Al final se ha producido el cambio en el Consell. Alberto Fabra he llevado a cabo lo que venía pensando desde hace meses. Ha quitado los vestigios del pasado y ha conformado un equipo acorde a las necesidades para dirigir la Comunitat en una situación muy complicada en el ámbito económico y también en el social. Además, ha aprovechado la situación para posicionarse en mejor situación en las áreas en las que algunos miembros de su partido le eran beligerantes.
Ahora comienza una nueva etapa en la que el Consell debe arbitrar los mecanismos que recoge el Estatuto de Autonomía para sacarnos, aunque sea poco a poco, de la parálisis económica y también para recuperar la confianza de los ciudadanos en la clase política. Además de seguir reivindicando ante el Gobierno del Estado una financiación justa acorde con la población que vive en la Comunitat Valenciana.
El President ha eliminado del Poder Ejecutivo de nuestra autonomía a la consellera que desde hace meses, mejor años, debía haber salido del mismo por su inoperancia. Sólo hay que preguntar a los agricultores y ganaderos. Y ha apostado por personas con perfil técnico, como Juan Carlos Moragues, Inspector de Hacienda y hasta ahora delegado de la Agencia Tributaria en la provincia de Castellón, y Manuel Llombart, director general de la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Fabra hace consellera a Asunción Sánchez, concejal en el Ayuntamiento de Alicante y posible relevo, por si es necesario, de la alcaldesa Sonia Castedo.
Los que siguen el Consell eran, más o menos, de esperar. O mejor dicho, casi todos los hubiéramos acertado. En concreto, la presencia de José Císcar, que además de vicepresidente y portavoz asume las importantes competencias de Agricultura y Agua, además de Pesca y Alimentación, la de Isabel Bonig y la de María José Catalá.
Ahora sólo queda esperar que el President haya acertado en su apuesta y que los miembros del Consell trabajen de manera decidida, con ilusión y con apertura de miras para que los ciudadanos se sientan representados con la gestión que llevarán a cabo y además puedan alcanzarse acuerdos, que beneficien a todos, que es lo que está exigiendo una amplia mayoría de la sociedad, junto con los partidos de la oposición y con los agentes sociales de todo ámbito.
