Los grupos del Pacto del Grao cumplirán su acuerdo en el Pleno del día 29 pese a las críticas de PP, CS y asociaciones vecinales
El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobará, casi con toda seguridad, el cambio de topónimo de la capital de la Plana a su denominación en valenciano, en cumplimiento del acuerdo del Pacto del Grao. Las 38 alegaciones presentadas han sido rechazadas y solo se han reconocido dos acepciones: la de que el nombre, en castellano no fue producto de una imposición tras una guerra, y que el Consell de Cultura no emitió informe favorable. El Grupo Popular exige respeto a Garcia y cuestiona la participación ciudadana.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El pleno del Ayuntamiento de Castellón abordará el próximo jueves, día 29 de noviembre, la aprobación definitiva del cambio del topónimo de la ciudad, que perderá su ‘n’ y pasará a denominarse solo con su terminología en valenciano: ‘Castelló’.
Será el último paso de una tramitación municipal que comenzó el pasado mes de mayo, con la propuesta llevada a pleno por la concejalía de Normalización Lingüística, aprobada por mayoría absoluta, y que se formalizará con el ‘visto bueno’ del Consell en próximas fechas.
El cambio de topónimo de la ciudad ha enfrentado a los que opinaban que Castellón debería conservar sus dos denominaciones oficiales: Castellón y Castelló, y quienes han avalado la eliminación del nombre en castellano para conservar solo su denominación en valenciano: Castelló.
Pero a todos los efectos y, tras el rechazo de las alegaciones, todo parece apuntar a que el cambio se llevará a cabo con el poyo de los grupos que firmaron el Pacto del Grao: Grupo Municipal Socialista, Compromís y Castelló en Moviment, y el rechazo de los grupos Popular y Ciudadanos.
Y no ha sido precisamente, un tema de consenso, hasta el punto, de que se han llegado a crear plataformas en redes sociales a favor y en contra, e incluso, se ha llegado a cuestionar la participación ciudadana, o las reacciones que, según el promotor de la iniciativa, proceden de la extrema derecha.
El informe oficial que avala el acuerdo de modificar el nombre de la ciudad para conservar solo el topónimo en valenciano de Castelló y el Grau, cita que era uno de los requisitos incluidos en el Pacto del Grao, que firmaron los tres grupos que impulsaron el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Castellón. Según los tres grupos políticos, el proceso ha sido impoluto y cumple con precisión las normas legales, que otorgan al Ayuntamiento y sus representantes, la potestad de tomar esta decisión después de cumplir los trámites legales establecidos.
No son de la misma opinión los grupos de la oposición municipal, pero tampoco el resto de los autores de las 38 alegaciones presentadas, y que han llegado a cuestionar desde los recursos históricos defendidos por la iniciativa, hasta los procedimientos de consulta y participación utilizados para un tema que, entienden, debe ser de ciudad y debería de haber contado con un consenso absoluto.
Según el informe oficial, de las 38 alegaciones presentadas, dos de ellas fueron rechazadas porque no se presentaron durante el plazo establecido para ello. Ambas fueron realizadas tras la aprobación inicial del cambio de topónimo y no durante el plazo estipulado para presentarlas. Una de ellas se transformó en un recurso contencioso administrativo, que fue admitido a trámite por el juzgado, y se instruye ahora en la Ciudad de la Justicia.
Las otras, presentadas por particulares, grupos políticos y asociaciones vecinales, han sido rechazadas, prácticamente en su totalidad. En el informe oficial se alude, a que el modelo presentado por muchas de ellas era idéntico, y se agrupan en función del motivo alegado, de forma que se responden en conjunto y no de forma individualizada, por razones de eficacia.
Solo se han aceptado dos pequeñas acepciones, incluidas en la argumentación del Grupo Municipal Popular, que, aunque no se consideran ‘de peso’ para parar el proceso, si tienen su miga.
