La propuesta de la Comisión Europea podría llevar al amarre de 61 buques y la pérdida de 600 empleos directos en la provincia
La pesca de arrastre en la provincia de Castellón se enfrenta a un futuro incierto debido a la propuesta de la Comisión Europea de reducir los días de faena para este tipo de pesca. De los 133 días actuales, se plantea una drástica reducción a solo 27, lo que pondría en grave peligro la viabilidad del sector. Esta medida no solo afectaría a los pescadores, sino que también tendría un impacto devastador en el tejido social y económico de los municipios costeros, con la amenaza de la desaparición de una tradición que ha sustentado a numerosas familias durante generaciones.
La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se ha reunido este sábado en el Grao con el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y representantes de diversas cofradías de pescadores y alcaldes de los municipios afectados por la propuesta. Todos han coincidido en el rechazo unánime a la medida, que consideran insostenible para un sector estratégico de la provincia.
"Nos encontramos ante una propuesta de la Comisión Europea que pone en grave peligro no solo el futuro de nuestra flota de arrastre, sino también la vida de nuestras comunidades pesqueras y el sostén económico de cientos de familias", ha expresado Marta Barrachina, quien ha subrayado que la reducción de 130 días de faena a solo 27 no es viable para el sector.
En el encuentro, los representantes del sector pesquero y las administraciones locales han advertido que la medida, de aprobarse, condenaría al amarre definitivo de 61 de los 156 buques de arrastre que faenan en la provincia. La pérdida de estos buques implicaría una drástica reducción de la actividad pesquera, con la consiguiente pérdida de 600 empleos directos en la región.
Por su parte, Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, ha calificado la propuesta como un "ataque directo a las familias y a la economía de Castellón". Según el conseller, "esta decisión no tiene en cuenta la realidad socioeconómica de nuestra flota pesquera", y añadió que "afecta no solo a los pescadores, sino también al tejido social y económico de los municipios costeros".
Los gobiernos de la Comunidad Valenciana, junto con las autoridades de Andalucía, Baleares, Cataluña y Murcia, han enviado una carta al nuevo Comisario Europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, solicitándole que reconsidere esta medida. En el documento, las comunidades autónomas piden que se revisen las restricciones propuestas, subrayando el impacto negativo que tendría sobre el empleo y la continuidad de las cofradías pesqueras.
La Diputación de Castellón también llevará a pleno una moción el próximo 17 de diciembre en la que solicitará al Gobierno Central la paralización de la aplicación de esta medida hasta el año 2030. En la moción, también se pedirá que se busquen alternativas viables para garantizar la sostenibilidad del sector pesquero y se respete el esfuerzo ya realizado por los pescadores de la provincia en los últimos años.
"Hoy, más que nunca, debemos estar unidos todas las administraciones públicas, no solo para frenar esta medida, sino para garantizar un futuro digno y sostenible para nuestras cofradías, nuestras lonjas y nuestra pesca de proximidad, que son una parte fundamental del tejido social y económico de Castellón", concluyó Marta Barrachina.
