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jueves, 21 de noviembre de 2024 | Última actualización: 19:57

El Partido Popular lamenta que la izquierda se apoye en tránsfugas para gobernar la provincia

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"La izquierda en la provincia de Castellón ha demostrado una deslealtad sin límites a la democracia y ha decidido pisotear el Pacto Antitransfuguismo a cambio de tener alcaldías". Elena Vicente-Ruiz, coordinadora de acción política del PPCS ha lamentado que "con tal de tener la vara de mando y repartir sueldos, los nuevos gobiernos de izquierda se alíen con tránsfugas en la provincia".

Vicente-Ruiz considera que "es muy preocupante que las primeras decisiones de partidos como el PSOE y los nacionalistas sean, justamente, ir en contra del Pacto Antitransfuguismo y que, además, Ximo Puig ampare estas decisiones".

En la provincia de Castellón se encuentra el caso del Ayuntamiento de l'Alcora y el de Torreblanca. En ambos, los pactos de izquierdas se apoyan en políticos tránsfugas y que han sido expulsados de su partido, Ciudadanos. "El PSOE ha decidido obviar un hecho tan reprobable que atenta contra los principios básicos de la democracia con el único objetivo de desalojar a la lista más votada, la del Partido Popular".

A juicio de Vicente-Ruiz, lo más grave, es que "además premien a estos políticos no sólo con cargos, sino con sueldos públicos que deben pagar los propios ciudadanos". En el caso de l'Alcora, por ejemplo, el tripartito ha asignado un salario al concejal tránsfuga con dedicación exclusiva de 28.350 euros por realizar las funciones que en la pasada legislatura realizaba un funcionario.

El PSOE, en contra de sus propios principios

Es muy preocupante, tal y como reflexiona la coordinadora de acción política de los populares que "hace una década fuera el PSOE quien presidiera la firma y revisión de este pacto y que, su primera decisión sea incumplirlo e ir en contra de sus propios principios y de los resortes de la democracia".

Vicente-Ruiz confía en que "estas decisiones sean reconsideradas y no premien este tipo de actitudes que no son más que una estafa a los ciudadanos de Castellón y una forma de dañar las normas básicas que nos hemos dado todos en el funcionamiento democrático de las instituciones".