Propuesto por la alcaldesa de Castelló para la oficina económica, provocó una crisis de gobierno con Compromís y CseM
El Ayuntamiento de Castellón habrá de abonar a JA Lafuente una mensualidad de más de 5.000 euros por su cese en 2017. Profesor de la UJI fue designado directamente por la alcaldesa para dirigir la Oficina Económica municipal. Generó una de las mayores crisis de gobierno del Pacto del Grau, cuando tanto Compromís como CseM denunciaron su designación ‘a dedo’. La alcaldesa se quedó sola y hubo de transigir y revocar su nombramiento. Su compañero de candidatura denunció al ayuntamiento.
EM/ Castellón Información
Una de las crisis que enfrentó al Pacto del Grau en la legislatura de 2015, fue el nombramiento por 'libre designación' de un profesor universitario para dirigir la nueva oficina económica que pretendía crear Amparo Marco en el ayuntamiento. Es lo que se conoció como ‘el caso de Lafuente’.
Eran los primeros años del cambio de gobierno municipal en el que una coalición de izquierdas: PSOE y Compromís con el apoyo de Castelló en Moviment, ganaba por la mano el dominio del ayuntamiento, gobernado hasta entonces por el PP.
Aquel acuerdo, que se conoció como ‘El Pacto del Grau’, sentaba unas premisas claras que comenzaban con una bajada de sueldos a los políticos, de acuerdo con lo que entonces propugnaba el creciente movimiento de Podem, en consonancia con la crisis económica que había sacudido el país. Pero las discrepancias con CseM, que se quedó en la oposición, no tardaron en aparecer.
En aquel momento, la alcaldesa pretendía crear una Oficina Técnica de Planificación y Proyección Económica que se hiciera cargo, entre otros temas, del proyecto de obtención de fondos europeos.
Pero lejos de consultar a sus socios, el PSOE y su alcaldesa al frente, nombraron unilateralmente para dirigir esta oficina a un compañero de universidad, en régimen de Comisión de Servicios y con un sueldo de jefe de servicio de 60.000 euros anuales.
El nombramiento de una persona de confianza para tal puesto no hubiera chirriado tanto, si no fuera porque Lafuente ya había formado parte de la candidatura de Marco a las elecciones municipales. Y como tal, le hubiera correspondido acceder al acta de concejal cuando se formalizó la renuncia de la edil socialista Carmen Oliver. Lafuente era el siguiente de la lista y renunció a ocupar el cargo. La reducción de sueldos aprobada al inicio de la legislatura rebajaba sus expectativas económicas. Pero otra cosa era entrar en el ayuntamiento no como concejal sino técnico 'de confianza' con un sueldo mucho mayor. Y además, la designación se hizo a espaldas de Compromís y CseM.
El Grupo Municipal Popular denunció el nombramiento y descubrió la maniobra. Tanto Compromís como CseM se sintieron ninguneados. No se les había consultado ni la plaza había salido a concurso. La crisis estalló.
El malestar interno del Pacto del Grao fue evidente. Y no solo eso, estalló en el pleno del Ayuntamiento del 23 de febrero de 2017.
Tal como publicó Castellón Información, sobre esta base y, por la línea de urgencia, Castelló en Moviment presentó una moción de última hora; el PP hizo otro tanto. Ciudadanos presentó una moción diferente pero que para el caso, también estaba en consonancia.
Castelló en Moviment puso entre las cuerdas a la alcaldesa y ya avisó que, si Marco no se retractaba, la llevaría a pleno. Compromís reprobó la acción, pero no anunció lo que haría durante la sesión. El Grupo Popular acusó al equipo de Gobierno de ‘contratar a dedo’ con sueldos astronómicos por encima de lo que cobraba la primera edil y hasta el presidente de Gobierno.
En el último momento y con gran habilidad, el Grupo Popular retiró su moción, pero anunció que apoyaría la presentada por CSeM.
Fue una ocasión ideal para que los afines a Podemos manifestaran sus críticas sobre lo que denominaban 'las prácticas habituales del PSOE, y sus formas', que habían criticado por activa y por pasiva. Pero también fue una oportunidad de oro para explicar por qué no entraron en su momento a formar parte del equipo de Gobierno municipal.
