP?
Lo único las palabras de Folgado, que compartían el fondo del asunto pero no el texto, que, por cierto, ponía 'a caer de un burro' a VOX y PP. Y el PP lo ha aprobado.
Más Cuerpos de Seguridad en la provincia
Todavía se abordaron dos mociones más, la primera, la propuesta del PP para que el Gobierno Central mejore las plantillas y recursos de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En las intervenciones de ‘Explicación de voto’ se puso en evidencia la intención del Gobierno de cerrar cuarteles de la Guardia Civil en el interior de la provincia, y la falta de interés estatal para mejorar las condiciones de vida de algunos cuarteles, para que quienes los ocupan puedan vivir con dignidad.
Se aprobó por unanimidad, y lo más destacado, el intercambio de palabras entre Benlloch (PSOE) y Folgado (PP), que pareció más un combate dialéctico entre ellos, que una explicación de voto para el resto.
El PP pide Presupuestos Generales... ¿Pero los aprobaría?
La última moción, del PP, que se aprobó por mayoría, se centró en solicitar al Gobierno la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales para el 2024.
La verdad es que todos los partidos podían compartir el fondo de la cuestión, la necesidad de unos Presupuestos Generales que actualice gastos e inversiones, porque, de lo contrario, solo se puede prorrogar el presupuesto del 2023 que deja fuera muchas de las necesidades reales de la provincia.
Ahora bien… Suponiendo que el Gobierno elabore un proyecto de Presupuestos… ¿Contará con el apoyo de PP o VOX? ¿El PSOE podría negociar el apoyo a esos presupuestos con los partidos mayoritarios democráticos? ¿O se vería en la necesidad de volver a pedir y pagar los favores de las fuerzas que lo auparon al poder en esta legislatura?...
Y en este charco no entraron.
