El presidente de la Diputación pide que se revoquen el resto de los ceses y amenaza con convocar un Consejo Extraordinario
El Juzgado de lo Social ha declarado nulo uno de los despidos realizados por el Consorcio del Hospital Provincial y declara improcedente otros 7, y abre la puerta a la posibilidad de que esta nulidad se repita también en el resto de los otros trabajadores cesados el pasado 25 de octubre. Mientras el Consorcio busca una negociación con los trabajadores afectados, el presidente de la Diputación ha exigido a la consellera que revoque los despidos y amenaza con convocar un Consejo de Gobierno Extraordinario.
Esperanza Molina /Castellón Información
El Juzgado de lo Social ha estimado la primera de las demandas que se presentaron como consecuencia de los 17 despidos aprobados por la consellera de Sanidad el pasado 25 de octubre, y ha declarado nulo ‘el cese’ de la trabajadora, que deberá ser readmitida en su puesto de trabajo además de recibir las mensualidades salariales que dejó de cobrar desde que se le notificó que no seguiría ejerciendo sus labores profesionales.
Es la primera, pero todo hace indicar, que no será la única de las demandas estimadas por los trabajadores del centro.
La noticia ha sido comunicada esta mañana a los medios de comunicación por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, al término del pleno ordinario de la entidad: “ayer el juzgado número 2 de los Social de Castellón declaró nulo uno de los despidos del Hospital Provincial, precisamente uno de los que los representantes de la Diputación en el Consorcio votamos en contra, obligando al Consorcio Hospitalario a readmitir a la persona afectada y a pagarle todos los salarios desde que fue despedida. La sentencia habla de carencias en el informe del despido, de no justificación de por qué se deciden estos despidos e incluso se habla de indicio de represalias en la decisión tomada”.
El presidente Moliner ha agregado: “Hoy ha habido siete juicios más de siete trabajadores y, lo que es evidente es que esta primera sentencia marca una tendencia respecto de todos los casos judiciales, puesto que todos se fraguaron con un mismo informe, inexistente en el momento en que se tomó la decisión, y que abre la vía para que todos los despedidos puedan recuperar sus puestos de trabajo”, ha asegurado el presidente del Gobierno Provincial.
Javier Moliner se ha mostrado contundente a la hora de “exigir públicamente que se revoque el acuerdo del Consorcio del mes de octubre que supuso el despido de 17 profesionales del Hospital Provincial y que se readmita de inmediato a todos, tal y como ya ordenado la Justicia en este primer caso”.
Moliner ha sido tajante al afirmar: “En el caso de que la consellera no readmita inmediatamente la los trabajadores despedidos, los representantes de la Diputación en el Consorcio vamos a forzar un Consejo Extraordinario con un único punto en el orden del día, que será la revocación del acuerdo de los despidos del Hospital Provincial. Queremos frenar de una forma definitiva ese plan de la Conselleria de Sanidad de desmantelar el Hospital Provincial, que está dando pasos continuos en esa misma dirección y que comenzó prescindiendo de unos profesionales en base a un informe inexistente, un informe al que no tuvo acceso nadie, un informe que no pedía esos despidos y que solo era una tapadera para tomar un acuerdo que la Justicia les ha volcado”.
Las reacciones no se han hecho esperar. Otros siete trabajadores que iban a juicio hoy han pactado ya y han obtenido la declaración de 'Despido improcedente'. Fuentes del Provincial han confirmado, que la Dirección del Provincial ha contactado ya con esos siete trabajadores. ¿Quiere eso decir que se reconvocarán los despidos? ¿O que se abrirán vías intermedias de acuerdo entre los trabajadores, los sindicatos y el Consorcio?.
Contenido de la sentencia: contratos en fraude de Ley
La sentencia considera hechos probados, que un gran número de trabajadores del Hospital Provincial fueron contratados de forma temporal para cubrir unas necesidades que, en unos casos se especificaron y en otros no. Pero sobre todo, que llevaban años encadenando contratos temporales para lo que se considera una ocupación de tarea.
La denuncia de esta situación laboral fue realizada por los sindicatos y elevada la Tribunal Administrativo Laboral, que se pronunció en 2014 sobre la necesidad de regularizar la situación laboral del Hospital Provincial. Se entendía, que un trabajo que se venía desarrollando durante tantos años a través de contratos temporales, demostraba la necesidad de crear esas plazas porque eran necesarias.
En este sentido, la sentencia, en sus hechos probados y fundamentos, afectaría a todos los trabajadores despedidos del Provincial.
