La abogada de Ramón Segarra manifestó su sorpresa cuando el defensor del Ayuntamiento hizo entrega de estos en el juicio
El Ayuntamiento de Castellón tardó 10 meses en entregar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo el expediente y los documentos con los informes técnicos sobre el conflicto de las bases para la creación de la plaza de director de la Banda Municipal. Así lo ha confirmado el Grupo Municipal Popular, y lo confirma la sorpresa de la abogada del demandante, cuando el defensor del Ayuntamiento los entregó durante la vista oral celebrada ayer.
Esperanza Molina/ Castellón Información
En diciembre de 2017, el equipo de Gobierno aprobaba unas nuevas bases para cubrir la plaza del director de la Banda Municipal, ocupada hasta entonces en comisión de Servicios por José Vicente Ramón Segarra, mediante un concurso público. El 17 de abril de 2018, el subdirector, Ramón Segarra comparecía ante los medios de comunicación, donde denunciaba la ilegalidad del proceso, y el acoso sufrido por parte del equipo de gobierno, fundamentalmente, por parte de los concejales de Personal (entonces Toni Lorenzo) y de Cultura (Verónica Ruiz). En aquella rueda de prensa, Ramón Segarra anunciaba la presentación de un recurso Contencioso Administrativo, sobre el proceso de las bases de la plaza que salía a concurso; así como querellas por acoso.
Explotaba un conflicto que se había arrastrado desde 2015, y lo hacía de la peor manera.
El equipo de Gobierno siguió adelante con su proceso para el nombramiento de un nuevo director de la Banda, y negó las acusaciones de acoso.
Pero el subdirector cumplió lo anunciado y presentó el recurso Contencioso Administrativo, que se veía ayer en una vista oral, de la que informó Castellón Información.
Como ya publicó este diario, uno de los temas que salieron a colación, fue la afirmación de la letrada de Ramón Segarra sobre la ausencia de informes técnicos que avalaran aquel cambio de procedimiento en cuanto a la plaza; y la cara de sorpresa y sonrisa que expresó, cuando el abogado del Ayuntamiento entregó durante la vista oral una documentación, que la letrada dijo no haber tenido antes.
Y es que, según indicaba esta mañana el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, la documentación requerida por el juzgado, cuando admitió a trámite la demanda de Ramón Segarra, no fue facilitada por el ayuntamiento hasta diez meses después de recibir la solicitud, a punto y hora de esta vista oral.
En su requerimiento de información, el Juzgado había dado 20 días al Ayuntamiento para que aportara el expediente de la Banda Municipal en torno al cual giraba el conflicto planteado por el demandante.
A juzgar por la expresión de la letrada de Ramón Segarra, durante la vista oral, esa documentación fue entregada tarde y mal. Y todo ello, pese a que la misma Junta de Gobierno no solo acreditó conocer el requerimiento, sino que aprobó la personación del Ayuntamiento en este contencioso, contra la demanda del subdirector de la Banda, el 14 de mayo de 2018.
El tema está visto para sentencia, lo que significa que será la juez del caso la que ahora deberá estudiar toda la documentación presentada y decidir sobre el fondo del asunto, si fue legal la anulación de las bases anteriores y la creación de unas nuevas bases para la dotación de la plaza, y si el ayuntamiento ha actuado como corresponde en todo este conflicto.
El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Juan José Pérez Macián, ha señalado en su comunicado: “sorprende mucho la dejadez del bipartito en colaborar con la justicia, pues fue requerido judicialmente para que en 20 días remitiera el expediente y no lo ha hecho hasta 10 meses después. Fue el pasado 1 de marzo cuando la Junta de Gobierno Local aprobó remitir al juzgado el expediente administrativo que le había sido requerido en fecha 14 de mayo de 2018”.
Los populares piden al gobierno de Marco transparencia para aclarar los motivos que han llevado a ocultar al juzgado hasta la fecha dicho expediente. “La ciudadanía merece conocer por qué se ha pospuesto su entrega al juzgado –cuando éste la requería en un plazo de 20 días-, hasta el presente mes de marzo, justo cuando coincide con la declaración ante el juez del ex concejal socialista de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, por haber anulado las bases de promoción interna de 2015”.
