Afirman que el equipo de gobierno ‘marea la perdiz’ para no responder a las preguntas formuladas
El Grupo Municipal Popular ha dado un plazo de 15 días para que se convoque la Comisión de Investigación municipal de la Sala de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló y se les de respuesta a sus preguntas. Transcurrido este plazo, amaga con llevar la investigación a los tribunales. El PP afirma que el equipo de gobierno ‘marea la perdiz’ para no dar respuestas, la Sala no cumple los objetivos planteados y las cámaras de seguridad, tampoco tras una inversión millonaria
EM /Castellón Información
No es la primera vez que el PP amenaza con trasladar a los tribunales la investigación sobre la sala de Seguridad de la Policía Local de Castelló. Pero la novedad ahora es que ha dado un plazo de 15 días antes de presentar la denuncia.
El planteamiento del PP pasa por afirmar, que el equipo de gobierno está prolongando artificialmente esa comisión para evitar dar respuestas claras a las preguntas formuladas por el PP que, de momento, indican, no tiene respuestas y además no se convoca la Comisión desde el 4 de diciembre.
(Comisión de Investigación de la Sala de Seguridad del 4 de diciembre de 2020)
El problema no concierne solo al equipo de Gobierno. La Comisión de Seguridad está presidida por el portavoz de CS, Vicente Vidal, que no es partidario de que la reunión sea telemática. Sin embargo, con las medidas de restricción impuestas por el Ayuntamiento tras las fiestas de Navidad, cuando se dispararon los contagios de la Covid, una reunión presencial no sería posible, al menos de momento.
El Grupo Popular entiende que, aunque Vidal sea el presidente de la Comisión, lo es por delegación de la alcaldesa, por lo que la primera autoridad municipal podría convocar la reunión de forma telemática. Si no se hace así, insisten, es porque el equipo de gobierno no tiene intención de dar respuestas y prefiere que se dilate la Comisión para que se diluya el foco de atención.
Las dudas planteadas por los populares pasan por conocer qué personas (con nombres y apellidos) y de qué departamentos concretos, optaron por encargar a una empresa externa la elaboración del pliego de condiciones para sacar a concurso público esta Sala de Seguridad, cuyo presupuesto inicial rondaba el millón de euros.
Para el Grupo Popular, este detalle es de suma importancia ya que el Ayuntamiento solo encargaba a empresas externas temas muy concretos en las que carecía de expertos para elaborar condiciones de los concursos, como eran las pólizas de crédito o de seguros.
Cuestionan por qué se contrató a una empresa que, según la documentación aportada y las indagaciones realizadas tenía entidad jurídica pero no actividad ni personal contratado.
Estiman que, si la necesidad que se planteó con aquella Sala de Seguridad era el de unificar en un mismo punto de control todas las medidas de seguridad, las salas de seguridad de cada uno de los departamentos municipales y las cámaras de vigilancia, pese al coste de la operación, entienden que no se han cumplido los objetivos. En la actualidad, añaden, el Ayuntamiento tiene cámaras repartidas por toda la ciudad y cada una controlada por una empresa diferente.
Reconocen que, en el asalto de la azotea del 30 de septiembre de 2017, no funcionaron unas cámaras antiguas, pero afirman categóricamente, que las que tenía que haber aportado Eurocop no estaban instaladas pese a que se habían decepcionado en el mes de abril de ese año. Basan esta afirmación en la inexistencia de imágenes del interior del edificio municipal cuando se produjo el asalto.
Según informó Castellón Información, es cierto de que parte de las cámaras del interior del edificio municipal no funcionaron el 30S. Se trataba de una red antigua de cámaras de indigovisión que dependían directamente del departamento de ingeniería. Las imágenes no podían visualizarse desde la sala de Seguridad de la Policía Local y no fue hasta que se produjo el asalto y comenzó la investigación e la Policía Nacional, cuando se comprobó que las cámaras llevaban días sin grabar por un problema en las conexiones.
(Cámaras de Seguridad municipales según fotografía del 4 de octubre de 2017)
Sin embargo, dicen los concejales del PP, si hubieran estado instaladas las cámaras de Eurocop en los lugares en los que se había acordado instalarlas, si se hubieran obtenido las imágenes que se necesitaban. Luego, si el Ayuntamiento no pudo proporcionar estas imágenes de los rellanos del edificio consistorial, cabe pensar, que los cámaras de Eurocop no habían sido instaladas.
La información a la que accedió Castellón Información de fuentes municipales no coincide con estas afirmaciones. En contra de lo que afirma el PP, las cámaras de Eurocop si estaban entregadas e instaladas. Y de hecho, manifestaban a Castellón Información, las imágenes recogidas por ellas se entregaron a la Policía Nacional en el proceso de investigación.
