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La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha autorizado una modificación del Presupuesto de la Generalitat para 2016 mediante la que se realiza una transferencia de crédito del capítulo 2 de gastos de funcionamiento del programa 412.22 'Asistencia Sanitaria' al capítulo 3 de gastos financieros del programa 412.25 'Servicios Generales de la Secretaría Autonómica de Sanidad'. El objetivo de la transferencia es hacer frente al pago de cerca de 40 millones de euros en concepto de intereses de demora, como consecuencia de las sentencias judiciales dictadas a raíz de los recursos presentados en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 por parte de los proveedores a los que el anterior Consell no abonó las deudas en su momento.
Todos los pagos, por un importe exacto de 39.456.221 euros, corresponden a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. En total, se ha tenido que hacer frente a 22 resoluciones judiciales por impagos del anterior Ejecutivo valenciano. Los recursos presentados por los afectados provienen en su mayoría de 2012 y de 2013, junto a tres de 2014. Entre los beneficiarios de los intereses de demora, se encuentran la Fundación IVO, Cyes Infraestructuras, Secopsa Construcción, Construcciones Díaz Sala, Grupo Electro Stocks, Beanaca-Centro Médico, la Casa del Reposo y Sanatorio del Perpetuo Socorro y farmacéuticas como Novo Nordisk Pharma o Johnson and Johnson.
El pago equivale a la mitad del Acuerdo de No Disponibilidad
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha manifestado que estos desembolsos "forman parte de los desequilibrio de tesorería que ha habido históricamente en las cuentas de la Generalitat". "Son intereses de demora de impagos, impagos que en la factura de Sanidad son muy importantes porque los ingresos no llegan y, en este caso también, porque el Gobierno anterior, daba preferencia en el uso de la tesorería a otras cosas y no a la sanidad".
Se da la circunstancia de que los cerca de 40 millones a los que se ha visto obligado el Consell a hacer frente ahora por los impagos del pasado representan algo más de la mitad que el Acuerdo de No Disponibilidad por importe de 78 millones que el Gobierno valenciano aprobó en su reunión del viernes por exigencias del Ministerio de Hacienda.