Amortizaciones y ceses no justificados
Como también lo es, al considerar como se desarrollaron los hechos, desde el momento en que los sindicatos habían pactado con la Conselleria la creación de plazas estructurales que cubrieran estas necesidades, en función de un Plan de Recursos Humanos y Necesidades, que se redactaría por un órgano independiente.
Pero lo fuerte del conflicto se desató a finales del mes de octubre. Como recoge el auto judicial, el 24 de octubre, la Conselleria presentó a los trabajadores un plan de hechos consumados que proponía la amortización de 40 plazas, la creación de 109 plazas estructurales y el despido de 17 trabajadores.
La propuesta se justificaba, según dijo la consellera, en base a Estudio de Recursos Humanos que se había contratado con la UJI. Pero no se aportó documentación, al respecto, ni se consultó con jefes de servicio, ni se negoció con los sindicatos.
Y la misma propuesta, y de la misma manera, fue llevada al Consejo de Gobierno del Consorcio Provincial del día 25 de octubre, donde, sin más explicación que lo ya indicado, y sobre un presunto informe que tampoco se facilitó a trabajadores ni miembros del Consejo, se aprobaron los despidos, que fueron definidos de ‘no renovación de contratos’; se amortizaron plazas en función de una supuesta no necesidad de las mismas, y se vendió a bombo y platillo la futura creación de las 109 plazas estructurales.
La propuesta de Conselleria se aprobó gracias al voto de calidad de la consellera. Con ella votaron al dirección del Consorcio, sus allegados de Conselleria y la alcaldesa de Castellón. En contra, los miembros del Consorcio de la Diputación Provincial.
Objetividad sin documentación
La consellera, Carmen Montón, indicó a los periodistas, que todo el proceso había sido objetivo y racional en base a un informe realizado por la UJI. Un informe que no fue facilitado con antelación, con la promesa de que sería colgado al día siguiente, a primera hora, en la web de transparencia. Pero pese a la promesa, al día siguiente, 26 de octubre, y al medio día, solo se publicó un documento de 7 folios, para justificar los despidos. Siete folios inconexos, basados sobre cálculos y procedimientos que no se adjuntaban en el documento, de un estudio por el que se habían pagado 16.000 euros
El informe completo al que aludía la consellera, tardó casi un mes en publicarse, y aún así, la misma Universidad se desentendió de su contenido.
El informe de la IJI es contradictorio e inexacto
Este dato es importante para el Tribunal de lo Social, que considera que el Informe UJI es contradictorio, no está fechado en su redacción ni en su entrega a la Conselleria, resulta inexacto en unos puntos, falta de explicaciones en otros, y con datos que se contraponen entre si en sus diferentes apartados.
Por todo ello, el Tribunal entiende, que los despidos y las amortizaciones no estaban justificados. No existía informe objetivo que diera soporte legal a este proceder.
En el caso de la trabajadora, que ahora deberá ser readmitida, se considera hecho probado la documentación aportada en cuanto a que esta persona aprobó la oposición para su puesto, aunque no tuvo acceso en propiedad a la plaza, al ser superada en nota por otros opositores. Dado que el número de profesionales óptimo para integrar el departamento estaba cuantificado en cinco, esta persona realizó la misma función entre el 2010 y en 2016, seleccionada de la Bolsa de Empleo.
Pero todavía va más lejos. El Tribunal estima también que pudo haber habido ‘represalias’ contra ella, como puede haberlas contra otros de los despedidos, ya que esta trabajadora había demandado unos días antes al Consorcio, sobre la situación de su plaza de trabajo por el encadenamiento de contratos y el veredicto del Tribunal Administrativo. Curiosamente, su puesto de trabajo, que hasta unos días antes había sido de calificado como ‘estructural’ y necesario, dejó de serlo a raíz de la demanda interpuesta.
Analizados todos los puntos que el Tribunal desgrana uno a uno, la conclusión es clara: Se declara nula el despido de esta profesional y se condena a la empresa a readmitir a la trabajadora “en iguales condiciones, con los salarios dejados de percibir hasta la sentencia”
Cabe recordar, sin embargo, que la sentencia no es firme y puede ser recurrida, sin embargo, y como ya se ha apuntado anteriormente, la declaración de los otros 7 despidos improcedentes, ponen a la Dirección del Consorcio y a la Conselleria en una situación delicada, por no hablar de las indemnizaciones que se tendrán que pagar por las 'improcedencias' que tendrán que salir de los impuestos públicos.