Xavi del Señor, el portavoz de CseM lo dijo con la mayor claridad: ¿Qué creen ustedes que pensará la gente de la calle cuando sepan…?” .
Y así, la alcaldesa se las tuvo que escuchar de todos los colores. Porque si hubo algo que no obviaron los suyos y los ajenos, fue recordarle por activa y por pasiva, que ella y su partido no ganaron las elecciones. Que estaba de prestado en el sillón gracias a los apoyos de otras formaciones. Que tenía que rendir cuentas al ‘Pacto del Grao’ que la situó la frente de la Corporación.
La votación fue concluyente: A favor de la petición del cese del nombramiento de la alcaldesa votaron todos menos el PSOE: Castelló en Moviment, Compromís, Partido Popular y Ciudadanos. El PSOE se quedó en minoría.
La cosa llegó a tal punto, que la portavoz popular, Begoña Carrasco aprovechó para solicitar a la alcaldesa que planteara una ‘cuestión de confianza’ para el próximo pleno. Esto es, el equivalente a una moción de Censura.
El cese de Lafuente vuelve a provocar la máxima tensión en el pleno de Castellón
La alcaldesa tardo en cumplir lo que se le había pedido y no fue hasta la Junta de Gobierno del 30 de junio cuando se revocó el nombramiento de JA Lafuente como responsable de la Oficina Económica Municipal.
Lafuente denunció al ayuntamiento
Ahora bien, la comisión de servicios debería haber tenido una duración de 6 meses, lo que se había acordado con él, y la revocación llegó antes de que se cumpliera ese plazo, el procedimiento se inició en mayo y concluyó un 30 de junio. JA Lafuente recurrió el cese. Lo hizo mediante un contencioso administrativo en el juzgado de Castellón, que no le dio la razón y en el que hubo de pagar las costas del proceso.
El catedrático universitario apeló y esta vez si que se consideraron sus argumentos que fueron avalados por el Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, se anuló la primera sentencia y se falló a su favor.
Normativa que regula las comisiones de servicios
El tribunal analizaba entre otras cosas, que se puede proceder a un nombramiento de libre designación, en comisión de servicios, cargo temporal por un periodo de 6 meses, siempre que se dieran las circunstancias específicas que lo motivaran. en aquel caso, la alcaldesa tenía prisa por poner en marcha la Oficina de Planificación Económica, y designó para el cargo a JA Lafuente, en rango de comisión de servicios.
También indica la jurisprudencia, que un cargo de confianza puede ser revocado en cualquier momento si se modifican las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento. Aunque el ayuntamiento estudiaba ya sacar la plaza a concurso, en aquel momento, todavía no se había gestionado ni completado el procedimiento.
El cese tenía 'razones políticas'
A tenor de las alegaciones municipales, fueron 'causas políticas' las que motivaron el cese antes de que se hubieran cumplido los 6 meses de la comisión de servicios que finalizaría en el mes de julio. las circunstancias que habían dado lugar a su designación, seguían siendo las mismas.
Esas razones políticas alegadas por los juristas municipales, entiende el tribunal, se basaron en los plenos municipales en los que se aprobó la revocación del nombramiento de JA Lafuente y que obligaron a la alcaldesa a cesar a 'su hombre de confianza' antes de de que se resolviera el procedimiento administrativo para sacar la plaza a concurso.
En base a este análisis, el cese de JA Lafuente no era conforme a derecho, porque no se habían cumplido los 6 meses de la comisión de servicios, ni había cambiado la urgencia que motivó su designación en el mes de febrero.
El fallo del tribunal entiende, por tanto, que se debe abonar a JA Lafuente la última mensualidad de julio, con todos sus derechos y deberes, que quedó pendiente con su cese el 30 de junio de 2017.
Ahora, cuatro años después, el ayuntamiento se ve obligado a ejecutar la sentencia. La Junta de Gobierno Local aprobaba esta mañana el abono a Juan Angel Lafuente de esa última mensualidad con una cantidad que supera los 5.000 euros, a los que habrá de sumar los intereses de demora.
