El edil ‘ilocalizable’ se encuentra habitualmente en la segunda planta del edificio municipal
El Ayuntamiento de Castellón publicaba en el Boletín Oficial del Estado una notificación de expropiación dirigida al concejal de Ciudadanos, Vicente Vidal, porque ‘ignoraba su paradero’ y había sido ‘imposible su localización’. La sorpresa dejaba paso a la indignación, ya que el edil de Ciudadanos, además de sobradamente localizado como miembro de la Corporación, se encuentra habitualmente en el despacho del grupo, en la planta segunda del edificio municipal, participa en las comisiones y en los plenos, y ha tomado la notificación como una burla y una falta de eficacia en la gestión municipal.
Seguramente, los concejales del Ayuntamiento de Castellón, como los de cualquier otra entidad municipal, no lleguen a conocer uno a uno a todos los funcionarios, ni sean capaces de identificarlos por su nombre y apellidos. No es de extrañar, ya que el Ayuntamiento de Castellón cuenta con 1.300 trabajadores.
Pero lo que resulta un poco más chocante es que esos 1.300 trabajadores municipal no conozcan a los miembros de la Corporación, gobiernen o no gobiernen. Al fin y al cabo, son 27 personas, y se mire como se mire, son los ‘jefes’ de la empresa municipal…
Pero aún aceptando que pudiera ocurrir (no todos los empleados conocen el nombre y apellidos de sus jefes) lo que no acaba de explicarse, es que el Ayuntamiento de Castellón tenga que recurrir a un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para comunicar una expropiación a uno de los concejales que se encuentran habitualmente en el edificio municipal “porque se ignora su paradero” o “ha sido imposible su localización”.
Y puede parecer una broma, pero esto es exactamente lo que ha ocurrido.
El tema tiene que ver con la prolongación de la calle Carcagente, desde la calle Pintor Soler Blasco, hasta la ronda de Circunvalación Este.
Para poder abrir la calle en ese tramo de 165 metros de longitud, la gestión municipal obligaba a declarar la zona afectada ‘de utilidad pública’ para proceder a la expropiación forzosa de los terrenos.
El proyecto de expropiación se contrató a una mercantil, que fue la que se encargó de redactar el documento y presentar la relación de los propietarios, descripción de los bienes y derechos afectados, así como los criterios para valorar el precio del suelo, para lo que se estimaba un coste total de 374.000 euros.
Con fecha de 28 de diciembre de 2018, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento daba luz verde al proyecto de expropiación y lo sometía a exposición pública. El Diario Oficial de la Generalitat publicaba el 20 de enero de 2019 el acuerdo municipal, así como la relación de afectados y “la necesidad de dar traslado del presente acuerdo a los titulares de derechos inscritos en el Registro de la Propiedad junto con la correspondiente hoja de aprecio y la propuesta de fijación de los criterios de valoración”.
Uno de los propietarios afectados era el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Castellón, Vicente Vidal Safont.
El procedimiento, hasta este punto era intachable. Pero la anécdota se produce cuando, con fecha de 13 de febrero del presente año, el Boletín Oficial del Estado publicaba una notificación del Ayuntamiento de Castellón dirigida a los “propietarios cuyo domicilio o paradero se ignora, afectados por la exposición pública” del proyecto de expropiación. E indicaba a continuación: “intentada notificación a…. D. Vidente Vidal Safont, … no habiendo sido posible su localización por resultar desconocida su dirección o paradero...”
Y claro, teniendo en cuenta de que la persona de la que se ignora paradero o resulta imposible su localización es concejal del Ayuntamiento de Castellón, adscrito al grupo político de Ciudadanos, y que además ha ejercido como portavoz del grupo y ahora es portavoz adjunto... es decir, no solo está localizable, sino que su paradero resulta sobradamente conocido, participa en las comisiones informativas, transita a diario por el edificio municipal y asiste a los plenos… la cosa se traduce en sorna.
Más aún, cuando a tenor de la publicación en el BOE, hubo más de un conocido del concejal, que se molestó en avisarle de que “era buscado por el Ayuntamiento”, hasta el punto de que se había publicado una notificación con su nombre en el citado documento oficial, que no es cualquier cosa.
A raíz de lo sucedido podrían plantearse muchas preguntas, pero sobre todo queda esa sensación de pensar: si a un concejal del Ayuntamiento de Castellón, que se pasa la vida en esa bendita casa no lo localizan en un trámite administrativo ¿en que situación e pueden encontrar el resto de los ciudadanos?
