El proyecto para cerrar al tráfico toda la manzana del Castellón Central genera inquietud y preocupación a vecinos y comerciantes
Castelló se prepara para llevar adelante la transformación de toda la ‘manzana central’ comprendida entre sus rondas del ‘ensanche’ como una Zona de Bajas Emisiones con restricciones al tráfico de vehículos en más de un 85%. El Grupo Popular presentará al pleno del jueves una moción para poder aplicar una moratoria tal como ha pedido el ayuntamiento de Vila-real.
Una normativa de la Unión Europea plantea a las ciudades de más de 50.000 habitantes la aplicación de lo que se ha denominado una ‘Zona de Bajas Emisiones’ en el centro de los municipios, destinada a la reducción de las emisiones de carbono de los automóviles.
Frente a esta normativa, municipios como el de Vila-real han solicitado poder aplicar una moratoria en su puesta en marcha. Esto es así, porque para poder reducir el tráfico, transformar la ciudad y modificar la forma de vida de sus vecinos exige también que se adopten medidas paralelas destinadas a garantizar la movilidad y proteger a los comercios del centro de la localidad.
En Castelló, el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, que ya ha sido adjudicado para su ejecución, afectaría a todo el casco urbano delimitado por las dos Rondas de Mijares y Magdalena por el este, Cerdán de Tallada por el norte, Sant Roc, Sanahuja, Gobernador, Guitarrista Tárrega y Casalduch por el este y Orfebre Santalínea por el sur.
Se trata de una superficie de 750.000 metros cuadrados donde se realizará una transformación urbanística completa para modificar la calzada, aceras y servicios. La inversión rondará lo 8 millones de euros.
La iniciativa contenta a parte de los vecinos porque entienden que les aportará mayor calidad de vida. Pero preocupa a muchos otros, porque muchas de esas zonas no cuentan con aparcamiento dentro de los edificios; en función de la anchura de las calles tampoco podrán estacionar cerca de casa, o transitar por sus calles. Y entre los sectores más inquietos está el de los comerciantes, porque temen perder la clientela habitual.
La memoria que ha servido para adjudicar el proyecto estima que deberán abrirse cauces de participación entre los vecinos. Algo que deberá hacer sí o sí la empresa adjudicataria. También se habla de aparcamientos disuasorios, de sistemas de transporte urbanos más eficaces. En resumen, de alternativas para que esa transformación urbanística genere calidad de vida y no vacíe el centro de la ciudad.
Pero a estas alturas, todavía no se sabe cómo se va a realizar esa consulta popular y ciudadana. Se desconoce cómo o con qué medios se va a garantizar la conectividad de los vecinos y la aproximación a los comercios.
Es más, según la memoria, en la zona de actuación Castelló cuenta con un total de 6.515 estacionamientos. De ellos, 2.568 son de carácter público: Cardona Vives (402), Clavé (380), Huerto Sogueros y Rey Don Jaime (497), Santa Clara (368), Mindoro (96), Borrull (308), Avenida del Mar II (517).
Y 3.947 plazas privadas: (Clavé (200), Huerto Sogueros – Rey Don Jaime (1.286), plaza Constitución (222), Fadrell (360), Plaza de las Aulas (213), Avenida del Mar 1 (220), Avenida del Mar II (292), Notario Más (110), calle Navarra (178), Botánico Calduch (301), Islas Columbretes (565).
Sin embargo, esta dotación no será suficiente para dar solución a zonas de la ciudad de construcciones antiguas sin plaza de aparcamiento propia, o con pocos estacionamientos, sobre todo si se considera que Castelló tiene una población que ronda las 180.000 personas, con 52.400 viviendas, y que la previsión media es de dos vehículos por unidad familiar.
El anteproyecto considera que el casco urbano de Castelló dispone de un total de 52.480 plazas de estacionamiento en edificios privados, de las cuales, 8.680 están situados en la Zona de Bajas Emisiones. Pero apunta también que las plazas de estacionamiento en la calle ascienden a 31.360. De ellas, 4.320 en la Zona de Bajas Emisiones donde se va a aplicar la reducción de tráfico y estacionamiento.
Es decir, hay demasiadas cosas en el aire y pendientes de resolución antes de que comiencen las obras.
El GMP pedirá una moratoria en la ejecución de la ZBE
Esta y otras razones ha llevado al Grupo Municipal Popular a presentar una moción en el pleno del ayuntamiento del jueves, en la que solicitan una moratoria en la aplicación del ‘Castellón Central’.
