Compromís muestra su indignación por el retraso del Ministerio de Hacienda en transferir el FLA extraordinario y la falta de previsión para la liquidación de 2015.
Castellón Información
Esta viernes el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba, con el voto en contra del País Valenciano, la senda de consolidación fiscal para el trienio 2018-2020, que mantiene el objetivo de déficit autonómico en el 0,4% para 2018 y en el 0,1% para 2019, una décima más de lo acordado en el último CPFF para ambos ejercicios.
Según Clara Ferrando, "este aumento ofrecido por Montoro nos puede suponer un incremento de unos 100 millones en el presupuesto, una cifra ridícula que no soluciona en absoluto el problema valenciano. Necesitamos unos 1.300 millones para acercarnos al gasto medio de las CCAA. Estamos a la cola en gasto por habitante. Ya nos gustaría poder tener un déficit del 0'4% como lo tendrán otras CCAA, pero a pesar de la mejora en la gestión y a la reducción de gasto, no podemos hacer más ajustes sin que afecte a los servicios fundamentales que prestamos. No todas las comunidades tienen un punto de partida similar y por ello los objetivos de déficit tienen que ser diferentes para cada autonomía".
El País Valenciano es la comunidad peor financiada de España. A pesar de gastar menos que la media de las CCAA, continua generando un déficit superior a la media, debido a un sistema de financiación injusto que mantiene nuestra comunidad como la única del Estado que teniendo una renta por cápita inferior a la media resulta contribuidora neta al modelo de financiación.
"Somos la autonomía peor tratada el sistema. Disponemos de menores recursos públicos por habitante que el resto de los españoles, pero a la hora de apretarnos el cinturón se nos exige como al que más. Alguien tendrá que explicar dónde está la solidaridad interterritorial que contempla la ley".
"Mientras no se reforme el modelo y se haga justicia con los valencianos y las valencianas exigimos un reparto asimétrico del objetivo de déficit. Estamos a favor de la estabilidad presupuestaria y del cumplimiento de los objetivos de deuda, pero no con la distribución interna que ha hecho el Ministerio entre las distintas administraciones".
Los objetivos comprometidos por el Estado con Bruselas fijan un objetivo de déficit público del 2'2% ara 2018 para el conjunto de las administraciones públicas, distribuido entre el 1'1% de la Seguridad Social, el 0'7% de la Administración Central, el 0'4% de las Comunidades Autónomas y el 0% para las corporaciones locales.
"Montoro se ha comprometido con la Unión Europea, pero somos nosotros los que pagaremos la factura. El ministro de Hacienda parece olvidar que las comunidades autónomas soportamos el grueso del gasto social. Tendría que explicar por qué se hace un ajuste tan drástico a las autonomías y tan flexible al estado central. Las competencias en Sanidad, en Educación o en Bienestar Social son autonómicas. Recortar el gasto a las comunidades supone recortar servicios que afectan directamente a la vida de los ciudadanos" destaca Clara Ferrando.
Compromís se muestra contrario al reparto vertical del déficit que realiza el gobierno de España sin atender las circunstancias particulares de cada autonomía y rechaza el sistema de negociación en los Consejos de Política Fiscal y Financiera, donde más del 50% de los votos recaen en el Ministerio de Hacienda.
Para Clara Ferrando, "El CPFF, el máximo órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia fiscal y financiera, se ha convertido en una reunión donde las CCAA asistimos de oyentes. El gobierno acude con su propuesta cerrada y sólo nos cabe acatar. No hay negociación ni diálogo. Las propuestas que llegan a la mesa deberían consensuarse con las autonomías con criterios transparentes y no negociarse entre partidos fuera del Consejo. El CPFF no puede ser un mercado donde se ofrezca un incremento del déficit autonómico a cambio de un apoyo parlamentario para cuestiones que no tienen nada que ver con ello. Los problemas de las comunidades no pueden ser la moneda de cambio de los partidos políticos. Es un órgano territorial".
