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La secretaria autonómica de Hacienda ha afirmado que hasta ahora lo que se venía haciendo por el anterior gobierno "era abonar las subvenciones que consideraban no prioritarias con dos años de retraso". Así, en 2013 se pagaron deudas pendientes de 2011 mientras que en 2014 se saldaron compromisos de 2012. "Esta situación la padecían los beneficiarios de estas subvenciones, que veían cómo sus ayudas quedaban en el olvido sin tener fecha de cobro".
Ferrando ha destacado el cambio de prioridades del nuevo Consell para pagar a todos los proveedores y beneficiarios de ayudas, entre los que se encuentran ciudadanos, empresas, ayuntamientos, tejido productivo, cultura, farmacias. "Se hace un trabajo de seguimiento pormenorizado del proceso para cambiar la penosa situación" que se venía produciendo hasta ahora para nuestros proveedores y beneficiarios", ha recalcado.
La Generalitat ha abonado esta semana más de 1.536 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sistema de préstamos establecido por el Estado, un modelo que para la secretaria autonómica de Hacienda "es injusto para los valencianos". Ferrando ha señalado que el Gobierno valenciano "no comparte este mecanismo, dado que supone pan para hoy y hambre para mañana. Es un dinero que es de los valencianos y con este mecanismo hay que devolverlo en todo caso porque es un crédito y además computa en la deuda de la Comunitat, mientras que a otras comunidades autónomas estos ingresos les llegan vía modelo de financiación".
1.035 millones para pagos a Sanidad
De la relación de pagos, corresponden a la Conselleria de Sanidad facturas del ejercicio corriente por valor de 1.035,56 millones de euros destinadas, entre otros, a los conciertos sanitarios, conciertos para ambulancias, concesiones hospitalarias, suministros o tratamientos contra la hepatitis C, entre otros.
Mientras que los proveedores de las áreas de bienestar social y educación han ingresado más de 302 millones por sus facturas pendientes de cobro, de los que 210,1 millones pertenecen a la Conselleria de Bienestar Social y 92,3, a la Conselleria de Educación.
Por otra parte, se han abonado facturas de proveedores de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente por un importe de 53,8 millones; Hacienda, por importe de 47,3 millones; Agricultura, por 11,8 millones.
Asimismo, se han pagado facturas de los proveedores de la Conselleria de Gobernación y Justicia, cuyo importe asciende a 46,2 millones y de la Conselleria de Economía por 586.008 euros.
En conjunto, de los 1.536 millones un total de 1.498,7 corresponden a proveedores de las Consellerias, mientras que 37,2 se han abonado a proveedores del sector público.
Más del 88 % de los pagos realizados se concentran en cubrir servicios públicos fundamentales, como educación, sanidad y bienestar social. "El área más sensible es la primera que estamos atendiendo desde el nuevo Gobierno; no podemos dejar de lado a nuestros centros educativos, hospitales o dependencia" ha asegurado Ferrando. "El mantenimiento del estado de bienestar para nuestros ciudadanos es una prioridad irrenunciable", ha resaltado la secretaria autonómica.
Asimismo, se ha pagado la factura de las farmacias correspondiente al mes de octubre por un valor que supera los 104 millones de euros; se han abonado los pagos pendientes a abogados y procuradores del turno de oficio por 7,75 y 1,9 millones, respectivamente; y se han hecho efectivas las subvenciones en materia de dependencia por 13,95 millones.
Estas cifras incluyen a su vez el abono de subvenciones a entidades locales por un importe de 51,3 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir 16 millones de euros que a través de Tesorería de la Generalitat han recibido las entidades locales para el programa Xarxa Llibres.
En cuanto al tipo de las operaciones que se han abonado se han incluido contratos de servicios por importe de 519,1 millones; contratos de suministros que ascienden a 514,3 millones; los conciertos sanitarios que suponen 117,9 millones; contratos de obras que representan 100,2 millones; mientras que los conciertos de servicios sociales y los conciertos educativos, suponen pagos de 49,2 y 28,4 millones respectivamente.
