Moliner pide cambios en el Consejo de Gobierno y el Consorcio dice que solo están afectadas las 109 plazas creadas
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón ha declarado nulo el acuerdo tomado el 25 de octubre de 2016 por el que se aprobaban los despidos de 23 trabajadores y la amortización de otras plazas de trabajo del Hospital Provincial de Castellón. La sentencia obliga al Consorcio a recontratar a los trabajadores despedidos y a volver a poner en servicio las plazas que amortizó. Tras conocer la resolución, Javier Moliner ha pedido el cese de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, al frente del Consejo de Gobierno del consorcio. Por su parte, el Consorcio estima que solo se paraliza la creación de las 109 plazas.
Esperanza Molina/Castellón Información
Caos, desconcierto y muchas preguntas sobre la mesa. Esto es lo que ha quedado tras conocerse que el Juzgado Contencioso Administrativo ha anulado el Acuerdo que adoptó el 25 de octubre de 2016 el Consejo de Gobierno del Hospital Provincial, con los votos de la consellera de Sanidad y sus representantes, frente a la oposición del otro 50% del consorcio representado por la Diputación.
Aquel acuerdo, el punto 10 del orden del día del Consejo, contemplaba la modificación de la plantilla del centro hospitalario. La propuesta presentada por la Conselleria contemplaba la "creación de 109 plazas estructurales", pero también, la amortización de numeramos puestos de trabajo y el despido de 17 trabajadores, la mayor parte de los cuales, habían encadenado contratos temporales durante los años anteriores.
Según manifestó la consellera Carmen Montón, aquella propuesta llegaba de la mano de un Plan de Recursos Humanos que había elaborado la Universidad Jaume I, por encargo del Hospital Provincial.
Si embargo las cosas no fueron ni tan blancas ni tan claras. Para empezar, porque aunque la Mesa de Negociación se reunió el día anterior, los trabajadores y sus representantes no dispusieron en ningún momento de la documentación que justificaba esta medida. Además, los miembros del Consorcio que tenían que votar la propuesta, tampoco la tenían. No había documento alguno que respaldara aquella modificación de plantilla, por lo que el voto se realizaba como un acto de fe en base a un documento desconocido, con la promesa de la Consellera, de que estaría colgado en la web de transparencia del Provincial al día siguiente...
Con los trabajadores en contra, y los representantes del Consorcio que pertenecían a Diputación enfrentado, el acuerdo se adoptó gracias al voto de calidad de al consellera de Sanidad.
Por cierto, lo único que se colgó al día siguiente en la web fue un 'documento' de 7 folios, que no justificaba la decisión adoptada. El documento de Recursos Humanos del que tanto se había presumido, fue publicado casi un mes después, y la misma Universidad rechazó que las propuesta y sugerencias que contenía hubieran sido avaladas por la isntitución.
La sentencia que hoy se ha hecho pública, está fechada en 30 de mayo del presente año. Durante su razonamiento, señala que se ha incumplido el derecho de los funcionarios públicos a la negociación, que se expresa a través de la Mesa de Negociación colectiva. Y esto fue así, indica también, porque la Conselleria tenía una decisión premeditada en su actuación. La Conselleria no tuvo nunca intención e negociar con los trabajadores porque ni les facilitó información para que pudieran defender sus derechos y, es más, había comenzado a enviar las cartas de despedido aún antes de sentarse en la Mesa de Negociación con los representantes Sindicales.
Con todos estor argumentos, el Tribunal no entra en ningún momento en el fondo del asunto en lo que se refiere al funcionamiento del Hospital Provincial, pero si en las formas y los procedimientos, que considera nulos.
De la misma forma, establece que la sentencia no es recurrible y carga las costas del proceso a la Conselleria de Sanidad.
Todo esto se ha dado a conocer esta mañana en Diputación Provincial, donde el presidente Javier Moliner, ha vuelto a acusar a la consellera Carmen Montón, de haber trazado un plan para desmantelar el Historial Provincial. "no nos sentimos especialmente satisfechos con esta sentencia que nos da la razón", afirmaba Moliner, y esto es así, porque la sentencia lo único que demuestra son las injusticias cometidas, a sabiendas de que lo eran, y el gran problema en el que se encuentra ahora el Hospital Provincial e Castellón que, hasta la llegada de Montón era un centro de referencia sanitaria.