El topónimo de Castellón no se impuso en una guerra
La primera de ellas, tiene que ver con la referencia histórica del uso del topónimo en castellano, sobre la que el PP ha presentado sobrada documentación para justificar que ni fue una imposición tras una guerra, ni el resultado de los Decretos de Nueva Planta (promulgados entre 1707 y 1716).
Para entenderse. Uno de los razonamientos que apoyaron el cambio de nombre al inicio del procedimiento, es que el topónimo de Castellón había sido una imposición generada a raíz de la guerra de sucesión española, a principios de siglo XVIII (generada entre los partidarios de Felipe de Borbón, y el Archiduque Carlos de Habsburgo). El reconocimiento de Felipe de Borbón, como rey Felipe V, generó un conjunto de decretos (Decretos de Nueva Planta) por los que se abolieron leyes e instituciones de diferentes territorios españoles, entre ellos los reinos de Valencia y de Aragón.
Según este discurso, el nombre de Castellón habría sido una imposición y el cambio de topónimo respondería a una reivindicación histórica para recobrar una identidad perdida.
Pero según la documentación aportada por el Grupo Municipal Popular, estos datos no son ciertos, ya que se referencia el nombre de Castellón en documentos oficiales con una antigüedad que se remontaría, por lo menos a 1564, bajo el reinado de Felipe II de Austria.
En este sentido, la argumentación del PP ha tenido que ser aceptada. El nombre de Castellón no se impuso después de la guerra civil ni cómo una imposición de Felipe V.
No hubo dictamen favorable del Consejo Municipal de Cultura
También ha tenido que transigir el informe a la cuestión presentada por el PP, al reconocer, que el Consejo Municipal de Cultura nunca ha emitido informe favorable al cambio de topónimo de la ciudad. En este sentido, y según se ha podido comprobar, solo se hubiera tratado de un error en un acta, porque en el orden del día de aquel Consejo al que se alude, no figuraba este punto. Es cierto que se habló de ello, pero solo en el apartado de ruegos y preguntas. Por lo tanto, como indicaba el Grupo Popular, el equipo de Gobierno no puede presumir de tener de su parte un dictamen favorable al cambio de topónimo del Consell Municipal de Cultura.
No son razones de peso para modificar la iniciativa
En ambos sentidos el informe jurídico señala que no modifican la resolución. En el primer caso, porque se corrige esta argumentación y es el Ayuntamiento el que tiene potestad de modificar el nombre de la ciudad, y el de decidir por mayoría si mantiene ambos términos, tal como aprobó el Ayuntamiento en 1982 o se queda con una sola de ellas.
En el segundo caso, señala que el informe del Consell Municipal de Cultura, como el de otros consejos municipales, no son vinculantes, solo son órganos consultivos.
Falta de Participación Ciudadana
En cuanto al resto de las alegaciones rechazadas, en su mayor parte se refieren a que no es necesario cambiar el nombre de la ciudad porque ambos términos en valenciano y castellano ya son oficiales; indican que se intenta suprimir parte de la identidad de Castellón; que no se han realizado consultas vecinales o ciudadanas que respalden un tema de tanta importancia, que no se ha convocado una asamblea ciudadana, o que no se ha tenido en cuenta la participación ciudadana.
Todas ellas se rechazan en base a diferentes motivos. Lo más relevante, es que no se trata de alegaciones que puedan tener un peso jurídico, o poner de manifiesto que no se están cumpliendo los procedimientos establecidos legalmente. El Ayuntamiento tiene potestad para aprobarlo por mayoría, no tiene la obligación de realizar encuestas ciudadanas ni someter el tema a votación de Consejos municipales. Los únicos que tienen el reconocimiento legal como representantes de la ciudad, son los concejales elegidos por votación en las urnas. Por otra parte, el equipo de Gobierno señala en su defensa, que se realizó una campaña de información y se impartieron varias conferencias.
En términos más emocionales que legales, se alude a la confusión existente en la mayoría de las alegaciones en lo que se denomina ‘lenguas oficiales y ‘lengua propia’. Y en este sentido se interpreta, que la lengua propia es la que protege la identidad de un pueblo. Más allá de este punto, el resto, discutible o no, carece de peso.
