El juzgado número 4 de Vinarós ha aceptado la denuncia de la Fiscalía en torno a la planta de gas del Castor y ha abierto causa por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia, el juzgado ha llamado a declarar a 18 personas en calidad de imputados.
Esperanza Molina/Castellón Información
A finales de 2014 la Fiscalía Provincial de Castellón manifestó que apreciaba indicio de delitos en torno a la construcción de la planta de gas Castor, y manifestó su intención de denunciar el caso ante el juez decano de Vinarós.
Ahora, según ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a través de su cuenta de Twitter, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinarós, no solo ha aceptado la denuncia, sino que ha decidido abrir causa por presunta prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Según ha confirmado el TSJ, el juez tomará declaración a 18 personas, en calidad de imputados por el caso Castor.
¿Qué es el Castor?
El denominado ‘proyecto Castor’ consistía en el aprovechamiento de una infraestructura creada cuando se realizaron sondeos petrolíferos años atrás. El proyecto contemplaba su transformación para la creación de un almacén submarino de gas. La planta estaría conectada a tierra por una tubería donde se construiría la planta complementaria para el tratamiento y suministro del gas.
Según los datos aportados por el vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón, Miguel Barrachina, el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia del Castor, que era competencia exclusiva del Gobierno Central, fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narvona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente, respectivamente. Ya las primeras concesiones y licencias llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 1º de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero.
Faltaban informes
Sin embargo, y según las mismas fuentes, el proyecto Castor, que fue adjudicado a la empresa Escal UGS, de ACS, no disponía de todos los informes necesarios para la concesión de los permisos, entre ellos, un estudio sísmico sobre la zona, para valorar adecuadamente el impacto ambiental.
Por otra parte, y según se denunció también en su momento, El Gobierno no solo otorgó el permiso, sino que blindó el contrato con una cláusula de indemnización de 1.700 millones a la empresa adjudicataria, en el caso de que el proyecto no llegara a funcionar.
La plataforma del Proyecto Castor empezó a operar, a modo de prueba, a finales del verano del 2013. En tan solo 20 días, y según confirmó el Instituto Geográfico Nacional, se apreciaron más de 500 seísmos en las costas de los municipios más cercanos a la planta, del sur de Tarragona y norte de Castellón.
El Gobierno paraliza la planta
Tras las quejas y denuncias, se suspendieron las inyecciones de gas. Escal renunció a la explotación de la planta. El 3 de octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto Ley que establecía la hibernación de las instalaciones. Durante la hibernación, indicaba el Real Decreto, no se realizará ninguna extracción o inyección de gas, si bien añadía, que se podrá poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejaran o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras.
En el mismo Real Decreto se aprobaba, la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, S.L. Se establecía la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, S.A.U. que sería también quien se encargará, durante la hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.
Reconocimiento de la inversión
Por último, el Real Decreto Ley establecía el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión. Esta cantidad, indicaba el documento oficial, sería abonada por Enagás Transporte a Escal UGS, S.L. Enagás adquiriría derechos de cobro del sistema gasista y amortizaría el pago durante un plazo de treinta años. El primer pago se realizará el 25 de abril de 2016. En resumen, que el coste del Castor sería pagado por todos los ciudadanos, a través de los recibidos del gas.
Si el cierre del Castor generó satisfacción, no sucedió lo mismo con la cláusula de indemnización y con el pago aprobado por el Consejo de Ministros. Según el Partido Socialista, el Gobierno del PP se ha dado mucha prisa en pagar esa indemnización. Según los políticos del Partido Popular, los tribunales no han aceptado los recursos interpuestos para no pagar, porque la indemnización fue aprobada por el Gobierno Socialista dentro de la legalidad y es jurídicamente vinculante.
La Fiscalía toma cartas
La tercera parte presente en este asunto ha sido la Justicia. La Fiscalía de Castellón ya tomó cartas en el asunto cuando comenzaron los seísmos. A finales del pasado ejercicio se pronunciaba y acordaba denunciar ante el juzgado decano de Vinaros a los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y a la empresa Escal UGS, por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. La denuncia de la Fiscalía se dirige también contra los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, que intervinieron en la época de Zapatero para la tramitación de la concesión de explotación del proyecto.