El Grupo Popular afirma que la actuación es de tal trascendencia que debería abordarse como un tema de ciudad que cuente con el consenso y la unanimidad de todos los grupos.
Un proyecto de ciudad y no solo de una parte
Y no le falta razón si se tiene en cuenta, que la Zona de Bajas Emisiones puede ser el gran proyecto del siglo de Castelló si todos los grupos políticos se comprometen a llevarlo a cabo de una forma coherente y consensuada.
Porque ¿qué ocurriría si el actual equipo de Gobierno inicia todo el procedimiento de forma unilateral y luego es reemplazado tras las elecciones municipales del 28 de mayo? Es un riesgo y una posibilidad.
En un comunicado remitido desde el grupo Municipal Popular, su portavoz, y candidata a la alcaldía, Begoña Carrasco, afirma que sería conveniente buscar un consenso y una unanimidad política para desarrollar la ZBE. Y ese consenso debería comenzar desde una mirada objetiva y realista que pase por poner las soluciones que necesitará la ciudad, antes de transformarla y de que se generen los problemas.
Por esta razón, Carrasco insta al resto de los grupos políticos, a solicitar una moratoria en la aplicación de al Ley de implantación de la Zona de Bajas Emisiones en Castellón, más conocido como ‘Castelló Central’.
El objetivo que persigue la moción, indican los populares, es que los efectos negativos que comportará a los comercios, negocios de hostelería, residentes y empresas de servicios el hecho de cerrar al tráfico 745.000 metros cuadrados y controlar el acceso mediante el sistema sancionador de cámaras, que ya multan en el centro, se retrase en el tiempo y, al mismo tiempo, abrir un proceso de participación ciudadana para decidir entre todos la zona restringida al tráfico rodado donde deberían incluirse los viales que ya son peatonales.
Tal como comentaba Carrasco “Hay municipios, como Vila-real, igual de afectados por esta Ley que han anunciado que solicitarán una moratoria conscientes del daño que va a causar al comercio. Decimos ‘sí’ a una ciudad más sostenible, pero ‘no’ en los términos de imposición que sigue el gobierno municipal de Amparo Marco. Tras hablar con hosteleros, comerciantes, residentes y vecinos en general, nos reafirmamos: no es ni el momento, ni la forma adecuada de implantar la Zona de Bajas Emisiones, totalmente de espaldas a los afectados, como se está haciendo”.
La moción llegará al pleno del jueves en el Despacho Extraordinario. Propone consensuar esa moratoria mientras se estudian las fórmulas necesarias para que la transformación de la ciudad pueda abordarse de una forma coherente y aceptada por todos. Así mismo, indicaba Carrasco, “Instamos a aprovechar las calles que ya son peatonales y limitadas al tráfico rodado con el fin de que computen como zonas de bajas emisiones minimizando los problemas de movilidad. Y todo, con el doble objetivo de conseguir una ciudad más sostenible, pero ajustada a las necesidades reales y aspiraciones del conjunto de castellonenses”.
Carrasco recuerda también, que ya se ha adjudicado por más de dos millones de euros el sistema de cámaras y controles para regular el paso de los vehículos. Pero se pregunta hasta qué punto se puede aplicar esa transformación de ciudad a los vecinos con los cuales no se ha iniciado todavía el sistema de participación ciudadana. “No se ha iniciado ningún proceso de participación ciudadana para que los castellonenses puedan opinar al respecto, no han podido pronunciarse respecto a cómo quieren que sea ese espacio acotado, viendo que en otros municipios afectados por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética se va a aplicar de una manera tan drástica como en Castellón”.
En el pleno del 26 de mayo de 2022, el Partido Popular presentaba una iniciativa plenaria en forma de moción en la que instaba al equipo de gobierno municipal a poner en marcha un plan de exposición pública y participación ciudadana real, pero el equipo de gobierno desestimó la propuesta alegando que estaba contemplada la participación ciudadana.
Esto era así, porque es uno de los condicionantes que debe cumplir la empresa que ya redacta el proyecto definitivo. Ahora bien ¿Qué es lo que se va a someter a participación ciudadana? ¿El proyecto ya terminado y redactado? Entonces ¿Para qué servirá esa participación ciudadana?
La portavoz del Grupo Municipal Popular estima que sería mucho más razonable hablar antes con los vecinos y activar los canales de participación, a imponerles posteriormente un proyecto sobre el que apenas podrán pronunciarse.