Ahora bien, según según esas mismas fuentes, se optó por no duplicar los circuitos sujetos a imágenes de seguridad, que ya estaban cubiertos por las cámaras de indigovisión antiguas… por esa razón, las imágenes que se recogieron y que fueron remitidas a Comisaría pertenecen a otras zonas como las fachadas del edificio municipal, puerta principal y parking.
En cualquier caso, el Grupo Municipal Popular insiste en que hay demasiadas preguntas sobre la mesa a las que no se les da respuesta. Cuestionan una inversión tan elevada para una infraestructura de seguridad que según dicen, ni funciona ni cumplió las expectativas. Y aducen, además, que si lo que se pretendía era centralizar servicios y cámaras, resulta inexplicable que posteriormente el Ayuntamiento volviera a contratar otros servicios de cámaras y seguridad, a través de dos empresas diferentes, a las que habría que sumar ahora, las que se corresponden con el nuevo sistema de vigilancia del centro de Castelló.
La versión ofrecida por Vicente Sales en la rueda de prensa:
En su versión, el edil popular Vicent Sales declaraba esta mañana: “Todavía son muchas las sospechas y presuntas irregularidades en el proceso de licitación que se siguió para renovar la Sala de Emergencias de la Policía Local. A pesar de los múltiples incumplimientos del contrato, fue recepcionada como si todo estuviera en orden y no es así. Ni siquiera contaba con cámaras que hubieran puesto cara a los asaltantes del Ayuntamiento el 30 de septiembre de 2017, en la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, lo que llevó a tener que sacar dos contratos menores adicionales para suplir esta carencia”.
“Recientemente ha salido a licitación el nuevo contrato de las 80 cámaras de videovigilancia en instalaciones municipales, pendiente de licitar desde el 25 de octubre de 2016, que era cuando se ejecutaba la nueva Sala de Emergencias, por lo que entendíamos que ésta ya lo contemplaba y, por si fuera poco, se pone en marcha un sistema de videovigilancia de tráfico en el centro con otras 14 cámaras, gestionado de manera externa”.
Pasan los días y el edil Popular lamenta que “la alcaldesa Amparo Marco siga gastando dinero de todos los castellonenses en torno a esta polémica instalación, que sigue sin prestar el servicio con el que fue concebida, porque no se ha cumplido el objeto del contrato que recordemos era la unificación de las tres salas: Policía, Bomberos y control del Tráfico en una sola a través de un contrato licitado en 900.000 euros”.
“Después de saber que no estaban instaladas las cámaras de seguridad en el Palacio Municipal que, sin embargo, sí se habían recibido el 17 de abril del 2017, los Populares siguen buscando respuestas. El equipo de gobierno nos mintió haciéndonos creer que las cámaras que había estaban obsoletas, cuando las únicas que había eran las de un circuito alternativo controlado por ingeniería. No estaban las cámaras contratadas”, decía Vicent Sales y añadía: “Se nos dijo entonces, en 2017, que hacía falta sacar otro contrato además del de 600.000€ para el software de la Sala, cosa que en absoluto era cierto cuando se licitó en el primer contrato, para lo cual se contrató a una empresa con apariencia de ser fantasma (Alt 165), sin personal ni actividad económica conocida, ubicada en el mismo municipio, San Lorenzo del Escorial, que la empresa que acabó llevándose el contrato (Eurocop)”.
Es entonces cuando se ejecuta un segundo contrato, el del software, que no estaba contemplado en el contrato inicial y que después ha sido objeto por dos veces de resoluciones contrarias a la acción del gobierno municipal en los tribunales de arbitraje contractual. En un principio se le adjudicó a la misma empresa que inicialmente se había llevado los 4 lotes del contrato inicial (Eurocop), aunque debido a un recurso, perdió uno de los lotes. Y este segundo contrato que también se le adjudicó, fue recurrido por otra empresa, que ganó el recurso en los tribunales; el Ayuntamiento decidió suspender entonces el concurso. Y finalmente y ante un nuevo recurso, se le ha tenido que adjudicar a una empresa diferente”.
Sospechas y más sospechas del PP
Para los Populares es imprescindible aclarar “por qué hoy en día no hay una única Sala de Emergencias, si tal y como señala el Informe de Necesidad que fue origen del contrato y que fue firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, y por el Intendente JS, “se ha generado la necesidad de fusionar todas las salas en una (sala de coordinación de emergencias, la de bomberos, la de PLCS y la sala de gestión y control de tráfico) para dar una respuesta coordinada”.