Alegaciones impulsadas por la extrema derecha
El concejal de Normalización Lingüística, Ignasi Garcia alegaba ayer en un comunicado, que “la gran mayoría de alegaciones han estado orquestadas por los partidos de extrema derecha, que quieren usar nuestra lengua para dividir y crear conflicto como una arma política y con una clara irresponsabilidad. Son el Partido Popular, Ciudadanos y Vox quienes están detrás de la mayor parte de las alegaciones”.
“Los argumentos que hay detrás de las mismas ignoran lo que es la lengua propia, continúan con la falacia de la división y el conflicto, no acaban de explicar por qué Comunitat Valenciana puede tener como único topónimo la forma valenciana y, sin embargo, en Castellón esto representa un agravio y, sobre todo, ignoran el valor de nuestro patrimonio en la toponimia y la onomástica, ignoran nuestra historia y también a nuestros hijos predilectos, nuestros cronistas y nuestros expertos”.
El PP denuncia que el bipartito ha falseado el informe con el que impondrá unilateralmente el nombre Castellón en valenciano
Tras estas declaraciones y analizado el expediente que se llevará a pleno, con el rechazo de las alegaciones, el concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Feliu, denunciaba hoy la “total falta de moral y la manipulación continuada e intolerable con la que el bipartito gobierna, puesto que continúa obsesionado con eliminar el castellano de la ciudad, admitiendo incluso que ha falseado el resultado de uno de los informes en los que basa su informe para cambiar de manera unilateral el nombre de Castellón exclusivamente en su forma valenciana”.
Feliu valora la postura del bipartito, y su iniciativa “lanzada sin consenso ni posibilidad de decisión por parte de los castellonenses. Y lo que es más grave, habiéndose admitido por el área de Normalització Lingüística dos alegaciones, precisamente dos las presentadas por el Grupo Municipal Popular, en las que se admiten que el informe elaborado por el Ayuntamiento contiene errores de bulto”.
Según Feliu, el informe jurídico elaborado por el Negociado de Normalización Lingüística ha tenido que admitir “que la denominación ‘Castellón’ “no tiene sus orígenes en ninguna guerra ni imposición por derecho de conquista. Por tanto, se admite que la castellanización de la sociedad ya había comenzado con anterioridad al siglo XVIII. Por tanto, uno de los argumentos utilizados por PSPV y Compromís para justificar el cambio es “rotundamente falso”.
Se refería también al certificado del Consell Municipal de Cultural, que ha sido invalidado, y señalaba: “Tal es el grado de cinismo que desestiman el papel del órgano, calificándolo como consultivo, a pesar de su indudable valor, motivo por el cual incluyen el certificado de la votación, eso sí, falseado”.
En cuanto a las acusaciones de Garcia declaraba: “No vamos a tolerar lecciones de democracia de quien la deforma a su antojo para obtener sus fines exclusivos. El concejal Ignasi García señala y estigmatiza a todo el que no piensa como él. Califica a la oposición de extrema derecha solo porque no pensamos como él. Exigimos respeto, porque no debería recordarle que él, desde su cargo de concejal, tiene la obligación de escuchar a todos los castellonenses, le hayan votado o no, porque son todos los vecinos de esta ciudad, los mismos a los que él ningunea, los que le pagan todos los meses su nómina. Es hora de que deje la situación de histeria y revanchismo en la que vive, y de que respete y acepte otras opiniones, tan válidas como las suyas, algo que desgraciadamente ya hemos visto que no han hecho durante estos cuatro años del ‘Pacte del Frau’.
Y concluía: “Castellón habla y siente en castellano y valenciano. Sin conflictos ni divisiones. No hay ninguna necesidad de perder la forma castellana del nombre de nuestra ciudad. Votamos rotundamente no a que Castellón solo se denomine en su forma valenciana, y nos comprometemos a que, si los castellonenses nos dan su apoyo en las próximas elecciones, volver a la forma bilingüe del topónimo de la ciudad”.
