Quien paga manda, el inmueble, que era ‘de uso compartido’, ahora en una nueva negociación
El Ayuntamiento de Castelló no sabrá si tendrá ‘espacio propio’ en el nuevo edificio de la plaza Juez Borrull hasta que acabe la reforma que realiza la Generalitat Valenciana. Aunque el convenio original contemplaba un uso compartido con la entidad municipal, el proyecto, que paga la Generalitat en su totalidad, solo contempla en la memoria el uso de la Conselleria de Igualdad... y otras dependencias, sin citar para quien, si municipales o autonómicas. El portavoz del equipo de gobierno de la capital de la plana ha reconocido que “habrá que hablarlo cuando acaben las obras”.
Esperanza Molina / Castellón Información
El edificio de los antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull comienza su reforma integral rodeado de grandes incógnitas para el Ayuntamiento de Castellón.
Esto es, el proyecto del edificio concreta, que gran parte del espacio del nuevo inmueble que rehabilita la Generalitat Valenciana, acogerá los servicios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y dejará zonas libres para otros usos administrativos. Pero no refiere en ningún momento que sea el Ayuntamiento de Castelló el que vaya a tener derecho a su uso.
Hasta ahora, con el convenio original en la mano que se firmó en Castellón el 29 de mayo de 2017, se daba por sentado que se trataría de un moderno edificio de uso compartido entre la conselleria y el ayuntamiento para reubicar de forma conjunta todos los servicios sociales que afectan a la ciudadanía.
Pero también es cierto, que aquel convenio original se ha modificado en muchos aspectos. Por ejemplo, inicialmente era la Generalitat la que asumía la redacción del proyecto y el Ayuntamiento el que licitaba y pagaba las obras, valoradas en 12 millones de euros (29 de mayo 2017).
Marco pidió la cesión de la totalidad del edificio para un nuevo ayuntamiento
El proyecto que debería haber estado redactado y para licitar en 2018 comenzó a sufrir retrasos. Y cuando por fin se completó el documento, ya no costaba 12 sino más de 15 millones de euros.
Poco gustó la historia en el ayuntamiento de la ciudad, fundamentalmente en el Grupo Socialista y su máxima representante, la alcaldesa Amparo Marco. Eso de compartir el uso no había estado en los planes oficiales cuando se solicitó a la Generalitat Valenciana que, aquel inmueble vacío, en desuso y abandonado, fuera cedido a la entidad municipal para que pudiera ser reconvertido en una dotación directa para la ciudad, quizá para la creación el nuevo ayuntamiento, proyecto que se persigue desde 2008.
Así se acordó durante la visita institucional del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco el 2 de enero de 2017. Se decidió entonces poner en marcha lo que se denominó ‘Plan de activación de inmuebles’, que entre otros objetivos contemplaba la cesión íntegra del antiguo Palacio de Justicia (edificio de Borrull) al ayuntamiento de Castellón para usos municipales.
La Conselleria de Igualdad frustró los planes de Amparo Marco
Pero legalmente, antes de ceder uno de sus inmuebles, el gobierno de la Generalitat tenía la obligación de ofrecerlo primero a sus propias consellerias y la de Igualdad no dejó pasar su oportunidad. En contra de lo solicitado, el ayuntamiento no tendría derecho único sobre aquel inmueble, debía compartirlo con el departamento de Mónica Oltra.
Cuatro meses después desembarcaban los máximos responsables de la Generalitat para la firma del convenio para el uso compartido del edificio de Borrull. Marco tuvo que aceptar la oferta, le gustara o no. Y prueba de que el ayuntamiento tenía intención de seguir estos pasos, fue que se llegó a plantear una reserva económica con cargo a un préstamo de 7 millones de euros en los presupuestos de 2019
Con los retrasos en cuanto a la realización del proyecto y el encarecimiento de su ejecución, se multiplicaron las dudas y los descontentos. A la alcaldesa no se le escapaba uno de los comentarios que corría por la ciudad: "el ayuntamiento paga las obras y el edificio se lo queda la Conselleria…"
Si 12 millones de euros ya parecían una cantidad muy elevada para tener un uso compartido, y por lo que se barajaba, secundario, de aquel inmueble. Imagínese el lector como debió recibirse el encarecimiento de la obra y la memoria que ya planteaba que los despachos exteriores y el espacio privilegiado del nuevo inmueble tuviera como usuario preferente a la Conselleria de Igualdad.
Surgieron también otros problemas de índole administrativa. ¿Quién sería titularidad de qué y como concretarlo legalmente? El convenio de mayo de 2017 concretaba que la aportación de la Generalitat a ese acuerdo era la redacción del proyecto y la cesión de la titularidad del edificio, valorado en torno a los 6 millones de euros.