“Tampoco, indicaba, hay respuesta a por qué las cámaras correspondientes al Lote 4 del contrato recepcionadas el 17 de abril de 2017 no estaban instaladas y en funcionamiento el 30 de septiembre durante el asalto a la azotea”.
“No entendemos por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido correctamente y lo que es más grave, por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestaciones del mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017”.
Por todo lo anteriormente expuesto, los Populares piden la reactivación inmediata de la Comisión de Investigación; la entrega de todo el material documental pendiente y piden colaboración máxima por parte del equipo de gobierno socialista”.
Cronología aportada por el GMP
- Origen del primer contrato: expediente 30916/2016. Informe de necesidad de equipamiento de la sala de Emergencias, firmna firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, y por el Intendente JS, “se ha generado la necesidad de fusionar todas las salas en una (sala de coordinación de emergencias, la de bomberos, la de PLCS y la sala de gestión y control de tráfico) para dar una respuesta coordinada”. Se anuncia que la redacción del pliego de condiciones técnicas se externaliza y se encarga a la empresa ALT 165.
- Diciembre de 2016: Se adjudica el contrato de equipamiento integral de la Sala de Emergencias. El precio inicial por valor de 899.030 € (iva incluido) y se acabó adjudicando en 4 lotes por un valor cercano a los 791.105 €. Es decir, nos costó a todos los castellonenses casi 800.000 euros.
Los cuatro lotes fueron adjudicados inicialmente a la empresa Eurocop, con sede en San Lorenzo del Escorial, igual que ALT 165, si bien una de las empresas recurrió el procedimiento de selección y adjudicación del lote 2, y acabó ganándolo en los tribunales, demostrando que, al menos, había un interés especial en que los cuatro contratos recayesen en la misma firma.
Lote cuatro: En el objeto del contrato, el día 26 de septiembre de 2016, figura en la cláusula primera, que el Lote 4 tiene por objeto el “Suministro, instalación y puesta en servicio de un nuevo equipamiento de Cámaras de Seguridad CCTV con análisis de video en diferentes sedes municipales con conexión a la Sala Cecop del Área de Seguridad Pública y Emergencias”
El importe máximo de este Lote 4 era de 136.000 euros más 28.560 euros en concepto de IVA.
- 2 de diciembre de 2016: en la mesa de contratación de 2 de Diciembre de 2016, se dio cuenta de los informes técnicos de ALT165 con el conforme del Sr C., proponiendo la adjudicación a esta sociedad.
- 23 de diciembre de 2016: A propuesta del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo, número 2 del PSOE y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, se lleva a la Junta de Gobierno Local, que preside la citada Amparo Marco, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2.016, un acuerdo que sale adelante con la adjudicación de este Lote 4 a la mercantil Eurocop, igual que los lotes 1, 2 y 3.
- 23 de marzo de 2017: el Intendente General, JL C, envía un escrito a la Jefa de Patrimonio y Contratación, PS, proponiendo una modificación del contrato.
- 7 de abril de 2017: la Jefa de Contratación responde que tal y como dice la Ley “la modificación del contrato no podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación”. Y que “lo contrario equivaldría a un nuevo contrato”.
- 17 de abril de 2017: el Intendente Jefe JLC recepciona los Lotes 1, 3 y 4 de parte de Eurocop Security Systems.
- 30 de septiembre de 2017: asalto a la azotea de las dependencias del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Castellón. La versión oficial del equipo de gobierno de Amparo Marco fue que las cámaras no funcionaban. Ninguna. Algunas, al parecer desde el 13 de septiembre, otras, según la versión del número 2 del PSOE en el Ayuntamiento de Castellón, responsable de la Seguridad Ciudadana en la ciudad e impulsor del proyecto, que costó 800.000 euros, las cámaras de vídeo no funcionaban.
- 21 de noviembre de 2017: Formalización de un segundo contrato menor, es decir, a dedo, con el objeto de sustituir las cámaras analógicas del interior del ayuntamiento y del exterior por otras más modernas y, sobre todo, que en teoría funcionasen.
- 28 de noviembre de 2017: formalización de un segundo contrato con este mismo objeto.
- 4 de diciembre de 2020: El gobierno municipal saca el pliego de condiciones técnicas que han de regir la contratación del servicio de instalación y mantenimiento de los sistemas de seguridad de robo y cámaras y conexión a central receptora de alarmas municipal de los centros dependientes del Ayuntamiento de Castellón.
- 23 de febrero de 2021: El gobierno municipal está invirtiendo 600.000 euros en un segundo contrato de software que se suman a los 900.000 euros iniciales por los que se licitó la renovación de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castellón.
