Aguilella remite un escrito a Ten reclamando una reunión para “desarmar las mentiras de la izquierda ante una prohibición histórica”
Castellón Información
El Partido Popular de la provincia de Castellón ha remitido un escrito a la Subdelegación del Gobierno para que su máxima responsable, la socialista Soledad Ten, explique los motivos que han llevado al PSOE a vetar la participación de la presidenta provincial del PPCS, Marta Barrachina, a los actos oficiales de la Guardia Civil.
La invitación, cursada por la Subdelegación y remitida a la líder del PPCS días antes de la celebración de la festividad de la Benemérita, fue vetada por la subdelegada del Gobierno “sin argumentos que la justifiquen más allá del más puro sectarismo político”.
Así lo ha considerado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha acusado a los socialista de “emponzoñar un acto festivo y de reconocimiento para los hombres y mujeres que forman parte de la Guardia Civil negando el acceso de la presidenta del PPCS después de haber cursado formalmente su invitación”.
El PPCS reclama ahora una reunión con la máxima responsable del Gobierno de España en la provincia “para que explique los motivos de una decisión absolutamente injustificada y propia de quienes creen que o piensas como ellos o estás contra ellos”.
En efecto, señala Salvador Aguilella, “es la subdelegada la que formalmente invita a nuestra presidenta provincial, Marta Barrachina”. Por tanto, “es ella la máxima responsable del protocolo”. Para el PPCS, “resulta pueril e impropio de un cargo de Estado como es este, que ahora Soledad Ten pretenda echar balones fuera y cederle toda responsabilidad a los miembros de la Guardia Civil, agentes a los que deseábamos felicitar en persona con la presencia de nuestra presidenta y que nada tienen que ver con esta acción política tan desdeñable“.
Por otro lado, “es rotundamente falso que el PPCS solicitara un aumento de aforo”. De hecho, “de haber sido así, como sostiene ahora el PSOE, nunca nos hubieran concedido la invitación que finalmente fue vetada por la subdelegada del Gobierno”.
Por todo ello, señala Aguilella, “apelamos a la responsabilidad de quien ejerce de representante del Estado en la provincia”, para actuar “de acuerdo a criterios objetivos y no intereses políticos y electoralistas”. “A Castellón le irá mejor que quien ejerce de representante del Gobierno de España aplique criterios democráticos y constitucionales en lugar de prohibiciones que son más propias de quienes temen que la libertad y los derechos ciudadanos se impongan a sus intereses políticos”.
