Martí pide no quemar etapas, pero admite que es posible que haya de presentar un frente común para evitarlo
Diputaciones y ayuntamientos de todos los colores están preocupados por la existencia de un preacuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la directiva de la FEMP, que permitiría al Gobierno ‘incautarse’ de los remanentes o ahorros de las instituciones locales. De momento, el preacuerdo no ha sido aprobado, pero Martí reconoce que preocupa tanto a los ayuntamientos del PP como del PSOE, y no descarta hacer un frente común para intentar evitarlo.
Esperanza Molina/Castellón Información
¿Qué le parecería a los vecinos de un edificio si la comunidad aprobara un acuerdo para quedarse con los ahorros particulares de todos ellos y condicionara qué deben hacer con su dinero? Algo parecido es lo que se estaría tramando entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Así lo explicaba Vicent Sales en el pleno de la Diputación cuando, en el apartado de ruegos y preguntas pedía al presidente de la Diputación, José Martí, que se pronunciara al respecto y declarara cual es el posicionamiento de la corporación provincial.
“El preacuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la gestión del superávit de los ayuntamientos que permitiría movilizar hasta 5.000 millones de euros en dos años, recoge que las entidades locales constituirían voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de su remanente de tesorería.
Además de este importe, Hacienda realizaría un ingreso no financiero entre 2020 y 2021 que, como mínimo representara el 35% de los fondos aportados.
Esta propuesta del Gobierno de incautarse los remanentes y los superávits de los ayuntamientos y las diputaciones, entendemos que es un chantaje inaceptable y que las corporaciones locales no pueden consentir que se les estrangule financieramente.
Lo que pretende el Gobierno no es otra cosa que quitarles los dineros a los ayuntamientos, hacerles una suerte de préstamos y decirles dónde deben invertirlos como si fueran menores de edad, lo cual menoscaba su capacidad de decisión y la autonomía local.
Por eso le preguntamos, señor presidente, ¿Cuál es el posicionamiento de esta institución ante la propuesta del Gobierno de incautarse de los remanentes de ayuntamientos y diputaciones?"
Martí no quiso pronunciarse abiertamente, ya que “no hay que quemar etapas precipitadamente cuando el principio no ha sido aprobado todavía…” pero reconoció que existe la misma preocupación entre los alcaldes del PP como los del PSOE.
Según manifestaba Sales, y reconoció Martí, no se trata de una decisión tomada, pero si existe un preacuerdo al respecto, que habrían cerrado ya Hacienda y la Directiva de la FEMP, y que necesitaría ahora de la aprobación del Comité Ejecutivo de esta federación de ayuntamientos.
El tema, que tanto preocupa, parte de la base de la famosa Ley Montoro, que se aprobó con la pretensión de poder sanear las instituciones y reducir su excesivo endeudamiento.
La Ley establecía, entre otras cosas, que las instituciones locales no pudieran disponer libremente de los remanentes de años anteriores (el dinero ahorrado o procedente de los proyectos no ejecutados). De esta manera, ese dinero solo podría destinarse a reducir la deuda de la institución con las entidades bancarias, o a desarrollar ‘inversiones financieramente sostenibles’. Este tipo de inversiones de pequeño o mediano volumen debería desarrollarse en un plazo limitado de tiempo para la mejora de los servicios o infraestructuras locales.
El objetivo fundamental de aquella Ley, insistía Sales, era reducir la deuda y evitar los macro endeudamientos que ponían en peligro la estabilidad presupuestaria de las instituciones locales, hasta el punto de poner en peligro toda su contabilidad.
Y la cosa funcionó, porque la mayor parte de estas entidades locales lograron sanear sus cuentas. Pero la ley se quedó ahí. No se tocó ni se modificó en Gobiernos posteriores para adaptarla.
La nueva realidad es que ayuntamientos y diputaciones, saneados, no pueden disponer de esos ahorros para cubrir las necesidades más inmediatas, o hacer frente al pago de gastos corrientes, que suelen estrangular sus finanzas.
Se dan circunstancias como la que atraviesa la Diputación Provincial de Castellón, con más de 30 millones de remanentes en el banco y sin deuda que pagar, porque no la tiene, que no puede hacer uso de estos fondos para hacer frente a las necesidades de los municipios de la provincia durante la crisis del Covid.
Más aún, si una de estas instituciones planifica inversiones con estos fondos, puede ser penalizado por el Ministerio que podría llegar a hacerse con el control de sus fondos y presupuestos.
Pasada la crisis económica provocada por la burbuja inmobiliaria, y saneadas las cuentas, ayuntamientos y diputaciones de todos los colores han reclamado de forma reiterada desde 2012 la retirada de esta normativa que dejó de tener sentido hace años. En estos momentos, las entidades locales han generado remanentes por valor de 5.000 millones de euros.
Y esa es la cantidad a la que aspiraría ahora el Gobierno de Sánchez, cuyo propósito es encontrar la formula para poder manejar estos fondos que legítimamente pertenecen a ayuntamientos y diputaciones, manifestaba Sales.
Cabe señalar, que esta medida no gusta a los alcaldes de ningún signo político. Los ayuntamientos, lejos de ser reconocidos en su mayoría de edad, estarán más intervenidos que nunca.
Hay instituciones, como el Ayuntamiento de Castellón, que aprobaba una modificación de crédito para destinar los remanentes del 2019 al pago de su deuda, que ahora se sitúa en torno al 17%. Como comentaron ya miembros del Acuerdo de Fadrell (Podem y Compromís) durante el pleno en que se aprobó esta modificación, no era una mala fórmula para evitar que el gobierno se quedara con estos fondos de la ciudad.
Ahora, el preacuerdo entre Hacienda y la dirección de la FEMP ha vuelto a poner en candelero la medida y las instituciones locales le han vuelto a ver las orejas al lobo. Alcaldes de diferentes municipios de España ya han puesto el grito en el cielo.
De ahí la pregunta de Sales durante el pleno de Diputación, a la que Martí contestó textualmente que “la preocupación de los alcaldes del PP es también la preocupación de los alcaldes del grupo socialista”. Martí prefiere no tensar las cosas antes de tiempo y esperar un tiempo prudencial antes de pronunciarse, “pero efectivamente, la preocupación es común y también en su momento intentaremos, como hemos hecho muchas veces, dar una respuesta conjunta de todos los grupos aquí representados”.
