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"Mañana comienza en Vinaròs el juicio a un capricho del PSOE que ha consistido en tirar 1.800 millones de euros del contribuyente al fondo del mar con el proyecto Castor". Así se ha pronunciado el portavoz del PP en el municipio, Juan Bautista Juan, sobre el juicio oral que comienza mañana en el juzgado de Vinaròs y que cuenta con 18 imputados, muchos de los cuales son cargos del Gobierno socialista de la era Zapatero, quienes consumaron este proyecto en la costa del Maestrat.
Cabe recordar que este almacén fue impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006 quien fijó una compensación a la empresa en caso de que no se llevara a cabo. El Gobierno del PP dejó en hibernación el almacén y defendió los derechos de los consumidores al recurrir a los tribunales para evitar la indemnización en 2012 y, además, con una orden ministerial del mismo año inició un procedimiento de urgencia para la Declaración de Lesividad del artículo 14 del Consejo de Ministros de 2008, que fue cuando se fijó la indemnización para la empresa.
Juan ha señalado que "desde el PP respetamos absolutamente el proceso judicial y es la Justicia la que debe dirimir si hubo algún delito". Asimismo, los populares recuerdan además que "el actual Gobierno de España ha tomado las decisiones encaminadas a reducir el coste que supone el cierre del Castor para los españoles"
El PP de Vilafranca defenderá la creación del "defensor del ciudadano"
Por su parte el PP de Vilafranca defenderá mañana en el pleno municipal una moción en la que propondrá la creación de la figura del defensor ciudadano. El defensor del Vilafranquino tendrá como cometido mediar con el ciudadano ante posibles conflictos que puedan surgir de la relación entre la administración y los vecinos.
Los populares plantean que este servicio sea gratuito y que la persona asignada para realizar dicha tarea sea designada por consenso entre los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento y no reciba ninguna retribución por el desempeño de sus funciones. La finalidad última es mejorar la atención al ciudadano, sin que suponga un coste adicional para las arcas públicas.
