El Supremo ratifica las sentencias anteriores porque hubo falsedad de documento público y conocimiento del daño
El Tribunal Supremo ha confirmado las sentencias que condenaban a dos años de prisión a un ex jefe de la Policía Local de Moncofa, por falsificar y utilizar indebidamente una tarjeta de aparcamiento para minusválidos en 2017. La denuncia fue interpuesta por un particular que encontró la plaza indebidamente ocupada. El Tribunal considera que hubo falsificación de documento público, y que el condenado actuó con conocimiento de lo que hacía.
Esperanza Molina/ Castellón Información
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado, sin posibilidad de recurso posible, varias sentencias anteriores que condenaban a un ex jefe de la Policía Local de la localidad de Moncófa, por falsificar y hacer uso indebido de una tarjeta de minusválido, para poder aparcar en las zonas reservadas a personas con discapacidad.
El proceso comenzó en septiembre de 2017, cuando un particular que acudía al Gimnasio Municipal Parc Central de Torrent (Valencia) encontró que la plaza de aparcamiento reservada para minusválidos estaba ocupada por un vehículo Audi que presentaba una tarjeta para movilidad reducida el salpicadero. Pero lo que desató la ira y la denuncia fue cuando el particular comprobó que la persona que hacía uso de ella y que conducía el vehículo, una mujer, no tenía ninguna minusvalía y se manejaba perfectamente.
Los policías locales que atendieron a la persona denunciante comprobaron que en el salpicadero del coche había una tarjeta que permitía el aparcamiento en zona reservada para minusválidos. Pero la tarjeta les llamó la atención porque en ella no ponía la fecha de su emisión ni la de su caducidad. Estaba la matrícula del vehículo, el sello del Ayuntamiento de Moncofa pero no figuraba la fotografía del beneficiario.
La mujer que conducía el vehículo manifestó entonces, que la tarjeta era de su ‘hermano’, que estaba inválido. Pero al tirar del hilo también se descubrió la mentira.
Tal como demostraría el tribunal más tarde, y ha ratificado ahora el Supremo, en realidad, la mujer no tenía un hermano inválido, en cuyo caso tampoco debería de haber utilizado la tarjeta; pero, además, ese documento pertenecía al entonces jefe de la Policía Local de Moncofa, que tampoco tenía movilidad reducida ni era beneficiario de este privilegio, y quien la estaba utilizando en ese momento, no era su hermana, sino su pareja sentimental.
Según confirma el Tribunal Supremo, como hechos probados, el jefe de policía de Moncofa se habría fabricado una tarjeta falsa de minusválido sobre soporte oficial, con la que estacionaba en esas plazas reservadas; tarjeta que llevaba en la guantera y de la que también hacía uso su pareja sentimental cuando le convenía.
El policía habría elaborado esa tarjeta en 2013, aprovechando para ello su cargo y que el ayuntamiento modificaba la tipología del documento que se utilizaba hasta entonces. Pero el pastel se descubrió en 2017 a raíz de la denuncia interpuesta por la persona que sí se había visto privada de sus derechos.
A raíz de aquella denuncia y las posteriores investigaciones, la Audiencia Provincial de Valencia condenaba al jefe de la Policía Local de Moncofa a una pena de dos años de prisión, y a su pareja sentimental a 3 meses. En el primer caso, por ser culpable de un delito de falsedad documental de documento público, con perjuicio a terceros. En el segundo, por el uso indebido de un documento falso.
A partir de aquel momento se sucedieron los recursos a instancias superiores. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratificaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. Ahora, lo ha hecho del Tribunal Supremo, con la notificación de que ya no caben más recursos. Por lo tanto, la sentencia sería firme.
Para más detalles y según razona el Supremo, a tenor de las pruebas recogidas, queda demostrado que el policía, en función e su rango y posición tenía los medios para acceder a las herramientas y soportes de los documentos originales. Es más, en 2013 aprovechando que el Ayuntamiento de Moncofa modificaba el tipo de acreditaciones, se fabricaba una copia falsificada ‘que daba el pego’.
El ayuntamiento de Moncofa, como quedó demostrado, nunca reconoció ninguna situación de minusvalía sobre el policía, y la asistente social llegó a declarar, incluso, que fue presionada por este durante el procedimiento.
En su defensa y sucesivos recursos, ambos incurrieron en numerosas contradicciones. Por ejemplo, ella afirmó posteriormente que no había hecho uso de la tarjeta, que no era cierto de que declarara lo de su hermano minusválido, e incluso, que la plaza reservada no estaba bien señalizada por lo que aparcar en este punto solo fue un error de apreciación.
El Tribunal, sin embargo, no ha estimado las alegaciones. Considera que la falsificación no era ‘tan burda’ como justificaba el policía, y además la falsificación se había realizado con toda la intención y también se utilizó fraudulentamente pese a conocer que no tenía derecho al uso de estas prerrogativas.
Es decir, que hubo delito y también personas perjudicadas, porque ‘a sabiendas’ se había incurrido en daños a otras personas que si tenían ese derecho de invalidez reconocido.
La sentencia del Tribunal Supremo está fechada el 23 de marzo de 2022.
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