Castellón Información
El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV) lleva meses trabajando en diversos procedimientos judiciales dentro de su lucha en defensa de la profesión y de la salud de los ciudadanos. De hecho, en estos momentos tiene abiertas 10 actuaciones en diversos juzgados entre Castellón, Valencia y Alicante. En concreto, hay casos en Vinaroz, Nules, Vila-real, Castellón, y Elche.
El ICOFCV se ha personado en varias diligencias contra pseudo-profesionales y/o centros que ofertaban y desarrollaban actividades propias del fisioterapeuta sin serlo, incurriendo también en publicidad engañosa y poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. Estas actuaciones han supuesto además un apoyo claro a los atestados presentados en los diversos casos tanto por la Policía de la Generalitat como por la Guardia Civil.
Aunque se han conseguido algunos logros en determinados casos, el asesor jurídico del ICOFCV subraya que la lucha está siendo ardua porque tanto la fiscalía como los jueces tienen una idea preconcebida del concepto de intrusismo, el cual ven desde una perspectiva únicamente de defensa de los intereses corporativos de una profesión, ante lo que son reticentes, lo que conlleva que se estén archivando los expedientes.
“Desde el punto de vista del profesional puede parecer que está muy claro cuando un pseudo-profesional está usurpando funciones que no le son propias e incurriendo en intrusismo. Sin embargo, la realidad es que ante el juez y el fiscal la sola denuncia no está funcionando, la tendencia generalizada que estamos viviendo es el archivo”, subraya el asesor jurídico, Santiago Sevilla.
Ante ello, el Colegio ha recurrido los casos archivados y sigue trabajando para reforzar las pruebas que les permita acreditar que las acciones denunciadas son un trabajo propio de los fisioterapeutas ante jueces y fiscales y que la ejecución de estas por personas no capacitadas para ello, puede acarrear problemas de salud para la sociedad. “Este nuevo enfoque es clave, nos beneficia a todos. Es costoso pero es necesario si queremos conseguir resultados hacerles ver que no estamos defendiendo sólo la profesión, que es fundamental actuar judicialmente para garantizar, a través de verdaderos profesionales, que al ciudadano le llega una atención sanitaria en condiciones, de calidad”.
