En total, 6.690 personas usuarias de centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro se benefician de esta modalidad
Castellón Información
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha ampliado 240 nuevas plazas en régimen de concierto social para centros de personas con diversidad funcional que se suman a las 6.690 plazas concertadas a principios de este año con esta nueva fórmula de la Conselleria.
Asó lo ha señalado la directora general de Diversidad Funcional y Salud Mental, Elena Albert, quien ha explicado que se trata de "una nueva adjudicación de plazas" a centros gestionados por entidades de iniciativa social que desde hace dos años "optan a esta nueva modalidad para la prestación de servicios sociales especializados en el ámbito de la Comunitat Valenciana".
De esta manera y teniendo en cuenta las necesidades de atención social, la población que actualmente se encuentra siendo atendida y la demanda de plazas de nueva creación en determinadas áreas geográficas, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "ha decidido ampliar la red de recursos con 240 nuevas plazas de diversidad funcional con un coste para este año de 153.268 euros" ha señalado la directora general.
Respecto al número de plazas y tipología de servicios ampliados se detalla que para personas con diversidad funcional se conciertan 193 plazas en centros de atención temprana a niños y niñas de 0 a 6 años; 22 en centros ocupacionales para la integración socio-laboral; 14 plazas en centros de día; 4 en centros residenciales y 7 plazas en viviendas tuteladas.
En total, 6.690 personas usuarias de centros gestionados por entidades sin ánimo de lucro destinados a personas con diversidad funcional se benefician de la modalidad de acción social concertada.
La directora general ha recordado que la modalidad de la acción concertada de plazas implantada por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "sustituye al modelo de subvención anteriormente establecido".
El objetivo de esta medida, ha recordado Elena Albert, es "reordenar y regular el sector, garantizar el control y la estabilidad de los centros y de las entidades y, sobre todo, asegurar la calidad en el servicio que se presta a las personas y a sus familias". Además, con la acción concertada se garantiza también la transparencia, la publicidad y la eficiencia para el interés público.