“La legalidad de sus viviendas queda supeditada a una serie de condiciones que no saben si podrán asumir los residentes, lo que les deja en una situación de absoluto desamparo”, señala Sergio Toledo
El portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, junto al concejal del PP Juan Carlos Redondo, ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria, Daniel Montel, y de la Plana d’En Trilles, Jorge Begués, a la que también se han sumado otros miembros de las juntas directivas, con el propósito de abordar la situación de indefensión e incertidumbre que trae el Plan General a los residentes de esta zona. La gran preocupación de los vecinos es que este Plan General somete a revisión todas las viviendas, incluso las que estaban en suelo urbano, y que ha llevado que participen en la misma más de medio centenar de vecinos.
Los Populares han recogido el malestar y la preocupación existente al eliminarse el Plan Especial de la Marjaleria que hasta ahora les protegía. “La legalidad de sus viviendas queda supeditada a una serie de condiciones que no saben si podrán asumir los residentes, lo que les deja en una situación de absoluto desamparo”, señala Sergio Toledo.
Y añade: “En 2019 la alcaldesa Amparo Marco les prometió la legalización de todas las viviendas y, ahora, al perder la singularidad que les amparaba con el Plan Especial de la Marjaleria, les trasladan toda la problemática a los propietarios, que para legalizar sus viviendas deberán estar por encima de la cota de inundabilidad y tendrán que instalar por su cuenta depuradoras en cada una de sus viviendas, y todo esto tendrán que hacerlo en un máximo de diez años, por supuesto pagado de su bolsillo. Este Plan General les hace perder derechos adquiridos para volver a la casilla de salida”.
Cabe recordar que asociaciones de la Marjaleria presentaron alegaciones al Plan General con el objetivo de garantizar la continuidad de sus viviendas. El Plan General Estructural está judicializado y hay 16 recursos contencioso administrativos en los tribunales de Justicia.
“Definitivamente, éste no es el Plan General que hubiera aprobado el Partido Popular, en primer lugar porque no nace del consenso, nosotros defendemos para la Marjalería un Plan Especial adaptado a la realidad actual. Los vecinos piden seguridad urbanística para poder vivir tranquilos, teniendo en cuenta la singularidad de la zona”, apunta Toledo.
La asociación anuncia movilizaciones a principios de diciembre para defender sus derechos, piden que sus impuestos reviertan en mejoras para la Marjaleria. Reclaman certidumbre urbanística y acabar con el agua estancada que mantienen inundadas parcelas en la Molinera, Senillar y Bovar, desde la rotura de una tubería central hace tres años. Pide que se activen los motores de extracción de agua para evitar que sean puntos de proliferación de mosquitos.
Entre otras de sus reclamaciones está la apertura del consultorio médico de la Marjaleria y más presencia de patrullas policiales para evitar robos y ocupaciones ilegales de viviendas.