El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha ofrecido la rueda de prensa, acompañado por las disputadas Elena Ruiz vicente, que firmó la denuncia que ha dado lugar a esta sentencia, y Nieves Martínez, que tiene como delegación la sanidad y el Hospital Provincial.
Moliner: "Esta sentencia la gana Castellón"
Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha asegurado que “esta sentencia no la gana la Diputación de Castellón, esta sentencia la gana Castellón. Hoy Castellón gana el que los jueces hayan frenado el intento de desmantelamiento del Hospital Provincial que la consellera Montón inició y la han obligado a retrotraerse al inicio de este mandato, antes de que se tomara ninguna de estas decisiones”.
Para Moliner, esta resolución judicial marca “un punto de partida que, necesariamente, tiene que contemplarse como una oportunidad para corregir los errores e iniciar un camino distinto al que se emprendió en aquel momento. Un punto de partida al que volvemos y que debe aprovecharse por la Generalitat Valenciana para cambiar el rumbo. Debe entender que la política errática de intentar desmontar el Hospital Provincia con una política que perjudica seriamente a los castellonenses y que todas las administraciones debemos estar precisamente al servicio de hacer lo mejor posible porque tengan la mejor calidad de servicios públicos los ciudadanos”.
Javier Moliner ha asegurado que, con esta sentencia, la Justicia certifica que “la consellera ha ido ha ido en contra tanto de la calidad del servicio sanitario que reciben los castellonenses, como de la legalidad”.
Enderezar el rumbo del Hospital al servicio de los castellonenses
En cuanto a la continuidad de la consellera Montón al frente del Consorcio Hospitalario Provincial, Moliner ha indicado que “precisamente este punto de partida debe servir además para que quien ha liderado el rumbo de esta política errática de los últimos dos años no aguante ni un minuto más al frente de este consorcio”.
Así, el presidente ha señalado que “la Generalitat debe tomar medidas en el sentido de aprovechar esta oportunidad para, de la mano de la Diputación, que una vez más se ofrece para colaborar de forma leal, al frente del consorcio haya alguien con otros intereses y otros objetivos que pueda compartidos con la sociedad castellonense desde la tranquilidad de saber que estamos tomando las decisiones buscando lo mejor para los ciudadanos”.
De la consellera ha asegurado que “ha demostrado sobradamente, con los innumerables reveses judiciales que ha recibido, que todas sus decisiones han ido no solo en contra de la calidad del servicio sino también contra la legalidad. Por ello no tiene que estar ni un minuto más al frente del Consorcio, ni un minuto más al frente de esas responsabilidades para poder volver a enderezar el rumbo del Hospital, recuperar el tiempo perdido e intentar restablecer las condiciones de calidad asistencial que los ciudadanos requieren”.
Falta de transparencia y deslealtad para desmantelar el Hospital
En su intervención, el presidente provincial ha hecho especial hincapié en que la sentencia constata la falta de transparencia con la que se actuó por parte de la Generalitat. Así, indica el documento textualmente que “se puede concluir sin mucho esfuerzo, que no ha existido dicha negociación colectiva, que tampoco se ha facilitado la documentación en la que se basa esa medida y que se constata la poca voluntad negociadora de la demandada, quien tenía preconcebido lo que iba a realizar”.
Es por ello que Moliner ha indicado que “con una absoluta falta de transparencia se tomó un acuerdo que se sabía que no se podía tomar y que iba en la dirección de mermar la calidad del servicio sanitario de los ciudadanos de Castellón. La sentencia confirma, como dije en aquélla ocasión, que la acción tomada era preconcebida y con la idea que reafirma de que esos despidos suponían, como se ha demostrado después, el inicio del desmantelamiento de la calidad asistencial que el Provincial prestaba”.
