La sentencia no indica ni como ni cuando, ni si los usuarios pueden reclamar la devolución judicialmente o a través de plataformas
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia por la que anula que sean los ciudadanos los que deban pagar los gastos de mantenimiento de la Plataforma del almacén de gas Castor, a través de los recibos que emite Enagás. De esta forma, tumba de nuevo el acuerdo que repercutía durante un plazo de 30 años, los gastos del Castor sobre los usuarios de gas y que ya fue declarado inconstitucional. Los senadores de Compromis se han hecho eco de la sentencia y han recordado que el Gobierno debe devolver 18 millones de euros indebidamente cobrados en los recibos del gas, pero el tribunal no dice ni como ni cuando.
Castellón Información
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden IET/2445/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, declarándose la nulidad de la disposición adicional séptima y el Anexo II, apartado 4, letras e) y f), de la Orden impugnada, referidas a la instalación Castor.
Según fuentes del Poder Judicial, la sentencia es consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, de 21 de diciembre de 2017, que declaró inconstitucionales y nulos los artículos 4 a 6 del Real-Decreto Ley 13/2014, de medidas urgentes en el sector gasista, que, entre otros aspectos, recogió los derechos de cobro de Enagás Transporte durante el plazo de 30 años con cargo al sistema gasista tras hacerse cargo de la administración de las instalaciones de Castor.
Sentencia del Supremo
Según el mismo comunicado del Poder Judicial:
Las disposiciones de la Orden IET/2445/2014 referidas al pago por Castor, al estar sustentadas en los artículos declarados nulos por el TC, son ahora anuladas por el Supremo. “Habiendo sido declarado inconstitucional y nulo el citado artículo 6 del real decreto-ley 13/2014 –como también sus artículos 4 y 5-, fácilmente se concluye que aquellas determinaciones contenidas en la disposición adicional séptima y el Anexo II, apartado 4, letras e) y f), de la Orden IET/2445/2014 han quedado privadas de todo respaldo y deben, por tanto, ser declaradas nulas”, señala el Supremo.
Sobre la segunda parte del recurso CECOT, que pedía que se declarase la obligación de la Administración General del Estado de adoptar las medidas procedentes para obtener el reintegro de las cantidades que hubiese pagado al amparo de la Disposición adicional séptima de la Orden de 19 de diciembre de 2014, referida a los pagos a Enagás, el Supremo señala que una vez declarada la nulidad de esa disposición adicional no es cuestionable que la Administración deberá obrar en consecuencia para llevar a efecto ese pronunciamiento anulatorio “y, en su caso, adoptar las medidas procedentes para proceder al reintegro de las cantidades abonadas al amparo de la Orden que se declara nula”.
“Pero -añade--, siendo esa una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que hagamos un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar”.
¿Cuándo me devolverán el dinero de mis recibos?
Sin embargo, y pese a la sentencia, ni el Supremo ni el Gobierno se han pronunciado sobre el cómo y el cuándo se va a devolver este dinero cobrado indebidamente en los recibos. Fuentes de Compromis señalan que el Tribunal no se pronuncia sobre ello, porque no es de su competencia. La gran pregunta que se hacen los consumidores en estos momentos es: ¿Cuánto me tienen que devolver por lo que he pagado en mi recibo? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Tendré que reclamarlo de forma individual? y por supuesto... ¿Bajaran los recibos del gas una vez que se retire la aplicación de este impuesto ilegal... o Enagás seguirá cobrándolos?
Según Facua el coste no se repercute en los recibos desde enero
Asociaciones de Consumidores como Facua, han seguido el tema, tras la sentencia del Constitucional, y han recogido la sentencia del Supremo, al tiempo que señalan que la devolución de los 18 millones sigue en el aire, ya que "siendo la devolución de las cantidades "una consecuencia natural del fallo, no procede sin embargo que haga un pronunciamiento específico en el sentido que se propugna, que no dejaría de ser hipotético, pues en el curso del proceso no ha quedado debidamente acreditado que efectivamente se hayan realizado pagos ni, por tanto, las fechas y cuantías de los que se hayan podido realizar"..
Según publica Facua en su página web:
"En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros y que se abonó a la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años.
En su sentencia de diciembre de 2017, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
A finales del pasado mes de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) paralizó los pagos destinados a materializar el derecho de cobro por la deuda del almacén Castor, que está en manos de Banco Santander, Bankia y Caixabank, según consta en el informe de la liquidación provisional del sector gasista correspondiente al pasado mes de noviembre.
El regulador indicó así que, en aplicación de la sentencia del pasado mes de diciembre del Tribunal Constitucional, los titulares de estos derechos de cobro dejaban "de ser sujetos del sistema de liquidaciones".
Compromis pide la devolución de 18 millones cobrados por un decreto inconstitucional
Tras conocerse esta sentencia, y la devolución de los 18 millones de euros que se habrían cobrado con cargo a un decreto que posteriormente resultó anulado.
Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han pedido esta mañana “la asunción de responsabilidades” tras conocerse la Sentencia del Tribunal Supremo que establece que los consumidores no deben asumir los costes de mantenimiento de la planta, que llevan asumiendo desde su cierre en 2014 tras provocar movimientos sísmicos y que fue construida por Escal UGS (ACS).
Navarrete ha defendido que “desde Compromís llevamos mucho tiempo pidiendo el desmantelamiento de la planta. En el Senado ya exigimos recientemente su desmantelamiento y que se realizara una auditoría para conocer los derechos reales de la concesionaria ante una planta que no funcionaba correctamente para lo que fue diseñada, de manera que al margen de un más que probable erróneo diseño y construcción, se pudieron dar graves negligencias tanto al persistir en los trabajos de inyección del gas como al compensar de forma exprés y sin las auditorías suficientes a la empresa que desarrolló este fracasado proyecto energético, así como cargando en las facturas a los consumidores mantener en pie el mayor despropósito de la ingeniería española que ya debería estar desmantelado”.
Compromis dice que ya se lo advirtió a Sánchez
Además, ha recordado que “ya advertimos a Sánchez que tenía que reconducir la situación de esta planta ante este fiasco energético, al que Compromís siempre se ha opuesto y se invierta la tendencia del silencio oficial y tirar tierra por encima que hasta el momento ha existido con el almacén y atienda las peticiones de los grupos y de los parlamentos catalán y valenciano”.
Durante el periodo comprendido entre 2014 y 2018, los usuarios del gas han pagado una suma cercana a los 200 millones de euros por el mantenimiento de la planta. Por ahora la Sentencia ha establecido que el Estado debe devolver a los consumidores los costes de 2014 y 2015 por la ilegalidad del reglamento que creó y es previsible que esto ocurra hasta las últimas facturas del 2018 en miles de abonados al gas natural. “La Justicia por suerte está funcionando en esta materia y ha dado un duro revés a las retribuciones que marcó el Ministerio de Industria con José Manuel Soria a la cabeza, por lo que tanto PSOE como PP deberían hacer autocrítica y alguien debería dimitir, ya que son demasiados episodios penosos entorno a este fiasco energético en el que se hallan empastrados cargos de ambas formaciones”.
