David Muñoz. Abogado-Urbanista
En mis largos años de profesión en el mundo jurídico, una de las cosas más importantes que he aprendido es que siempre es más fácil cumplir un acuerdo, en el que eres tu quien cedes en tus intereses voluntariamente, que verse forzado a obedecer la imposición de un tercero, el Juez.
Es por ello que, cuando uno se ve abocado a tomar la decisión de acudir a los Tribunales de Justicia, no puede dejar de invadirle una sensación de fracaso que deviene de la imposibilidad de haber podido conciliar con la contraparte y, pese a saberse que esta uno cargado de razones para solicitar la tutela judicial, se precia mejor el “mal acuerdo que el buen pleito” en esa sensación de éxito que produce el acercamiento de posturas y la pacificación entre partes, no sin un arduo trabajo de fondo.
Así las cosas, cabe resaltar pues que la decisión de impugnar ante los Tribunales, el Plan General de Ordenación Urbana de Castellón, no ha sido fácil ni tampoco tomada “a la ligera”. Décadas de reclamaciones entre las partes, de actuaciones conjuntas o individuales, de desarrollo urbanístico permitido y, en multitud de ocasiones, facilitado y bendecido por el Ayuntamiento de Castellón, conducen a pensar que la vía de la negociación y el acuerdo entre partes era la más adecuada, sincera y correcta para dar solución a la situación de los marjaleros.
Que nadie se lleve a engaño, no ha reinado en el ánimo de los marjaleros acudir al Juzgado en ningún momento. Tampoco generar una situación de abuso o descontrol, anarquía urbanística o ilegalidad, sino todo lo contrario. Es “de primero de urbanismo” que los instrumentos que nos da la normativa de ordenación del territorio permiten, con imaginación y astucia, en el marco de la legalidad, facilitar entornos que posibiliten aquello que los vecinos de la marjalería necesiten, sin dañar o perjudicar al medio ambiente.
La visión contrapuesta urbanismo frente a medio ambiente es absolutamente caduca, y responde al modelo ya pasado de la burbuja inmobiliaria. No es momento de especulación urbanística, ni cabe ni procede. Es momento de resolver situaciones injustas, propiciadas en multitud de ocasiones por el poder político, con la condescendencia de las Administraciones Públicas, y de las que el perjudicado es el de siempre, el ciudadano.
Los vecinos de la marjalería están cargados de razones para acudir a los Tribunales, y “se gane o se pierda”, responde a un derecho propio adquirido con los años en los que se ha prometido mucho, y se ha cumplido nada. En este sentido, otro de los aprendizajes del ejercicio de la profesión es que siempre se tiene la sensación de haber perdido algo, ya sea por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, o simplemente, por haber perdido el tiempo aun ganando el pleito, ya que sabemos que estos procesos son lentos y costosos.
Y todo parte de la mentalidad de que son los vecinos de la marjalería los únicos responsables de su situación actual, como si el Ayuntamiento de Castellón no tuviese nada que ver con la multitud de intervenciones urbanísticas que se han llevado a cabo en la zona implantando servicios urbanísticos, e incluso acudiendo a fondos FEDER para implementar desarrollos de este tipo.
Cuando la administración municipal, competente en materia urbanística, ha estado actuando como lo ha hecho el Ayuntamiento de Castellón, y sus distintos equipos de gobierno municipal, el amparo normativo de la llamada confianza legítima, es marco legal más que suficiente para considerar que ha sido ésta quien ha otorgado dicha confianza al vecino de que podía residir en la marjalería. Si a esto añadimos que siendo competente en disciplina urbanística, durante años la residencia ha sido pacífica y sin intervención alguna o con algunas muy puntuales, no se puede afirmar que el Ayuntamiento esta eximido de toda culpa.
En definitiva, se puede decir que, cargados de razonamientos y fundamentos de fondo, y tras intentar más de un año una negociación con el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento cuyo devenir diario parecía más un partido de frontón que una verdadera negociación, la decisión responde a un “hasta aquí hemos llegado”, cansados de promesas electorales incumplidas, decisiones administrativas incoherentes, inseguridad jurídica absoluta y trato humillante.
Dicho todo esto, cabe añadir que, hasta la aprobación definitiva del PGOU de Castellón, el Equipo de Gobierno tiene la oportunidad de ahorrarse el desgaste de un procedimiento judicial y tener que cumplir, previsiblemente, con la imposición judicial en forma de Sentencia. Es posible, y viable, el recorrido y las soluciones planteadas por los vecinos de la marjalería, conciliando la edificación y urbanización existente con la protección del medio ambiente, y solo requiere un acto de generosidad, humildad y consideración hacia la ciudad de Castellón, cualquier otro camino es más costoso para los ciudadanos y se resolverá con la imposición que venga de la futura Sentencia.