"Desde el inicio de la crisis el gobierno central ha reducido el gasto público en un 3'6% mientras las CCAA lo han hecho en un 13%. La nuestra lo ha reducido hasta en un 18'5%. No se puede decir que somos una comunidad incumplidora. Estamos haciendo los deberes y ni se nos pueden exigir más recortes. Con el actual sistema de financiación nos es imposible cumplir el objetivo de déficit para 2018. Ni el 0'3% ni el 0'4%. El señor Montoro lo sabe, por eso exigimos que se siente a negociar en una bilateral y busquemos ya una solución al problema valenciano. Si continua asfixiando nuestra autonomía tendrá que decirnos qué hospitales y qué colegios tenemos que cerrar, y explicarlo a la ciudadanía"
"El estado nos obliga a mendigar lo que es nuestro"
La Tesorería de la Generalitat ya padece falta de liquidez y el periodo medio de pago a proveedores se puede disparar si en los próximos días no llegan pronto recursos des de Madrid.
El Estado aún no ha satisfecho los 1000 millones que quedan pendientes de la liquidación de 2015 y no ha establecido un calendario para su pago. Además de momento se ha negado a enviar en el mes de julio el FLA extraordinario que habitualmente tendría que haber llegado por estas fechas.
En junio de 2016 el Gobierno central aprobó un FLA extraordinario de 1.363 millones y por estas fechas ya había anticipado 581 millones de la liquidación de 2014. Este año el Ministerio no ha atendido la petición del FLA extraordinario hecha por la Secretaría Autonómica de Hacienda ni ha comunicado cuándo transferirá los más de 1.000 millones que el Estado aún adeuda por la liquidación de 2015.
Según Clara Ferrando "La Generalitat se enfrenta a un grave problema de liquidez si no se atienden nuestras demandas. El gobierno central nos impide hacer una gestión ordenada de nuestra Tesorería. No podemos hacer previsiones de pago simplemente porque el Ministerio no planifica sus transferencias. No queremos mendigar para poder hacer frente a nuestros compromisos. Queremos que el Estados nos transfiera los recursos que necesitamos y calendarice las transferencias. Detrás de la Generalitat hay muchos autónomos, pequeñas empresas y familias que tienen derecho a saber cuándo van a cobrar"
De los impuestos que el Estado recauda en las Comunidades Autónomas de régimen común, el 50% de la recaudación de IRPF y del IVA se destinan a financiar las autonomías, así como el 57% de impuestos especiales como el alcohol o los hidrocarburos. El problema es que el Estado hace una estimación de esa recaudación que sólo se confirma dos años después. Así, la diferencia entre la estimación de la recaudación y la recaudación efectiva de 2015 se debe liquidar en 2017. "Durante ese tiempo el Estado retiene ese dinero, que es fruto de nuestro esfuerzo fiscal, mientras nos concede préstamos como el FLA, cobrándonos intereses, para cubrir nuestras necesidades de pago a proveedores" añade Clara Ferrando.
La liquidación de 2015 asciende a 1.538 millones, de los cuales se han recibido anticipos por valor de 494 millones. De esta forma el Estado todavía tiene que ingresar a las arcas valencianas 1.044 millones de euros, un dinero que se necesita con urgencia en la Tesorería de la Generalitat para pagar a proveedores y liberar recursos para gastos como la dependencia, residencias, hospitales, ambulancias, colegios o ayuntamientos.
"Ni nos envían el FLA extraordinario, ni nos pagan lo que queda por transferir de la liquidación de 2015, ni nos dicen cuándo nos pagarán los 380 millones del sistema de financiación que tenemos reconocidos a raíz de los Presupuestos Generales del Estado y aprobados. El gobierno no nos puede exigir cumplir lo imposible y al mismo tiempo no cumplir con su parte. Nos valencianos y las valencianas sólo exigimos un trato justo y no tener mendigar lo que es nuestro"
