Miguel Bataller. Ciudadano del mundo y jubilado.
Me siento muy satisfecho y honrado, de pertenecer a un grupo de amigos de Carcagente, la ciudad en la que crecí
y me eduqué hasta el final de mi adolescencia y a cuyas raíces quedé vinculado para siempre, hasta que Dios quiera.
Este grupo de unas dos docenas de hombres y mujeres, casi todos ya jubilados salvo honrosas excepciones, entre
los sesenta y los noventa años, tenemos la sana costumbre de reunirnos un día al mes, para comentar los temas de más candente actualidad.
Somos una “fauna heterogénea” en la que nos mezclamos profesionales de casi todas las actividades económicas, educativas, sanitarias, de Derecho Civil, Laboral y Penal, e incluso nos honramos con la presencia de una Magistrada, un Catedrático de Derecho Administrativo y ocasionalmente y en momentos determinados de un Embajador de España que tiene a bien orientarnos y trasmitirnos sus vivencias y previsiones de futuro e incluso experiencias del pasado cuando puede unirse a nosotros sin problemas.
No nos une ninguna ideología política y cada cual tiene su propia opinión, sobre cualquier tema que abordemos, por
lo que el propósito, es enriquecernos mutuamente con los conocimientos y experiencias de los demás componentes del grupo, que nació por generación espontanea hace ya más de diez años y va consolidándose con el paso del tiempo, como se consolida nuestra amistad y el buen ambiente que impera en cada reunión, alrededor de una comida sencilla, en la que lo que más nos gusta es el ambiente cordial del que disfrutamos durante unas pocas horas.
Para la reunión del último viernes de marzo, no nos habíamos marcado un tema determinado como solemos hacer cada vez, por lo tanto no había ningún ponente determinado ni tema a tratar.
Aunque en último término cerramos la reunión opinando sobre las próximas elecciones, antes se planteó un tema
que es el que quiero explicarles, porque nos preocupaba a casi todos y curiosamente se nos abrieron los ojos a los
“legos en temas legales y penales”.
Todo se inició cuando yo pedí que me contestaran, si alguien podía hacerlo de una manera comprensible y fácil
a la siguiente pregunta:
¿Por qué en nuestra Constitución, "nuestra ley de leyes", hay tantos españoles que incumplen sus preceptos constitucionales, los ignora y los vulneran y no se les priva de libertad automáticamente, después de reconvertirles y desoír a los tribunales?
Me respondieron argumentando, que una cosa es la la Ley y otra el Código Penal y que siempre se suelen
presentar como delitos, situaciones que pueden tener la consideración de ilegales o alegales, pero que no
por ello tienen condición de delictivas.
El amigo que me contestó me definió así el delito.
Culpa, crimen o quebrantamiento de la Ley por acción u omisión voluntaria castigada por la Ley con pena grave.
Y a continuación añadió algo evidente:
“Lo que me sorprende es que ahora se ha tipificado el delito de odio y curiosamente el Odio, ni es una acción
ni una omisión sino un sentimiento, por lo tanto ya tienes algo mas en lo que pensar”.
Automáticamente pensé que algo falla en nuestros sistemas legislativo, ejecutivo y judicial, cuando hay españoles que llevan burlándose de los preceptos constitucionales y de las Leyes más de 30 años y después de haberles reconvenido, mandado las sentencias correspondientes para que fuesen cumplidas y no haberlas cumplido, esos señores siguen campando a sus anchas en sus Reinos de Taifas (ahora llamados Comunidades Autónomas) sin haber pernoctado ni una sola noche en prisión.
¿Cómo es posible que los padres españoles no podamos exigir que nuestros hijos sean educados en la única lengua que es oficial en todo el suelo español, como es el castellano?
La “locura transitoria” o “trastorno obsesivo” de los Gobiernos de Pujol en su origen por “la inmersión lingüística en catalán” como paso previo obligatorio para la independencia, se muestra ahora como el cáncer del independentismo y esa enfermedad se ha convertido en epidémica en otros lugares como en las "Vascongadas" y Navarra, Galicia e incluso en las Baleares y en la Comunidad Valenciana, sin que nadie haya movido un dedo para que esas ilegalidades o alegalidades puedan ser juzgadas como delitos contra la unidad de España, mientras no se cambie nuestra Constitución por los cauces reglamentarios previstos en la misma.
Mi diagnóstico:
Nuestros gobernantes han prescindido hace muchos años de sentido común. Solo nos gobiernan pensando en sus intereses. A partir de ahí, cada cual que vote en conciencia.
Y eso lo suscribe un valenciano parlante desde que nació, que ama a su tierra, a su lengua, a su cultura valenciana y
a su Historia de la que se siente orgulloso, pero desprecia profundamente a los que quieren arrebatarme todo eso,
para convertirme en súbdito de unos "Països Catalans", que ni existieron, ni existen ni espero que existan nunca,
porque eso significaría el final de una Historia de España que en los últimos 500 años, nos ha hecho sentirnos
orgullosos a muchos españoles, con sus luces…y con sus sombras, porque todas ellas forman parte de nuestra Historia en común
Hasta la semana que viene amigos.