Marco pidió la renegociación del convenio y amenazó con no entrar al juego
Sea por esto, o porque la alcaldesa no lo tenía claro, lo cierto es que durante la campaña electoral de las municipales de 2019, Amparo Marco declaraba su descontento con aquel acuerdo firmado en 2017, que para ella tenia que ser objeto de renegociación.
Es más, tal como publicó Castellón Información, el 17 de mayo de 2019, Amparo Marco calificaba el convenio original como ‘papel mojado’, solicitaba una renegociación del acuerdo y anunciaba que, si lo que le proponía la Generalitat no le gustaba, retomaría el proyecto de construir el nuevo ayuntamiento en el solar del Asilo y abandonar, por tanto, la participación municipal en la rehabilitación del edificio de Juez Borrull.
La alcaldesa volvió a pedir la titularidad completa de los antiguos juzgados
Celebradas las elecciones, investida de nuevo con la autoridad de la máxima concejal municipal, y con el Botánico reeditado en segunda entrega, Marco intentó renegociar el convenio para solicitar la totalidad del inmueble de la plaza Borrull como nuevo ayuntamiento de Castellón.
Pero tampoco entonces Castelló vio cumplidos sus objetivos. Oltra, al frente de la Conselleria de Igualdad volvía a reivindicar sus derechos preferentes sobre el edificio de Juez Borrull.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, intentó concertar un nuevo acuerdo durante su visita institucional del 26 de junio de 2019. En este caso, el presidente del Consell mantenía los principios iniciales de mayo de 2007. La Generalitat aportaba el proyecto, del ayuntamiento lo licitaba y ejecutaba las obras, pero el incremento de los 12 millones iniciales a los 16,8 que ahora costaban las obras, serían asumidos por la Generalitat. Si, sería de uso compartido, pero la titularidad, valorada en torno a los 6 millones de euros, sería traspasada a la entidad municipal.
Y pese a todas las sonrisas, agradecimientos y otras historias ante los medios de comunicación, tampoco esta vez la alcaldesa de Castellón debía estar totalmente satisfecha con los arreglos.
La Generalitat financiará íntegramente la rehabilitación del edificio de Borrull de Castelló
Generalitat acabó proyecto, lo pasó al Ayuntamiento que le dio luz verde y… el 8 de agosto de 2020 el presidente de la Generalitat anunciaba que sería la Generalitat la que abonara la totalidad de la obra, es decir, los 16,8 millones de euros, aunque conservaría la titularidad del suelo y del inmueble.
Cabe señalar a este respecto que, aunque el proyecto llevaba meses en la entidad municipal, ni Generalitat ni Ayuntamiento mostraron la documentación a los medios de comunicación. Ni los detalles, ni la reforma, nada de nada. Hasta que comenzó el procedimiento para la licitación de la obra, cuya documentación se incluyó en la web de contratación del Estado. Fue el 20 de octubre de 2020. Para entonces, el importe de las obras había ascendido ya a 18 millones de euros (Iva incluido)
Y, posiblemente porque los medios de comunicación partían de las afirmaciones tantas veces repetidas de que sería un edificio de uso compartido entre la Conselleria de Igualdad y el ayuntamiento para albergar los servicios sociales, no se le dio importancia a algunos detalles que figuran en la memoria.
Concretamente, en la página 8, y en epígrafe de ‘Objeto: descripción del proyecto de reforma, en el segundo párrafo indica: “de esta forma, se trasladarán a una nueva ubicación más céntrica y accesible para los ciudadanos, las dependencias de la Sede de la Dirección Territorial de Castellón de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y otros servicios sociales…”
Dicho de otra manera, en ningún momento se cita al Ayuntamiento de Castellón.
Pero, es más, tampoco lo hace cuando se refiere a la distribución interior del inmueble una vez realizada la reforma, en la página 9, cuando señala: “En el marco de la obras, también se redistribuirán las plantas para cumplir con el programa de necesidades de los usuarios del edificio. El acceso principal del edificio se realiza desde la plaza Juez Borrull, mediante un espacio cubierto a doble altura que conectará el ámbito público de la plaza, con el patio interior del edificio. En dicho espacio, se sitúa conforme se entra a mano izquierda el acceso a la zona B del edificio, donde se ubicarán los espacios de la Conselleria de igualdad y Políticas Inclusivas y a mano derecha la zona A del edificio, destinada a otras dependencias con una amplia zona de registro para la atención de los ciudadanos…” ¿Pero qué dependencias y de quien?
Así las cosas, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló, José Luís López, reconocía esta mañana en rueda de prensa, que Conselleria no ha hablado con el Ayuntamiento sobre el uso compartido del edificio de la plaza Borrul… “habrá que hablarlo cuando acaben las obras”.
En resumen, quien paga manda y el ayuntamiento no está en los papeles.
