La venta de patrimonio autonómico y la herencia Martell aportarán los fondos para rehabilitar los inmuebles
Ayuntamiento y Generalitat se han puesto de acuerdo para la puesta en marcha de lo que han definido como el “Plan de activación de inmuebles” El Ayuntamiento de Castellón podrá utilizar inmuebles cerrados del patrimonio autonómico para su propio uso institucional, entre ellos, el Palacio de la Justicia de Plaza Borrull. Los fondos para la rehabilitación de los inmuebles, serán generados por el ente autonómico, a través de operaciones de venta de propiedades de la Generalitat en Castellón e, incluso, a través del reparto de la herencia Martell, que enfrentaba a Generalitat y Ayuntamiento desde hace más de 25 años.
Esperanza Molina /Castellón Información
El presidente de la Generalitat Valenciana ha iniciado su agenda del 2017 con una visita institucional al Ayuntamiento de Castellón, donde ha anunciado la puesta en marcha de lo que ha definido como el ‘Plan de Activación de Inmuebles’.
Lo que se presentó aparentemente, como una visita de ‘cortesía’, no estuvo exenta de contenido ni de negociación, ya que se pusieron sobre la mesa algunos de los temas y reivindicaciones largo tiempo solicitadas por el Ayuntamiento de Castellón.
En la rueda de prensa ofrecida posteriormente por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, todo fueron promesas de amor y fraternidad, de colaboración y buen entendimiento, que se concretaron en la voluntad de la Generalitat de dar uso y poner en valor los edificios y patrimonio autonómico, en la capital de la Plana, para que repercuta positivamente en la entidad municipal.
Durante muchos años, indicó el presidente, el patrimonio valenciano ha estado completamente abandonado. “Se estaban pagando alquileres cuando las instituciones tienen edificios propios cerrados”
Dicho de otra manera, se ponen sobre el tablero de juego edificios como el antiguo Palacio de la Justicia de Juez Borrull, cerrado desde la inauguración de la Ciudad de la justicia, hace 11 años, y que podría albergar distintos servicios de carácter social… o el edificio de la calle Mayor, aunque también entrarían en este acuerdo otros edificios y solares de la Generalitat, catalogados e identificados, que serán valorados en una Comisión Mixta, a partir de la próxima semana. “De lo que se trata, al final, es de buscar todas las posibilidades pensando en el ciudadano”. “Lo que sí está claro es que pondremos todo encima de la mesa, y, a partir de ahí no va a haber patrimonialización por parte de la institución para que todo aquello que es público esté al servicio del ciudadano”, declaró Puig.
Pero como confirmaron tanto Ximo Puig como Amparo Marco, no se trata de regalos envenenados en los que el Ayuntamiento deba poner el dinero necesario para su rehabilitación… Según ha indicado Ximo Puig, el proceso lleva consigo también la venta de patrimonio autonómico, cuyos beneficios servirán para mejorar y rehabilitar los inmuebles destinados al servicio público. Porque otros temas que también se negociaron y desbloquearon, después de 29 años de incertidumbre y más de 25 de litigios judiciales, fueron aquellos relacionados con la herencia Martell, que el PSOE, en la oposición, reivindicó por activa y por pasiva al Gobierno Autonómico.
El caso Martell
La herencia Martell, valorada en 120 millones de euros por el PSOE en el 2009, se centra en los bienes de la vecina de Castellón Mª Josefa Martell Farcha, que falleció en 1988 sin dejar testamento. Esta mujer tenía numerosos bienes en Castellón, parcelas, solares, e incluso propiedades en el centro de la ciudad. El Ayuntamiento de Castellón inició las primeras reclamaciones judiciales a la Generalitat cuando gobernada por Joan Lerma.
En 2002 el Tribunal supremo dictó sentencia en la que concluyó que la Generalitat Valenciana se había apropiado indebidamente de la fortuna sin testar de Josefa Martell Farcha, labradora castellonense.
El Supremo indicó entonces que la Ley exigía que una comisión tripartita distribuyera la herencia entre entidades sin ánimo de lucro. El Consell no facilitó la mayor parte de los documentos; el Ayuntamiento, que entonces compartía color político con la Generalitat, no reivindicó el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo y como denunció el periodista Nacho Martín: “una parte de los documentos que sí han salido a la luz desvelan la existencia de transacciones inmobiliarias y ventas que se cerraron obviando el procedimiento de subasta pública y antes del reparto legal de la herencia.
Por ejemplo, la Generalitat Valenciana transfirió en abril de 2004 a Francisco Roig (ex presidente del Valencia Club de Fútbol) una parcela de la herencia ubicada en el número 93 de la calle Enmedio de Castelló por 240.000 euros.
Una segunda parcela junto a la avenida de Lledó fue vendida a Instituciones Penitenciarias por 438.000 euros. Además, un mínimo de 4 propiedades coinciden con urbanizaciones que actualmente ya han sido desarrolladas por empresas privadas” (Levante, 2009).
La actual alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, cuestionó en enero de 2077, que la Generalitat enajenara “de forma irregular una finca de la herencia Martell ubicada en el PAI Lledó antes del reparto legal de la fortuna y que, según sus estimaciones, lo hizo 1´7 millones de euros por debajo de su valor real de mercado” (Levante, 2009).
En 2013, el anterior concejal de Hacienda, Juan José Pérez, ratificó durante el pleno del Ayuntamiento, que la Generalitat tenía la intención de subastar 49 bienes inmobiliarios de la herencia Martell.
Esta herencia, conocida también como la del ‘garaje del Inglés’, constituyó una batalla personal para la ahora alcaldesa, cuando estaba en la oposición, razón por la cual, Amparo Marco se mostró especialmente satisfecha.
El mismo presidente ha reconocido: “ha sido una batalla larga en la que va a participar la alcaldesa en su vida anterior y por eso creo que es muy interesante que en su vida posterior participe en esta toma de decisiones”.
Compromisos con la ciudad de Castellón
En otro estado de costas, el presidente se comprometió a hacer realidad en esta legislatura tanto el ambulatorio del Raval Universitario Como el colegio Vicente Marzá, y las obras de saneamiento de la Marjalería.
En lo que respecta a la tercera edad y la Residencia de Lledó tanto a la alcaldesa como el presidente, manifestaron que se han iniciado los trabajos para la búsqueda de un solar adecuado, y se ha contemplado un espacio situado en Gran Vía.