En ese sentido, el presidente Moliner ha asegurado que “no es plato de buen gusto acudir a la justicia para hace valer la capacidad de los consejeros en un consorcio a la hora de emitir sus opiniones. La conselleria tiene el 50% de los votos y la Diputación el 50%. Y la actitud que se ha tenido es la de quien pretende imponer desde la deslealtad absoluta una forma de actuar que la Justicia les dice una vez más que es contraria a derecho”.
Por otra parte, el Consorcio Hospitalario que dirige Javier Sanchís, o ha entendido lo mismo que la diputación sobre la sentencia formulada.
Según el comunicado remitido desde el Hospital Provincial:
La dirección del Provincial manifiesta que el acuerdo declarado nulo hace referencia expresa a la creación de 109 plazas y no alude a despidos
La dirección del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló ha manifestado hoy que el acuerdo que ha sido declarado nulo por el juzgado número 1 de lo contencioso-administrativo de Castelló “hace referencia expresa a la creación de 109 nuevas plazas estructurales y no alude a despidos”.
Las mismas fuentes han recordado hoy, frente a interpretaciones interesadas que se puedan hacer, que “el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno del Consorcio en octubre de 2016 no contempla despidos, sino que recoge la creación de 109 nuevas plazas estructurales y la amortización de plazas que se encontraban vacantes desde hacía tiempo y que por ley no se podían cubrir al ser de naturaleza funcionarial”.
No obstante, los servicios jurídicos del Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló han presentado hoy un escrito con el fin de plantear un recurso al entender que la sentencia se puede recurrir en virtud del artículo 81 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Cabe recordar, añade el comunicado, que con la creación de estas nuevas plazas, la actual dirección del centro emprendió un proceso de regularización cumpliendo así con el mandato del Tribunal de Arbitarje Laboral (TAL) que exigió en 2014 una solución a los 124 contratos en fraude de ley. “Por tanto, la creación de estas plazas es una clara apuesta por la estabilidad laboral y ha solucionado, por fin, la situación de los contratos irregulares en fraude de ley que se mantenían en el Hospital desde hace años”, ha destacado hoy la dirección del Consorci.
“Es incomprensible- añade- que se hable de desmantelamiento cuando se ha realizado un esfuerzo por resolver irregularidades en contratación laboral y de servicios que se arrastraban durante años sin que se les diera una solución”, han añadido las mismas fuentes.
Precisamente, manifiesta, el objetivo de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha sido “sacar de la opacidad, de la irregularidad y del aislamiento respecto a la red pública el funcionamiento del hospital” y, para ello, se han llevado a cabo múltiples acciones que demuestran la “firme apuesta de este gobierno por el fortalecimiento de la sanidad pública como es el incremento de la partida presupuestaria destinada a sanidad”.
Gracias a este compromiso, indica el comunicado, se ha emprendido un ambicioso plan de dignificación de la sanidad que, además de contemplar las reformas de los espacios, ha incluido la adquisición de equipamiento tecnológico para renovar la obsolescencia heredada, con lo que la asistencia sanitaria que reciben los castellonenses ha mejorado notablemente, ha concluido la dirección.
¿Y ahora qué?
Lejos de las declaraciones de las dos partes, la pregunta que se hacen muchas de los trabajadores del Hospital provincial está clara: ¿Y ahora qué?
Y es que, si el acuerdo del 25 de octubre de 2016 es nulo, lo son también todas las decisiones adoptadas en función de aquel acuerdo. Rícese: las 109 plazas estructurales, los despidos, la amortización de plazas, las indemnizaciones pactadas, y todo cuanto tenga que ver con la anulación de un acuerdo que ya es papel mojado.
Se sabe que hay trabajadores que fueron indemnizados y ahora trabajan en otros lugares... los hay que podrán solicitar la devolución de sus puestos de trabajo y, de paso, todo lo que dejaron de cobrar en función de un debido nulo, con su correspondiente Seguridad Social...
El caos y las incógnitas se suceden. de momento se espera a la consellera el miércoles para presentar su Plan de Funcionamiento oncológico, al tiempo que el Consejo de Gobierno también tiene prevista una reunión el viernes.
