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El diputado del PSPV-PSOE por Castellón, Artemi Rallo, ha defendido hoy en la Comisión de Justicia del Congreso la supresión definitiva de las tasas judiciales aprobadas por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Según los socialistas esta decisión supuso la privación del conjunto de la ciudadanía del acceso universal a la justicia y añaden que es necesario devolver ese derecho y ampliar la exención a entidades sin fines lucrativos y para aquellas sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros.
De esta forma, el parlamentario socialista ha recordado que, durante la última legislatura, la mayoría absoluta del PP aprobó esta ley por la que se regulaban determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense.
En palabras de Rallo, “la España del PP, la de los recortes, copagos y tasazos, tuvo también su gallardonazo. A la flagrante conculcación de los derechos y libertades fundamentales de los españoles a la Salud, a la Educación o la Libertad, el exministro Gallardón sumó la privación del derecho a la Justicia al imponer unas ignominiosas tasas judiciales que disuadían y expulsaban de facto del amparo de la justicia a millones de españoles sin los recursos suficientes”.
Así, para el diputado socialista, el clamor e indignación social por la desprotección causada por las tasas judiciales impuestas por Gallardón obligó al ministro que le sucedió, Rafael Catalá, en 2015, “a reparar tal sinsentido y despropósito y derogó parcialmente las tasas impuestas a los particulares”.
No obstante, Rallo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ha propuesto ampliar la exención de tasas judiciales a las entidades sin fines lucrativos que defienden ante los tribunales intereses colectivos y derechos constitucionales y estatutarios cuando resultan vulnerados.Además, el diputado castellonense también ha defendido la exclusión de las tasas judiciales para aquellas sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros, dado que la actual crisis económica les puede impedir el acceso a la Justicia.
Finalmente, para Rallo, “el objetivo es eliminar barreras económicas que supongan una limitación de acceso a la Justicia. Las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012 vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica”.
