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Un total de 318 funcionarios que prestan sus servicios en la Administración General de la Generalitat podrán jubilarse en 2017, un 28 por ciento más de los que lo hicieron en 2016, cuando, entre jubilaciones forzosas y voluntarias, la Función Pública valenciana perdió a 229 efectivos de su plantilla.
La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha explicado que "los datos de jubilaciones previstas para el año que viene corroboran la necesidad de aplicar el Plan Estratégico de Recursos Humanos que presentamos hace dos semanas, porque la Administración valenciana envejece y pierde efectivos efectivos a un ritmo alarmante: los más de 500 jubilados previstos para los años 2016-2017 se convertirán en 5.000 en 2022".
Por conselleries, la más afectada por los retiros será la de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, donde 93 de sus trabajadores cumplen los 65 años en 2017. En segunda posición, con 57 efectivos que alcanzan la edad de retiro forzoso, está la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural pueden jubilarse si así lo desean otros 35 empleados públicos, mientras que en el departamento de Vivienda, Obras Públicas i Vertebración del Territorio podrán jubilarse 26.
Tras esta conselleria, la de Sanidad Universal y Salud Pública puede ver reducida su plantilla en 23 efectivos mientras que la Conselleria de Economía lo hará en 18, a los que hay que sumar otros 20 que trabajan en el SERVEF. En Hisenda i Model Econòmic podrán jubilarse 16 funcionarios y en Presidencia otros 10. La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas perderá 10 trabajadores y la de Transparencia, 1. Otros organismos dependientes de la Generalitat como el IVIA, el IVAT, el IVAJ y el INVASSAT tendrán que prescindir, entre todos, del trabajo de 19 empleados.
El número final de jubilaciones para el año que empieza puede variar respecto a la cifra de empleados que cumplen 65 años dado que, con la legislación laboral vigente, hay algunos supuestos en los que hay que añadir un periodo de carencia si se da el caso de que el personal afectado no alcance el periodo cotizado que exige la normativa y puede variar en unos pocos meses.
Además, cabe la posibilidad de que se produzcan solicitudes de prolongación durante 2017, de acuerdo con la Ley 10/2010 de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública. Pueden solicitarse con una antelación mínima de dos meses y máxima de cuatro a la edad de jubilación forzosa por edad. Hasta el momento, sólo se han presentado 12 solicitudes de empleados públicos que quieren prolongar su vida laboral más allá de los 65 años.
El número de retiros previstos para 2017 supone un aumento del 28 por ciento respecto a las registradas en el 2016, cuando se produjeron 229 jubilaciones, mientras que 42 trabajadores públicos optaron por prolongar su tiempo de servicio.
Para Bravo, "contratar mediante concurso-oposición a 4.500 personas durante los próximos tres años no es un capricho, es una necesidad real corroborada por datos e informes para evitar que las instituciones de autogobierno de los valencianos se colapsen por falta de efectivos".
Plan Estratégico de Recursos Humanos
El pasado 23 de diciembre, la consellera Gabriela Bravo presentó al Consell y a las organizaciones sindicales el Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Generalitat, que establece que la Generalitat necesita contratar a 4.500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años. Esa es la única manera de evitar el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla, 1.141 sobre un total de 17.073 puestos de trabajo, y amenazada por el envejecimiento.
De hecho, más del 60 por ciento de los empleados públicos tienen cincuenta o más años; de ellos, más del 13 por ciento superan los sesenta. Solo 58 personas de la Administración del Consell tienen edad inferior a los treinta. Es, pues, una plantilla envejecida.
En los próximos diez años se jubilan más de 5.000 efectivos. Si se añade la previsión de bajas por incapacidad permanente o defunción, a partir de 2018 todos los años podrán generarse más de 500 vacantes, que serán cerca de 800 a partir de 2022 y 900 entre los años 2025-2029. En 20 años se jubilará el 75 por ciento de la plantilla, más de 12.000 personas.
Por ese motivo, la consellera ha insistido en que es "imprescindible que el Gobierno central elimine las tasas de reposición que nos impiden cubrir las 1.141 vacantes existentes y las 5.000 jubilaciones que se producirán en tan pocos años. Si no tomamos medidas, el daño será irreversible", ha indicado.
